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Ignacio Loyola Vera enfrenta su propio desastre
Ignacio Loyola Vera se convirtió en un personaje incómodo en el gabinete presidencial. Salió con una mancha: el derrame de petróleo ocurrido en el pozo Kab 121 de la sonda de Campeche. El todavía titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente minimizó en su momento el hecho, con el argumento de “no hay desastre ecológico”, nos dicen. La posición de don Ignacio, a quien el subcomandante Marcos puso el apodo Firuláis, provocó otro derrame, en este caso biliar, en la oficina del secretario de Ambiente, Juan Rafael Elvira. El asunto escaló al grado de solicitarle la renuncia al procurador, que acudió a Los Pinos para tratar de apaciguar el desastre. Desde la casa presidencial le dieron una salida: una carta de dimisión por “motivos personales” al último día de diciembre. Loyola Vera reaparecerá muy pronto en la arena política de Querétaro, nos aseguran. Hay evidencias de una disputa en el edificio de Tlatelolco, y está protagonizada por personas muy cercanas a la canciller Patricia Espinosa, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda. Ella asegura que no se va a la embajada de México en Londres, que no hay nada sobre el tema. En el sigilo, diplomáticos insisten en la salida: “Ya se solicitó el beneplácito”. La subsecretaria refuta con una expresión: el trámite del placet tendría que pasar por mi oficina, como titular de la subsecretaría. Eso no ha ocurrido. De tal manera, que no hay sustento en la versión de un cambio en la Cancillería, explica. El caso de los decapitados en el Distrito Federal tiene un sendero: una empresa ubicada en el aeropuerto de la ciudad de México, encargada de logística y transporte de mercancías, desde los aviones hasta los almacenes de las aerolíneas. En ese camino pueden ocurrir muchos cambios de cajas. La Procuraduría General de la República, a cargo de Eduardo Medina Mora, trabaja sobre la línea de que empleados de Jet Service estaban en la nómina del cártel de Sinaloa. Un cruce de datos lleva a la desaparición de un cargamento de efedrina, y otra incautación de seudoefedrina en marzo de 2007. Los investigadores del Distrito Federal, que ahora tienen el caso de los decapitados, y los federales buscan la posibilidad de una traición de los empleados a los capos de la droga, nos cuentan. Sacan al hijo de Juan del Diablo de la comisión especial de San Lázaro, que investiga el presunto enriquecimiento inexplicable del ex presidente Vicente Fox. Hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para que el diputado panista Juan de Dios Castro Muñoz no participe más en las pesquisas, por conflicto de interés; es hijo de Juan de Dios Castro Lozano, ex asesor jurídico del guanajuatense, nos informan. El joven Juan de Dios está de acuerdo en que lo saquen de la Comisión Especial, pero acudirá a las reuniones para defender al ex presidente. En pocas palabras, no quitará el dedo del renglón al señalar que la comisión no tiene facultades contra particulares, nos aseguran. Los policías preventivos del DF no tendrán incentivos por los pleitos entre funcionarios azules y amarillos. La panista Gabriela Cuevas, delegada en Miguel Hidalgo, pidió al perredista Joel Ortega, secretario de Seguridad Pública, una lista de elementos para hacer entrega de un millón y medio de pesos a los más destacados, nos cuentan. Don Joel le respondió que no, no hay elementos que apliquen para esos bonos. La Procuraduría sí mandó una lista de agentes judiciales. “¡A sus órdenes, jefe!”, respondieron los policías.
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