|
Narcotráfico y estado de derecho
La definición más radical del estado de derecho —considerado históricamente como el imperio de la ley— gravita sobre la defensa de la seguridad y la libertad de los ciudadanos. Cuando esa doble norma no se cumple, el estado de derecho carece de legitimidades esenciales y básicas. Hecha esa aclaración, parece poco discutible que el estado de derecho en México no ha podido garantizar, hace ya tiempo, ni la plena seguridad ni la plena libertad de los ciudadanos. Acaso por ello sea necesario regresar a una lectura alertadora: el documento, del que he hablado en otras ocasiones pero que es actual, publicado por el Senado francés (Les rapports du Sénat, No. 309, titulado Le Mexique de l’an 2000) y avalado por la Commission des Affaires Étrangeres, de la Defense et des Forces Armées, es decir, Comisión de Asuntos Exteriores, Defensa y Fuerzas Armadas. El documento advertía entonces “que el principal factor de violencia, de corrupción y de tensiones que tienen que afrontar hoy (se refería, como se ve, al México del año 2000) los dirigentes mexicanos reside, sin duda, en la importancia creciente del narcotráfico. México constituye a la vez un importante productor —netamente el primer productor de mariguana del continente— y el primer país de tránsito de estupefacientes hacia Estados Unidos que proceden de Asia (heroína) o, sobre todo, de América del Sur (cocaína). Se estima, además, que desde hace algunos años las organizaciones criminales mexicanas han reemplazado a los cárteles colombianos en EU colocando en plaza sus propias estructuras verticales desde las zonas de producción en Sudamérica hasta las filiales de distribución en EU. El funcionamiento del Tratado de Libre Comercio ha permitido a los traficantes mexicanos consolidar sus posiciones en EU, en tanto que México se convertía en una de las plazas mundiales del lavado (blanchiment) de dinero y de los narcoinversionistas. El tráfico de drogas podría generar, según ciertas estimaciones, recursos equivalentes a 9% del PIB mexicano”, página 37. En el año 2000 el PIB de México se evaluó en 581 mil 129 millones de dólares, y en 2006 en 881 mil 864 millones (corrientes). Es inútil decir que 9% es una magnitud enorme. En la misma página 37 del documento se añade: “De cara a una situación tan grave, las autoridades mexicanas tienen como evidencia la dificultad de dotarse medios de lucha eficaces en razón de la corrupción que implica, naturalmente, el desarrollo del narcotráfico… El objetivo (reformar el modelo de la lucha antidroga sobre el modelo estadounidense) es difícil de conseguir a causa de la corrupción derivada de un narcotráfico que toca al aparato de Estado mismo y que, según declaraciones del propio ministro de Justicia, dirige ‘ríos de oro’ para corromper a jueces y policías”. El Observatoire Géopolitique des Drogues coloca a México entre los “narcoestados”. Define el narcoétat al país en el que “el Estado o una parte del aparato de Estado está implicado en el tráfico y/o utiliza los beneficios de tráfico”. Transparencia Internacional en su Informe Global Corruption Report 2007 —datos de 2006— Corruption in Judicial Systems, al evaluar a México (desde la página 225) comienza así: “La peor consecuencia de la corrupción en México es el alto nivel de impunidad, ampliamente (largely) generado y soportado por los varios actores del sistema judicial: policía, fiscales, jueces y oficiales de prisión…”. Aunque toda generalización implica errores (“toda exageración es insignificante” dijo Talleyrand) no cabe duda de que el estado de derecho vincula, inseparables, normas de conducta éticas y normas de competencia. Éstas confieren poder. Dijérase que en México se ha preferido, en las más de las veces, lo segundo que lo primero. Se paga. alponte@prodigy.net.mx
|
