Itinerario Político

La renovación de la presidencia del tribunal se lleva a cabo en medio de francas irregularidades legales

Magistrados buscan crear un procedimiento “a modo” en la elección en el máximo órgano de justicia capitalino

Mediante un procedimiento que se lleva a cabo casi en secreto, oculto a los ojos de los ciudadanos en general, con intentos repetidos de violentar su propia ley orgánica y la postulación de aspirantes legalmente inhabilitados para el cargo, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal elegirá, en los próximos días, a su nuevo presidente.

Concebido históricamente como una “cofradía” y coto de poder político de regentes y jefes de Gobierno del Distrito Federal, el pleno de 70 magistrados del TSJDF —que es la máxima instancia judicial de la capital del país—, deberá elegir de entre 10 candidatos propuestos a su nuevo presidente, en sustitución de José Guadalupe Carrera Domínguez, en una guerra de poder en la que, para variar, todo indica que se reproduce la disputa que desde hace poco más de un año se lleva a cabo entre el presidente Calderón y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.

Y es que según fuentes del propio Tribunal de Justicia del DF, por lo menos dos de los ocho contendientes a ese cargo son “empujados” por centros de poder vinculados, respectivamente, a Los Pinos y al cabildo capitalino. Pero esa disputa, en realidad natural en las luchas de poder, es acaso el menor de los males, ya que la renovación de la presidencia del TSJDF se lleva a cabo en medio de francas irregularidades legales, de intentos del presidente saliente por imponer a su delfín, de amagos de círculos cercanos de Los Pinos por colocar a su “preferido”, y por una mano “oculta” de Marcelo Ebrard, por hacerse del control del máximo tribunal de la capital del país.

Si partimos de un escenario apegado a la legalidad, en su última sesión del mes de diciembre, el pleno del TSJDF —que está integrado por 70 magistrados— debería elegir a su nuevo presidente al amparo de su ley orgánica, que en su artículo 29 establece que el quórum para ese pleno deberá ser de dos tercios de sus integrantes —47 magistrados—, y que el nuevo presidente será electo por mayoría simple de los asistentes. Pero esa legalidad parece no importarles a los señores magistrados del DF, a los encargados de leer y aplicar la ley, sino que en una burda atribución legislativa, pretenden hacer su propia ley.

Por un lado, pocos han cuestionado que cinco de los 70 magistrados ocupan de manera ilegal vacantes que debieran ser temporales —de tres meses—, en lo que parece un claro intento por influir en la decisión final de la elección de nuevo presidente del TSJDF. Todos en el ambiente judicial capitalino saben que el presidente saliente, José Guadalupe Carrera Domínguez, pretende favorecer a su delfín, Salvador Ávalos Sandoval, y que esos cinco votos “incondicionales”, podrían ser decisivos.

Sin embargo, aún ése parece un asunto menor frente a una burda maniobra por modificar la ley orgánica del TSJDF, para con ello crear un procedimiento “a modo” en la elección del nuevo presidente de tribunal capitalino. Y para eso, en el pleno del 3 de octubre de 2007, el TSJDF decidió la creación de una comisión integrada por diversos magistrados, para analizar propuestas recibidas por otros magistrados a fin de revisar el procedimiento legal para la elección del nuevo presidente y, en su caso, realizar los cambios propuestos.

Una de esas propuestas la realizó la magistrada Petra Quezada Guzmán, quien apeló “a la génesis de legitimación del mandato”, a la transparencia que reclama el máximo tribunal de justicia de la capital del país y a cuestiones de género, para luego exponer un procedimiento abierto en el que los aspirantes a presidir el TSJDF manifestaran públicamente sus razones para aspirar al cargo. Pero al final de su larga exposición, proponía un mecanismo de elección del nuevo presidente ajeno al que establece la ley orgánica. En su sesión del 23 de octubre de 2007, el mismo pleno dio cuenta de un estudio realizado por otros magistrados a las propuestas recibidas para modificar el mecanismo de selección del presidente del TSJDF, en el que se rechazan las propuestas, pero decidió crear una nueva comisión para buscar mecanismos para realizar tal cambio. Algunos temen que en la misma sesión en que sea electo el nuevo presidente del Tribunal, se decida cambiar las reglas del juego.

Pero el problema tampoco termina ahí. Resulta que existen serias irregularidades en cuanto a la habilitación legal de por lo menos dos de los pretendientes a presidir el tribunal judicial del DF. El caso más notorio es el del magistrado Víctor Rolando Díaz Ortiz, quien legalmente está inhabilitado por razones de edad —nació el 23 de diciembre de 1937—, no sólo para presidir el tribunal, sino para ocupar el cargo de magistrado. Pero lo más interesante es que se trata del “preferido” del ex magistrado Diego Zavala —padre de la esposa del presidente Calderón—, además de que uno de sus hermanos fue consejero electoral en el estado de México, en donde dejó un expediente harto cuestionado por su notorio antiperredismo.

El otro caso de presunta ilegalidad es el de la magistrada Petra Quezada Guzmán, ya que perteneció al Consejo de la Judicatura y, por lo mismo, se encuentra legalmente impedida para aspirar a la presidencia del tribunal, ya que por disposición legal, un consejero no puede repetir en el cargo y, en este caso, el de presidente del tribunal es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura. Existen otros casos cuestionables, como el del magistrado Maurilio Domínguez Cruz, a quien se vincula como el operador de la libertad de Enrique Fuentes León, conocido litigante que logró la libertad de un violador y asesino en Acapulco. Entre los descartados por falta de apoyo se encuentra el magistrado Manuel Alberto Reyes Anzures, quien en la pasada elección de presidente sólo obtuvo un voto, el suyo, y que acudió de nueva cuenta para mantener sus privilegios.

Al final de cuentas, si no influye una mano externa, la presidencia del TSJDF podría recaer en alguno de los tres siguientes magistrados, en ese orden: Édgar Elías Azar, Rebeca Florentina Pujol Rosas y José Cruz Estrada.

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