Agenda del debate

Políticos en libertad de atacar a ciudadanos y ciudadanos sin libertad plena para responder

“Régimen sancionador electoral” con efectos inhibitorios de la participación en la vida pública

Auna semana de que se fueron de vacaciones los jefes partidistas que fungen como dueños del Congreso, permanecen en la agenda del debate los efectos de sus últimas decisiones e indecisiones.

Tras la decisión de estos nuevos intocables del sistema político mexicano de descabezar al Instituto Federal Electoral (IFE), vino su indecisión para acordar tanto el relevo de la cabeza, como los nombres de los otros dos consejeros a defenestrar en esta temporada y los de quienes los suplirían.

El aplazamiento de estas decisiones para febrero desató la aceleración del proceso de descomposición de las autoridades electorales y arrojó nuevas cargas de desprestigio sobre el Congreso, por violentar la norma que él mismo se impuso con las reformas constitucionales de septiembre.

El episodio dejó además al desnudo uno de los propósitos reales de la sustitución de los consejeros del IFE: el mismo propósito que se le atribuyó en 2003 a la entonces líder de los diputados priístas, Elba Esther Gordillo, en acuerdo con el PAN y con exclusión del PRD: imponer a la cabeza del Instituto a consejeros que garanticen fidelidad a quienes se reparten estos nombramientos a manera de botín político.

Si ese fue el pecado original de la autoridad electoral integrada hace cuatro años —el baldón que la hizo indigna de confianza en el proceso electoral de 2006—, la rebatiña pública de los jefes partidistas de hoy —para colocar a sus secuaces en la organización de las próximas elecciones— augura aún más bajos niveles de credibilidad para el nuevo Consejo del IFE en los procesos electorales de 2009 y 2012.

Nada de consejeros electorales inamovibles para apuntalar su independencia. Cambia la coyuntura política y van para afuera los consejeros impulsados por la desplazada líder Gordillo, para que entren los consejeros afines a los ganadores de este año político: el ex candidato presidencial López Obrador; el líder senatorial priísta, Manlio Fabio Beltrones, y, en menor medida, el presidente Felipe Calderón.

Más que en la ruta de un sistema autoritario a uno democrático, parece que transitamos de regreso del México de las instituciones y de la estabilidad al México arcaico de la voluntad de la gente de mando, entre amagos de inestabilidad, con nuevas, grotescas formas de caudillismo en todos los partidos.

Cargada pro-ganadores del año

Como poder llama poder, se ha producido ya una especie de “cargada” del personal de las instituciones para acomodarse a la sombra de los nuevos intocables del sistema. Y estos intocables, en su afán por controlarlo todo, agregaron a la decisión de disolver el órgano electoral autónomo —con un acto de fuerza desde el exterior—, un ejercicio de cooptación en el interior del Consejo del IFE, a través del cual lograron que, quizás la mitad de los ocho consejeros que quedaron tras la renuncia de Luis Carlos Ugalde, apoyen la disolución escalonada del órgano, a cambio de ver prolongada la permanencia en el “nuevo” IFE o de alguna designación en otro de los cargos que quedarán bajo control de los jefes del Congreso.

Lo mismo ocurrió con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes, al conocer que el proyecto original de reforma constitucional destinado a disolver el Consejo del IFE incluía un tratamiento similar para el TEPJF, acudieron ante los jefes del Senado a rendir las garantías correspondientes, a cambio de que no se aplicara contra los magistrados la fórmula impuesta a los consejeros del IFE.

En el saldo de las percepciones del año que termina, gana, pues, López Obrador porque logró introducir a la reforma electoral todos los supuestos del fraude que lo habrían despojado de la Presidencia, además de que logra mandar a las instituciones involucradas no al diablo, pero sí a un proceso acelerado de descomposición. Gana Beltrones, en su calidad de cabeza visible de los nuevos intocables del sistema. Y gana una tajada Calderón, en cuanto genera la percepción de capacidad de alcanzar acuerdos con el Congreso, y romper el estancamiento legislativo de más de una década, si bien pierde en cuanto al contenido de esos acuerdos, de beneficios magros y de altos costos para el Ejecutivo.

Pierden, obviamente, las instituciones que pasaron al control de los intocables. Pero los más grandes perdedores se encuentran en los campos de la comunicación y de los particulares. Contra éstos, la retórica de la reforma electoral muestra una verdadera fobia, herencia, en parte de nuestra tradición estatólatra, como alguna vez las llamó Roger Bartra.

Un IFE persecutorio y punitivo

Con los nuevos controles de los líderes de los partidos dominantes en el Congreso sobre el IFE, éste será también autoridad en materia de medios, con poder para imponerles sanciones. El IFE controlará a su vez la contratación de los espacios en los medios por todos los partidos y vigilará que los mensajes no usen lenguaje denigrante contra los políticos, aunque los políticos conserven intacta su libertad de denigrar a los particulares.

Al legislar para satisfacer el discurso de López Obrador sobre su derrota en 2006, los legisladores elevaron a rango constitucional la negación a los particulares de la libertad de concurrir al debate electoral, mediante espacios pagados en los medios. Pero no tomaron en cuenta que fue precisamente el candidato López Obrador el que ejerció a extremos de dudosa legalidad la libertad de denigrar a particulares —con sus nombres o por su inserción social—, particulares que ven ahora limitada en un artículo constitucional su libertad para responder a los ataques de los políticos en campaña.

En general, el nuevo Cofipe tiene un lenguaje punitivo en el que el particular aparece como enemigo potencial del control de los procesos electorales por la autoridad controlada a su vez por los partidos grandes. Desde el título del Libro Séptimo: “Del régimen sancionador electoral” al artículo 341 y su lista de “sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este código”, entre los primeros sujetos punibles están “los ciudadanos o cualquier persona física o moral”, seguidos de los observadores electorales, los notarios, los extranjeros, los ministros de culto y, desde luego, los concesionarios o permisionarios de radio y televisión.

El nuevo Cofipe remite al anacronismo y al sentido persecutorio de la prácticamente en desuso Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917, orientada más a inhibir a la prensa con la amenaza de la persecución de los delitos en que se puede incurrir en el ejercicio periodístico, que a fomentar el ejercicio de las libertades informativas y de opinión.

Ahora estamos ante una especie de “ley sobre delitos electorales”, más orientada a inhibir la concurrencia a la vida política de quienes no están encuadrados en los grandes partidos, que a fomentar su participación en el debate político.

jose.carreno@uia.mx