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La guerra y la paz
Recién ha circulado el libro de Eric Hobsbawm Guerra y paz en el siglo XXI. Es un conjunto de escritos que miran las avasalladoras patologías de la violencia pública, el terrorismo y la xenofobia, con el trasfondo de las disparidades sociales y los proyectos imperiales. La vaciedad de la democracia liberal y el falso paraíso de la economía de mercado. Llegué con esas reflexiones a Guatemala para asistir a la toma de posesión de Álvaro Colom. Pensaba en los márgenes de acción de que disponen los gobiernos progresistas para modificar las condiciones de vida de sus pueblos y en los enormes sufrimientos que esa nación padeció en un sangriento enfrentamiento interno. Alcanzaron la paz civil pero la guerra social permanece incólume. Por eso afirmó: “Siento la historia sobre mi espalda”. Recordó los saldos de 50 años de extravío político y ofreció al menos “escoger con certeza y servir con humildad”. Anunció una “definitiva prioridad para el que menos tiene”. Dijo —en expresión que a los mexicanos nos suena familiar— “hoy empieza el privilegio de los pobres; estoy convencido de que así vamos a tener más todos”. En remembranza de la guerra sucia que la oligarquía le recetó a lo largo de su campaña, afirmó: “Ahora ya no se mata con bala; ahora se descalifica, ahora se difama, ahora se miente”. No pocos volvimos a sentir los impactos de los esbirros del spot y los sicarios de la pluma. Llamó a la conciliación nacional y propuso que la política social fuera “el principal instrumento para la armonía y la unidad del país”. Entre la abigarrada concurrencia de dirigentes políticos la atención se desvió hacia el conflicto armado de Colombia. El presidente de Venezuela había lanzado días antes la iniciativa de reconocer a las FARC como “parte beligerante”. El vocero colombiano respondió que “por ningún motivo aceptarían que a esos grupos se les levante el calificativo de terroristas y se les dé estatus de beligerantes”. La reacción del secretario general de la OEA fue más cauta, aunque con semejante contenido. Pude hablar más tarde tanto con Hugo Chávez como con José Miguel Insulza. Opiné que la propuesta va en un sentido correcto, ya que supone la aceptación formal de que “es una guerra y hay dos contendientes”; “que las FARC son un ejército y una realidad política”. También es cierto que “si se les aceptara como beligerantes se activarían las disposiciones del Convenio III de la Convención de Ginebra que prohíbe la toma de rehenes que no participen en el conflicto”. Expliqué que la Cancillería mexicana cabildeó en 1981 un estatuto semejante para los guerrilleros de El Salvador, pero que el gobierno francés estimó imposible una resolución positiva de Naciones Unidas en ausencia de la voluntad del gobierno de ese país. De ahí que hayamos ideado la célebre “declaración conjunta”, por la que algunos nos tildaron de intervencionistas, pero que abrió la vía de las negociaciones que culminaron en la firma de los acuerdos de paz en el Alcázar de Chapultepec. Traje también a cuento la adaptación del principio de beligerancia en el conflicto armado de Chiapas. Cuando el gobierno de Zedillo decidió, a comienzos de 1995, revelar la identidad de los líderes zapatistas y aplicarles la ley, el PRD se opuso radicalmente. En virtud de que una ley de amnistía era improcedente, sugerimos y diseñamos otro instrumento jurídico, que suspendiera el ejercicio de la acción penal en ese territorio, a efecto de llevar a cabo negociaciones conducentes a la paz. La Ley de Concordia y Pacificación y los mecanismos que estableció equivalieron a un estatuto interno de beligerancia. Dispone que “las autoridades judiciales mantendrán suspendidos los procedimientos iniciados en contra el EZLN” y que “la Procuraduría General de la República suspenderá por el miso plazo las investigaciones”. Todo ello, “siempre que continúen las negociaciones para la suscripción del acuerdo de paz”. Nuestra ley reconoció “las causas que originaron el conflicto” y estipuló que el acuerdo incluiría “soluciones consensuadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico”. Como entonces lo exigimos: sin aceptar el principio de la guerra necesaria, postuló el de una paz suficiente; lo que en cada contexto histórico y regional debiera ser aplicable. La cuestión toral es la voluntad efectiva de las partes y la no interferencia guerrerista de potencias externas. A ese respecto pregunté a Chávez si tenía “los pelos de la burra en la mano”, esto es, la determinación de las FARC. En caso de respuesta afirmativa, estimo que el gobierno colombiano y las instancias internacionales debieran considerar la propuesta con seriedad. A México le bastaría convocar al Grupo de los Tres y recuperar así la iniciativa que nos corresponde en la búsqueda de la paz. bitarep@gmail.com
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