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Amado: ¿quién lo mató?
Gobierno guerrerense y representación de PGR armaron montaje en torno a lío de faldas Testimonios inventados, escena del crimen cambiada, evidencias perdidas, amenazas... La primera lectura indignaprovoca una mezcla de rabia y náusea, al comprobar lo que todos sabemos pero nos negamos a aceptar: la triste realidad de la justicia mexicana. Un ejemplo de cómo desde los tres órdenes de gobierno se estimula la impunidad y la forma en que intereses cruzados entre autoridades municipales, estatales y federales terminan por convertir en un verdadero cochinero la investigación del crimen de un ciudadano, periodista por añadidura. La segunda lectura es aún más difícil, casi imposible. Perturba porque, paso a paso, se documenta una trama perversa que permite presumir que son las propias instituciones del Estado las que no quieren saber la verdad del crimen, si no que son las más interesadas en que no sea esclarecido. Se trata del asesinato del periodista Amado Ramírez —perpetrado la tarde del 6 de abril de 2007 en el centro de Acapulco— y cuya indagatoria oficial resulta todo un monumento a la ineficacia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, una vergüenza para el cacareado estado de derecho —que no debiera ser más que el Estado sometido al derecho— y una medalla a la estupidez y la complicidad oficiales. Y para fortuna de todos, ese valioso testimonio —que debiera avergonzar por igual a los amarillos, azules y tricolores, a líderes de partidos, legisladores, al que se dice “legítimo” y al presidente Calderón... y, por supuesto, a los ineptos Zeferino Torreblanca y Félix Salgado Macedonio, gobernador de Guerrero y alcalde de Acapulco, respectivamente— está en la página electrónica de la CNDH. Y es que apenas el pasado jueves 10 de enero —en su primera recomendación de 2008, la 01/2008— la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo público el resultado de su indagatoria en torno al crimen de Amado Ramírez Dillanes, periodista acapulqueño de prensa, radio y televisión —corresponsal de Televisa— ultimado a tiros la tarde del 6 de abril de 2007, y cuya muerte sacudió la conciencia colectiva y sirvió para que autoridades, políticos y jefes policiacos nos recetaran la consabida “se aplicará todo el peso de la ley”. Y la primera pregunta que salta frente a quien revisa completa la recomendación de la CNDH, en torno al crimen de Amado Ramírez es esa: ¿Y dónde está el peso de la ley, de la justicia? Palabra por palabra, línea por línea, párrafo a párrafo, la recomendación sobre el crimen —que va dirigida al inepto gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, y al no menos ineficaz procurador, Eduardo Medina Mora—, muestra un amasijo de ineptitud, ignorancia, estupidez, complicidad y mano negra para que no se conozca lo ocurrido. Una perla que resultaría de risa si no fuera por la gravedad del asunto: “Al respecto, personal adscrito a esta comisión entrevistó al señor Salvador Cabrera Medina (quien vio correr de espaldas al asesino), quien dijo que el 18 de abril de 2007 fue visitado por el agente del Ministerio Público... trasladado a la casa de arraigo en donde le mostraron a Genaro Vázquez Damián (el presunto criminal detenido), y sin dudar dijo que no se trataba de la persona que disparó. “No, ése no es”. En respuesta, el agente del Ministerio Público le gritó muy molesto: “¡¿Cómo que no?! Pues usted diga que sí es ése”... “Bueno, si quiere que diga que ése es, pues ése es...”. Testigos que no eran testigos, retratos hablados que salieron de la nada —y que no coincidían entre sí—, testimonios adulterados o de plano inventados —que luego fueron negados por los supuestos autores—, escena del crimen cambiada, evidencias perdidas —la computadora de Amado Ramírez y su contenido fue vendida sin más—, pruebas de tortura, maltrato, amenazas y fabricación de culpables, además de presiones a familiares de esos presuntos implicados. Un potaje tan potente como para que en un país democrático, en donde se respete a los mandantes, el gobernador fuera sometido a juicio político y el responsable de la PGR despedido. Pero no. ¿Qué ha pasado? Nada. Dice la CNDH que el procurador del estado habló de cuatro líneas de investigación que involucraban, entre otras, al narcotráfico y a grupos guerrilleros. Pero los agentes del Ministerio Público que manejaron el caso —cinco en total— se empeñaron en orientar las indagatorias, sin prueba alguna, en dirección a un problema personal, de faldas, en tanto que fueron ignoradas otras líneas de investigación. En las entregas del martes 10 y el miércoles 11 de abril de 2007, revelamos aquí la existencia de un mensaje enviado por el supuesto grupo guerrillero Brigadas de Insurgencia Revolucionaria, que se acreditó el crimen de Amado Ramírez y que dice que se trató de “un error”. Esa información, según la CNDH, fue ampliada por el diario guerrerense La Palabra, en donde los supuestos guerrilleros abundaban en pistas. Pero eso no le importó a nadie. En el fondo, el gobierno estatal y la representación de la PGR prepararon un montaje según el cual el periodista fue asesinado por líos de faldas, el responsable está en la cárcel, confeso, y allí no pasó nada. Y acaso no pase nada a pesar del informe y la recomendación de la CNDH, a pesar de que queda a la vista de todos, de aquellos a los que les interese, que Guerrero, su capital y su principal fuente de divisas, el puerto de Acapulco, son un pueblo sin ley. Bueno, impera la ley de poderes fácticos como el narcotráfico, el crimen organizado, los grupos armados... En Guerrero, como en muchas otras entidades del país, el estado de derecho es letra muerta, porque la ley que vale es la del más fuerte y la fuerza no está en las instituciones del Estado. ¿Y eso a quién le importa? A nadie. Parece ocioso, pero hoy más que nunca vale la pregunta: ¿Quién mató a Amado Ramírez? II En el camino Y a propósito de gobiernos amarillos —en Guerrero gobierna el PRD—, Marcelo Ebrard empezó la mudanza política. Coquetea con Los Chuchos. Al tiempo. aleman2@prodigy.net.mx
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