Agenda del debate

Al descubierto, el sistema penal y sus manipuladores de 1997; ¿se acerca la rendición de cuentas?

Al Poder Judicial, los excesos contra los ciudadanos en las reformas electorales de 2007

Lejos de menguar con el paso del tiempo, crece el interés y la indignación por lo ocurrido en Chiapas el 22 de diciembre de 1997. E irrumpen —como sorpresas incómodas bajo el árbol de Navidad de los gobernantes de la última década— las exigencias y expectativas de esclarecimiento de los hechos y de realización de la justicia.

Quizás la justicia pendiente en el caso de la matanza de decenas de indígenas en Acteal y de los inocentes presos desde hace 10 años se esté finalmente aproximando, a raíz del debate suscitado en este décimo aniversario de los hechos.

Cierto. Se confirman en este caso las grandes distorsiones y debilidades del sistema penal mexicano. Y en buena hora si una confirmación de esta magnitud contribuye a acelerar las transformaciones nacionales en este campo. Pero por lo pronto la simple confirmación de las aberraciones del sistema no es noticia.

Lo nuevo que podría esclarecerse esta vez no es tanto la dimensión abstracta de las fallas y las vulnerabilidades del sistema penal mexicano, sino la identidad de quienes ordenaron manipularlas y de quienes las manipularon y las pusieron al servicio del crimen colectivo y de la impunidad en este caso límite.

Hoy no parece tan fácil que los órganos de procuración de justicia y los jueces prolonguen por mucho tiempo más las situaciones de denegación de justicia construidas desde la cúspide del poder político hace 10 años.

Tampoco parecen quedar muchas dudas de este involucramiento, entre otras cosas porque una operación así difícilmente queda en manos sólo de los operadores de campo, como se ha pretendido en estas fechas con la presentación de un supuesto “autor intelectual” de toda la operación, procedente del vecindario, precisamente ahora que ya no se discute —ni siquiera en las versiones que se proponen atenuar la responsabilidad criminal del gobierno de la época— que la Procuraduría del presidente Zedillo fabricó la mayor parte de los culpables del baño de sangre.

Lo que procedería ahora, en consecuencia, es reconocer que la fabricación de culpables tuvo el propósito de encubrir a los verdaderos culpables.

La tesis del gobierno de Zedillo sobre los crímenes de Acteal se contradice con las pruebas que su propia Procuraduría aportó al expediente, en una maraña de incongruencias que sólo se proponía hacer como que se investigaban los delitos para acallar la indignación nacional e internacional, pero finalmente para garantizar la impunidad de los perpetradores, ejecutores y ocultadores de aquel asesinato masivo.

Los caminos torcidos de la agenda

Una pregunta es si se acerca el momento de ir al fondo en la rendición de cuentas de un crimen cuya investigación oficial acumuló cargas históricas de incertidumbre sobre los hechos, sobre las circunstancias en que se produjeron y sobre sus responsables. Otra pregunta es si se ventilará la verdad del crimen y de su remedo de investigación como acciones que profundizaron la desconfianza en las instituciones de justicia y todavía mantienen divididos, sin posibilidades de reconciliación, a los pueblos de la zona y a muchos mexicanos.

Si no hay respuestas afirmativas a estas preguntas, lo más probable es que se sigan acumulando navidades de discordia y de odio en los Altos de Chiapas y en México, y que un día nos amanezca otra matanza bajo los pinos: lo mismo bajo los pinos de la zona zapatista que bajo los pinos navideños de los gobernantes.

Desde una perspectiva optimista, las respuestas las puede estar anticipando el balance que arrojan las estrategias comunicativas en pugna puestas en marcha para conmemorar los 10 años de la matanza.

Ante los previsibles preparativos de los grupos a los que pertenecían las víctimas de Acteal —el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus amplias redes de simpatizantes en México y en el mundo— sus impugnadores se anticiparon a colocar en la agenda del debate público datos tendientes a sustentar la versión de una batalla entre bandos armados, frente a la versión de la matanza a sangre fría perpetrada por un grupo armado contra un grupo inerme.

El problema es que una vez colocado el tema en la agenda, el debate tomó un vuelo y unos derroteros incontrolables, que condujeron a dejar al descubierto una serie de responsabilidades graves del gobierno de Zedillo, incluso en las versiones señaladas como destinadas a encubrirlas.

La confirmación pública de tales revelaciones podría no dejarle más alternativa a los gobiernos federal y estatal que proceder conforme a derecho y a los hechos hoy publicitados, como lo están reclamando voces lo mismo de la sociedad civil que de la política, que de las iglesias.

Pero si esta posibilidad de recuperación de la vía del derecho se quedara sólo en un cuento navideño, de nada servirán los llamados sociales, políticos y religiosos a la conciliación entre mexicanos y chiapanecos, ante el desconcierto que se ha reproducido en esta década por la falta de certeza sobre las circunstancias en que ocurrieron aquellos crímenes, por la vergonzosa calidad de las investigaciones y por las claras distorsiones en el establecimiento de responsabilidades.

Porque si, ante las evidencias hechas públicas, se prolonga la impunidad, se estará pavimentando el camino para que se repitan actos tan dolorosos —y vergonzosos— como éstos que México y el mundo reviven cada Navidad desde hace 10 años.

¿Vaciladas que son puñaladas?

Otra sorpresa que dejó la Navidad bajo los árboles, esta vez de los árboles de los actuales jefes de los partidos dominantes, fue la primera respuesta positiva de un juez a los amparos contra la limitación de las libertades de los particulares para concurrir a los debates electorales en espacios pagados en los medios de comunicación.

Y una sorpresa más: un nuevo amparo, promovido ahora por un grupo de intelectuales destacados, contra esas mismas reformas electorales tendientes a hacer de los procesos electivos un asunto exclusivo de los políticos que controlan los grandes partidos.

Ante la incertidumbre del resultado final de estos procesos en los juzgados de Distrito y, en su caso, en la Suprema Corte de Justicia, se recomienda apostar doble contra sencillo que de no proceder la protección de la justicia mexicana ante esto que los quejosos consideran una restricción no fundamentada de sus libertades, el litigio —y la campaña contra este aspecto de la reforma electoral— continuará por largo tiempo en los foros internacionales.

A lo que no se recomienda apostar es a que estas promociones ciudadanas son simples vaciladas contra el poder de los nuevos intocables del sistema político mexicano, como lo sostuvo el jefe de los senadores panistas, o meros caprichos de quienes pueden pagar los costos de la publicidad en los medios, pero que no tienen por qué hacer oír por esa vía sus opiniones sobre partidos, candidatos y programas, como lo sostuvo el ideólogo de las reformas.

jose.carreno@uia.mx