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La gran virtud de las reformas hasta ahora hechas es haber roto la parálisis en el Legislativo. Lo que falta por ver es si constituyen una plataforma para pasar de lo posible a lo deseable

El primer aniversario del gobierno de Felipe Calderón es propicio no sólo para juzgar lo hecho, sino para buscar discernir su actuación para el resto de su mandato.

Hace 12 meses, muchos analistas coincidían en que el reto principal del futuro presidente no era tanto la gobernabilidad como la supervivencia. Juzgado bajo esta perspectiva, el gobierno ha sido ampliamente exitoso, de manera irónica, gracias al propio López Obrador. Fue su intransigencia de no aceptar el veredicto de las autoridades electorales y judiciales y no reconocer a Felipe Calderón como presidente lo que permitió a este último legitimar la asunción a la Presidencia.

El segundo gobierno del Partido Acción Nacional, no obstante, ha tenido muchos otros triunfos después de la toma de posesión. El primero de ellos ha sido la diferenciación con el gobierno de Vicente Fox que se caracterizaba por la indisciplina y la ausencia de claridad de objetivos. El manejo centralizado del gabinete ha resultado en orden, congruencia de mensajes y prioridades definidas; sin embargo, también en una notable parsimonia de participación pública de la gran mayoría de los secretarios.

Un segundo acierto ha sido, sin duda, el regreso de la política como modus operandi. Esto es resultado natural de una trayectoria profesional del presidente concentrada en la operación política en su partido, sus campañas y el Congreso. El pragmatismo político ha permitido trabajar con otros partidos para avanzar en algunas de las reformas, así como destronar a Manuel Espino al interior del PAN. Los esfuerzos para reestablecer el imperio de la ley, la reforma de pensiones del ISSSTE y la reforma fiscal no son avances menores si se toma en cuenta la falta de progreso en estas materias los últimos 10 años. Sin embargo, la naturaleza política de la acción del gobierno calderonista ha implicado una serie de costos.

En sus propias palabras, la clave del éxito ha sido enfocarse en lo posible y no necesariamente en lo deseable. Los costos incurridos no son menores:

1. El regreso de las decisiones de política económica de las secretarías con competencia directa a Los Pinos.

2. Una tendencia a preferir la intervención del gobierno y a ceder ante presiones de grupos de interés sobre el funcionamiento del mercado: la renuencia inicial a permitir la importación de maíz ante la especulación sobre su precio a principios de 2007; la concertación del precio de la tortilla; la posposición del incremento del precio de la gasolina; dar marcha atrás a la eliminación del requisito de planta para la importación de medicamentos; subsidiar la exportación de maíz de Sinaloa; no concluir el tratado de libre comercio con Perú; promover la ley del libro.

3. Reforma fiscal incompleta.

4. La renuencia a enfrentar a grupos de interés y pronunciarse sobre temas espinosos.

5. El fortalecimiento de los partidos y el consecuente relego ciudadano. Las reformas electorales implican un claro sesgo a favor de los tres grandes partidos y en contra de la participación ciudadana.

Es todavía prematuro para saber si los beneficios sociales justifican los costos asumidos, ya que la evaluación más importante depende de lo que pase en adelante. La gran virtud de las reformas hasta ahora hechas es haber roto la parálisis en el Legislativo. Lo que falta por ver es si constituyen una plataforma para pasar de lo posible a lo deseable.

Una buena parte de la suerte del sexenio de Calderón se definirá en 2008 por la convergencia de dos retos y oportunidades. Por un lado, la cada vez más segura desaceleración, o peor aún, recesión en Estados Unidos y las presiones inflacionarias complican el manejo macroeconómico. El reto para el gobierno es no sólo no exacerbar las dificultades económicas del principal socio comercial, sino invertir en la estabilidad y en las reformas para mejorar el perfil de riesgo de México y estimular la inversión en un contexto en que la desindustrialización de Estados Unidos se acelere por su situación económica adversa.

Por otro lado, la ausencia de elecciones estatales en México en 2008 debiera prestarse para avanzar en la agenda de reformas antes de las elecciones legislativas de 2009.

Una vez pasadas las reformas electorales este año, el Congreso se abocará a la reforma de las instituciones de gobierno, de la ley de radio y televisión, la energética y la de seguridad. La gran pregunta es si, para estas iniciativas, Los Pinos tomarán el liderazgo o permitirán que la fracción del PRI en el Congreso defina los términos del debate.

Respecto a la reforma institucional, la propuesta del Congreso parece inclinarse por crear la figura de jefe de gabinete confirmado por el propio Legislativo. Esta reforma implicaría un serio debilitamiento del presidente que pasaría a segundo plano para la mayoría de los temas. La comparación que se hace con Francia es inexacta por la debilidad de la Asamblea Nacional allí, comparada con la fortaleza del Congreso acá. Como en otras reformas, el ciudadano parece seguir relegado ya que no se considera la posibilidad de reelección.

En radio y televisión el énfasis debiera ser la competencia, pero parece que será el contenido. En la energética, se pretende salvar a Pemex, más que tener una política que cree un mercado. En la de seguridad, la gran batalla será reformar al ministerio público.

Las reformas pendientes, para ser útiles, tendrán que tocar intereses económicos de grupos de poder. Es imprescindible que el Ejecutivo participe activamente y argumente a favor de reformas que pongan al ciudadano en el centro de las mismas. Así tendrá la autoridad moral para pedir que los ciudadanos lo favorezcan con su voto en 2009.

buzon@cmmsc.com.mx