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Golpe al IFE
Al final, el desastre. La tarde del jueves 13, el proceso para elegir un nuevo consejero presidente y dos consejeros se pudrió. Pasadas las tres de la tarde, cuando aún no se había agotado el término constitucional, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Héctor Larios, informó que, a propuesta del PRD, la elección se postergaría a más tardar para la primera semana de febrero de 2008. El órgano autónomo, orgullo de nuestra democracia de baja intensidad, se convirtió en rehén de aquellos a quienes debe fiscalizar. Las reglas que estableció la convocatoria para renovar el Consejo convirtieron a los aspirantes en solicitantes (de chamba). Las maniobras de los tres partidos mayores para favorecer a los predestinados, se hicieron evidentes en la fase final de la evaluación cuando agregaron 24 nombres a los 15 seleccionados y, por si hiciera falta, la terquedad de una minoría militante trabó el proceso y derivó en un acto con tintes de inconstitucionalidad. Lo que ha ocurrido en estos días parece confirmar que, al tiempo que prepara su ruptura con Los Chuchos, Andrés Manuel López Obrador busca vulnerar al IFE, castigar a sus consejeros, amenazar al coordinador parlamentario Javier González Garza con partirle en dos la bancada y, de paso, dejar larvada una duda sobre la imparcialidad de los nuevos consejeros, ya habrá tiempo de usarla en los comicios federales de 2009 y en la elección presidencial de 2012. Un primer aviso, tosco, intimidante, fue la carta que el lunes 11 Andrés Manuel dirigió a los coordinadores parlamentarios del PRD. El Güero sintió que si se sumaba a los acuerdos, se fracturaría su bancada y quiso ganar tiempo, pero no sería difícil que después de jaloneos y desgastes, al iniciar febrero se queden en las mismas, esencialmente, porque la facción lopezobradorista juega a reventar. López Obrador logró la remoción de la mayoría de los consejeros y con su necedad de “Genaro Góngora o ninguno”, atrofió el proceso. Su lógica parece clara: o doblamos al PRIAN imponiéndole al ministro Góngora o sembramos las impugnaciones para los procesos electorales de 2009 y 2012. “Nos ganaron a la mala”, volverán a decir. ¿Qué queda de todo esto? La pequeñez, la necedad, los excesos de unos y otros. PAN y PRI maniobraron para meter a los suyos, pero temerosos de pagar los costos de 2003, al final recularon. Las comparecencias se convirtieron en juicios sumarísimos: los aspirantes fueron sometidos a un golpeteo grosero; muchos diputados de la Comisión de Gobernación vieron en las comparecencias la oportunidad para arrinconar, exhibir y “reventar” a quienes asumieron, con o sin razón, como cercanos a sus adversarios. Un método simplón de evaluación dejó fuera a algunos de los prospectos mejor calificados como Eduardo Huchim y Fernando Serrano Migallón. En el caso de Huchim, se pretendió justificar la exclusión “porque no pudo probar la equivalencia a estudios de licenciatura”. Pero la obra publicada, su trayectoria que incluye su paso como consejero del IEDF, daban para eso y más. ¿Por qué Serrano Migallón, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, no llegó a la final? ¿Quiénes lo decidieron? ¿Sinodales con menores méritos que los rechazados? La rispidez y el impasse que se vive en estos días no son sino polvo de otros lodos. El “presidente legítimo” y su núcleo duro mantienen la pureza. Cualquier acercamiento a otras fuerzas (dialogar o salir en la foto con el “ilegitimo”), es un extravío intolerable que debe ser castigado. El Comité de Salud Pública vigila y condena. “Aflojó el cuerpo”, dice Fernández Noroña de su correligionaria Ruth Zavaleta, mientras el incorruptible llama “paleros” a los legisladores de su partido que apoyaron la reforma electoral. Los anatemas inmovilizan, el amplio apoyo social que mantiene López Obrador lleva a Nueva Izquierda a diferir la batalla, por eso titubean y, de paso, meten a la Cámara de Diputados en un brete. El IFE, una de las instituciones más prestigiadas de la incipiente democracia, fue sometido a un desgaste mayor. El acotamiento del árbitro y la manera en que se ha procesado la renovación del Consejo dejan un saldo lastimoso y muestran los límites de la transparencia y la “ciudadanización” del instituto.
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