Itinerario Político

Controversia constitucional, posible camino de la “chiquillería”

La “letra chiquita” de la reforma, en el reparto de ‘spots’ y dinero

Es motivo de discusión y comentarios en ter- tulias, sobremesas, en los comedores políticos, entre la clase política en general y los especialistas del tema. Pero los ciudadanos, poco duchos en la materia, sólo ven pasar el peloteo y escuchan hablar de ella sin entender bien a bien de qué se trata. Se le conoce como parte de la reforma electoral y se dice que se trata de enmiendas a la ley reglamentaria, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Pero más allá de filtraciones interesadas —que según la práctica parlamentaria sólo sirven para “pulsar la opinión pública”—, nadie conoce a ciencia cierta de qué se trata, sus alcances, los trucos ocultos, la “letra chiquita” y el hilo fino de la negociación. Claro, nadie la conoce salvo un puñado de legisladores y líderes parlamentarios que parecen empeñados en mantenerla oculta. ¿Por qué no se conoce el proyecto completo? ¿Por qué la iniciativa fue enviada al Senado? ¿Por qué el Senado le dio trámite a comisiones sin pasarla por el pleno?

Lo único cierto, a los ojos de los ciudadanos, de quienes integran esa institución fundamental de la democracia que se llama “opinión pública”, es que algo “gordo” se cocina en el Congreso mexicano, y que en el caso de las reformas al Cofipe se puede aplicar el viejo refrán popular: “El que hace la ley, hace la trampa”. Y dígalo si no el hecho de que a pesar de que se trata de un tema fundamental para los mexicanos todos, nadie o muy pocos conocen la propuesta definitiva que ayer entró para su discusión a la casona de Xicoténcatl.

En lo oscurito

Cuando se les pregunta a diputados o senadores sobre los proyectos de reforma, suelen explicar que no hay un texto definitivo, que existen distintos proyectos, según el interés de cada partido, y hasta que el articulado cambia casi cada hora. Y en buena medida tienen razón, pero también es cierto que existen líneas generales que pudieran ser presentadas a la opinión pública para su debate. Pero ese es precisamente el truco, eso que los huéspedes de San Lázaro y Xicoténcatl conocen pomposamente como la “técnica parlamentaria”. Es decir, ocultar la “letra chiquita” para no hacer mucho ruido y, al mismo tiempo, exhibir a la luz pública “zanahorias legislativas” para distraer al respetable.

Por eso no se conoce el proyecto completo, por eso ni siquiera diputados y senadores conocen bien a bien el articulado completo. La iniciativa fue enviada al Senado de la República —en calidad de cámara de origen— por la misma razón, porque la Ley Orgánica del Senado permite que una iniciativa sea enviada a las comisiones respectivas —para su discusión y análisis— sin pasar por el pleno. ¿Qué significa que no pase por el pleno? Pues eso, que no sea conocida por la mayoría de los senadores. Con ello se limita su difusión. También por eso no entró a San Lázaro en calidad de cámara de origen, porque en el caso de los diputados, su Ley Orgánica obliga a que toda iniciativa que se presente sea conocida por el pleno antes de pasar a comisiones.

Así pues, el intangible que la jerga legislativa bautizó como “práctica parlamentaria”, no es otra cosa que una trampa de opacidad para presentar, procesar y aprobar leyes sin el molesto concurso de la opinión pública. Eso sí, en los próximos días, una vez que la reforma al Cofipe sea “subida” al pleno del Senado para su discusión y aprobación —discusión y aprobación que se hará lo más rápido posible, sin dar tiempo siquiera al derecho de pataleo por parte de los ciudadanos—, estaremos frente a hechos consumados, porque del Senado pasará a toda velocidad a la Cámara de Diputados, donde también podría ser aprobada en tiempo récord.

Posible controversia

Pero es probable que “las prisas” legislativas no terminen bien. Ya se dijo que una de las premisas del trabajo legislativo es la opacidad, realizar los acuerdos y negociaciones “en lo oscurito” y a la mayor velocidad posible, para que “el respetable” no se percate de la “letra chiquita”. Pero la reforma al Cofipe puede resultar en un escándalo mayúsculo, si se confirma que “la chiquillería”, los partidos agrupados en el G-5 —Convergencia, Nueva Alianza, Alternativa, PVEM y PT— deciden transitar por la libre y presentar una controversia constitucional.

La posibilidad está latente porque los partidos mayores, el G-3, han dado muestras claras de pretender llevarse la “tajada del león” en aspectos fundamentales como el uso de los medios de comunicación en tiempos electorales, además de que han amenazado con acabar con las coaliciones —lo que debilita a los partidos chicos— y no explicar con claridad el destino de los jugosos recursos económicos que se ahorrarán los partidos, una vez que se elimine el descomunal gasto en medios. Y es que apenas en una de las recientes reuniones entre los dos grandes bloques de diputados, el G-5 y el G-3, los primeros arrinconaron a los segundos al advertir que si no se les tomaba en cuenta, recurrirían a la controversia constitucional respecto de las reformas al Cofipe.

¿Qué quiere decir una controversia constitucional? Casi nada, que ante una acción legislativa que pudiera vulnerar los derechos constitucionales de una institución del Estado, los presuntos afectados pueden acudir a la Corte no sólo para denunciar el abuso de uno de los poderes, en este caso el Congreso, sino para que resuelva sobre sus derechos presuntamente violentados. Los partidos pequeños argumentan que algunos artículos de lo que sería el Cofipe vulneran sus derechos como partidos políticos y hasta como grupos parlamentarios.

Arrogantes, los miembros del G-3 no hicieron caso a la amenaza —confiados en que “la chiquillería” no reúne el número de votos para reclamar una controversia constitucional—, hasta que el G-5 sacó de la magna el artículo 105 constitucional, para demostrar que los partidos políticos, no tanto sus legisladores, sí tienen facultades para solicitar la intervención de la Corte para resolver el diferendo. Esa amenaza supone que podría haber cambios sustanciales al dictamen del nuevo Cofipe que ayer conoció el Senado. Y si no, habrá controversia, salvo, claro, que se recurra a otros métodos para “aplacar” a la “chiquillería”.

La letra chiquita

¿Pero qué es en realidad lo que molesta a los partidos chicos, como para que estén dispuestos a una controversia constitucional? Se ha hablado mucho del tema de las coaliciones que, según algunas de esas filtraciones interesadas, podrían desaparecer y cambiar por la figura de candidaturas comunes. En efecto, en ese tema se les daría un severo golpe a las rémoras en que se han convertido los partidos pequeños. Pero el problema no está ahí, o no sólo está en ese tema. Lo más importante es el reparto de prerrogativas —el dinero público que con los impuestos de todos se les entrega a los partidos para sus actividades político-electorales—, por un lado, y el acceso a los medios de comunicación, por el otro. En los dos casos, el criterio que se pretende imponer en el Cofipe deja en absoluta desventaja a los miembros de esa cuestionada casta también conocida como los “chiquipartidos”.

Y no les falta razón a los partidos agrupados en el G-5, por lo menos en esos dos temas. Así, por ejemplo, en el caso del acceso a los medios —a la radio y la televisión, cuyos spots serán regalados por el Estado a los partidos—, PAN, PRD y PRI pretenden crear una figura monstruosa, de un altísimo costo y que será un nuevo poder fáctico, también mediático, sólo que en manos de los partidos, a la que bautizaron como Comité de Radio y Televisión, que dependerá del IFE y que será el encargado de realizar las pautas de radio y televisión para la difusión de millones de spots que se difundirán por la radio y la televisión de todo el país.

Muy pocos le han hincado el diente a un tema que resulta una verdadera amenaza para la democracia electoral y que es eso, la “letra chiquita” de la reforma. El citado Comité de Radio y Televisión estará integrado por un representante y un suplente de cada partido, y por los consejeros electorales integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos —cuyo presidente también presidirá al citado comité—, y su labor será elaborar la pauta —la distribución en radio y televisión— de los 48 minutos diarios de que dispondrán los partidos políticos en tiempos electorales —sean federales o estatales— en cada una de las mil 500 estaciones de radio del país y los poco más de 500 canales de televisión que existen en el territorio nacional.

Esa tarea que se explica con unas cuantas palabras, supone la creación de un aparato burocrático y técnico —y con un poder político descomunal— que dejará en calidad de juego de niños a sus equivalentes de las grandes televisoras y radiodifusoras del país. Pero ese no es el mayor problema, el hilo fino de la discusión se localiza en dos vertientes adicionales. Primero, en el reparto de los tiempos a los partidos, que según el nuevo Cofipe, se hará de la siguiente manera. El 30% del total del tiempo se repartirá de manera equitativa entre todos los partidos políticos con registro, ocho en total. Pero el restante 70% será repartido en proporción al porcentaje de votación de cada partido, según la elección anterior de diputados federales. Otra vez se dice fácil, pero en realidad ese 70% es un mundo de tiempo y millones de spots para PAN, PRD y PRI, y migajas para los “chiquipartidos”. ¿No que querían acabar con el imperio del spot?

¿Qué les importa más a los partidos pequeños, las coaliciones o el tiempo en radio y televisión? Está claro que lo segundo. Por eso dicen que recurrirán a la controversia constitucional. En el caso del reparto de prerrogativas la fórmula es muy similar, grandes bolsas de dinero para los partidos grandes —que, por cierto, ya no destinarán esos caudales a la radio y la televisión, sino a la actividad política—, en tanto que los pequeños tendrán cantidades muy reducidas de dinero. Bueno, reducidas con relación a las grandes bolsas que pretende llevarse el G-3. Esa es una parte de “la letra chiquita” de la reforma. Y es el motivo de la disputa. Y también por eso todo se lleva a cabo en lo oscurito.

Nuevos consejeros

Y mientras que la “letra chiquita” de la reforma al Cofipe enfrenta a los partidos representados en el Congreso, a los ciudadanos parece que se nos quiere mantener ocupados en otros de los frentes de reforma electoral en general; en la renovación del Consejo General del IFE, que camina en su vertiente del reemplazo de los primeros tres consejeros. La atención pública ha estado en la convocatoria y en la copiosa inscripción de pretendientes a tres cargos de los más rentables en la estructura del Estado mexicano, pero poco se sabe de lo que ocurre por lo bajo.

Pocos sabían, por ejemplo, que la convocatoria para renovar los tres primeros lugares del Consejo General del IFE tiene un candado para declararla desierta. ¿Para qué ese candado? Hoy se sabe que los legisladores artífices de la reforma electoral y quienes pelean por ganar la presidencia del IFE, veían venir la posibilidad del descrédito del proceso, e incluso colocaron entre los escenarios posibles el que los expertos del tema no acudieran a una convocatoria que, por donde se le quiera ver, tiene mucho de farsa. Y el escenario se cumplió por lo menos hasta el pasado miércoles, cuando asustados, los partidos políticos y el gobierno vieron que las grandes figuras no aparecían.

Entonces se pactó un acuerdo entre todos, partidos y gobierno, para estimular —o como usted le quiera llamar— que acudieran a la convocatoria el mayor número de notables. Y es que se corría el riesgo de que el proceso resultara deslegitimado, si sólo se inscribían aquellos que —nos guste o no, se acepte o se niegue— ya tienen un amarre sea en el Congreso, sea en la casa presidencial. En corto, no faltaron los aspirantes que revelaron que, en efecto, se les pidió que engordaran la lista de notables, porque a nadie convenía ni conviene que ese proceso resulte fallido. Al final de cuentas, se alcanzó el impensable número de 491 solicitantes, de los cuales no más de medio centenar pudieran ser tomados en cuenta.

¿Quiénes serán los tres nuevos consejeros del IFE? ¿Quién de ellos será el presidente? En rigor, nadie lo sabe. Pero lo que sí se sabe es que el “humo blanco” saldrá de no más de 10 pretendientes, ya que los tres grandes partidos y, por supuesto el gobierno, tienen cada uno su propia terna. En algunos casos, incluso, un integrante de la terna de un partido aparece en la terna de otros partidos y hasta en la del gobierno. Y lo que también se sabe es que para el cargo de presidente del Consejo General del IFE la competencia estaría entre los cuatro especialistas siguientes, en ese orden: el ministro Genaro Góngora Pimentel, el político Jorge Alcocer Villanueva, el ex consejero Mauricio Merino y el politólogo Lorenzo Córdova. Los dos primeros, a decir de legisladores y cercanos a la casa presidencial, son los más fuertes, pero en el proceso de negociación podrían pasar muchas cosas, se podrían ponderar muchas variables, y en caso de un callejón sin salida, se abriría espacio para la tercería, el tercero para romper la discordia. Como quiera que resulte la decisión final, lo cierto es que se trata de un proceso cuestionado que terminará en un nuevo reparto de cuotas. Lo demás, más bien parece circo político y dulces para entretener al “respetable”. La reforma electoral, su reforma a la ley reglamentaria y los cambios en el IFE no son más que los reacomodos del poder, ante la polarización política producto del proceso electoral de 2006.

aleman2@prodigy.net.mx