Itinerario Político

Partidocracia y mediocracia, contra intereses ciudadanos

Pelean el poder electoral en nombre de libertades básicas

El Grupo de los Tres o G-3 —como lo motejamos el 20 de junio en este espacio— es ese poderoso frente político que han integrado PAN, PRD y PRI en el Congreso; fuerza colectiva capaz no sólo de olvidar sus diferencias ideológicas y sus enconos electorales, sino de pretender secuestrar al IFE mediante una engañosa reforma electoral, y hasta de echar de las elecciones al poder fáctico de los medios electrónicos de comunicación.

El G-3 es la más clara expresión de la cuestionable partidocracia mexicana; un poder político alterno a los poderes del Estado, que la ciencia política define como “el monopolio de los partidos sobre las actividades políticas, económicas y sociales”, y al que se le acusa (según Gianfranco Pasquino) “de querer enjaular las exigencias de cambio, de querer canalizar todo por el cauce de la política institucional de los partidos, de no dejar espacio a la sociedad civil, a las verdaderas necesidades de las masas”. Pero la partidocracia no es un poder que se crea por generación espontánea, sino que es un subproducto, una “tara” de la democracia electoral que nace, crece y se reproduce a partir de dos instrumentos fundamentales que posibilitan su existencia y expansión; “por un lado, el financiamiento público de los partidos y, por el otro, la atribución de cargos en amplios sectores de la sociedad y de la economía sobre la base de criterios predominantemente políticos”.

Como se puede ver, el exitoso G-3 es la mayor fuerza política en México, construida a partir de alianzas de conveniencia, más que ideológicas, por PAN, PRD y PRI, y que embona de manera casi perfecta con las definiciones clásicas de partidocracia y con sus objetivos, que no son otros que los de pretender “enjaular” las exigencias sociales de cambio, “monopolizar” las actividades políticas, económicas y sociales “por el cauce de la política institucional de los partidos” y, por si fuera poco, “no dejar espacio a la sociedad civil”, a las verdaderas necesidades y reclamos de las mayorías.

Rehenes del G-3

Por eso no resulta una exageración suponer que la sociedad mexicana y una buena parte de la vida institucional se han convertido en rehenes de ambiciones y hasta ocurrencias del poderoso G-3; la partidocracia como espacio político y de poder privilegiado donde lo mismo se cocinan venganzas políticas a fuego lento, que se diseña el secuestro de instancias autónomas como el IFE, y hasta se amaga con coartar libertades como la de expresión. En pocas palabras, vivimos una mutación democrática que se caracteriza por la transferencia del poder electoral, que primero estaba en manos de los gobiernos surgidos del partido único, que luego pasó a manos del poder fáctico del rating y el spot, y que ahora quiere ser capturado por los partidos agrupados en el G-3.

Durante décadas el monopolio electoral estaba en manos del partido único, el viejo PRI que al mismo tiempo era juez y parte y que condenaba a los incipientes partidos opositores —igual que al resto de la sociedad— al papel de meros convidados de palo. Una lenta sucesión de reformas electorales, por un sostenido empuje social —desde López Portillo y hasta Ernesto Zedillo—, hicieron posible arrebatarles a los poderes formales en turno el poder electoral —al PRI y a sus gobiernos—, y en 1996 se construyeron instituciones autónomas y ciudadanizadas como el IFE y el Tribunal Electoral. De esa manera las elecciones podían cumplir con las aspiraciones democráticas de legalidad, independencia, imparcialidad, transparencia y objetividad.

Pero al mismo tiempo, con esos logros se abrió la puerta a dos subproductos de la democracia electoral; la partidocracia y el imperio del rating y el spot. En el primer caso, el Estado decidió financiar la actividad político-electoral de los partidos y los convirtió en formidables maquinarias de poder capaces de intervenir en todas o casi todas las actividades sociales. Se cumplió, como dijimos arriba, la premisa para crear y engordar a la partidocracia. En el segundo caso, producto del anterior, el poder del dinero y de la imagen —del rating y del spot— construyó un poder capaz de someter no sólo a los poderes del Estado, sino a la propia democracia electoral.

Golpes de Estado

Entre 1994 y 2006 la construcción de puestos de elección popular, en todos los niveles, no pasaba sólo por las renovadas instancias electorales, sino por los nuevos centros reales de poder; los dueños de la televisión y la radio; poder fáctico sin el cual era imposible acceder al poder público. Tampoco es exagerado señalar que buena parte del control electoral que en 1996 se le arrancó al poder hegemónico del PRI, se transfirió al poder fáctico de los medios electrónicos, que fueron determinantes en las elecciones de 1997, 2000 y 2006. Se le arrebató el control electoral al poder público, al gobierno; se consiguió la anhelada ciudadanización de los órganos electorales, pero el poder emergente mediático de la tv y la radio se quedó con buena parte, acaso la más valiosa, del control electoral; con la comunicación.

La mejor muestra del sometimiento de la clase política, de los partidos y de buena parte de las instituciones del Estado al poder fáctico de la mediocracia se dio con la ominosa aprobación de la llamada ley Televisa; verdadero golpe de Estado operado por el poder del dinero contra las instituciones, en medio de una polarizada elección presidencial que —precisamente por esa polarización resultó altamente cuestionada— produjo un impensable reacomodo del ajedrez político y terminó por fortalecer a una partidocracia incipiente. Entonces nació el G-3, una alineación casi astral de los intereses políticos y de poder de las tres grandes fuerzas partidistas resultantes de la polarización electoral de 2006; PAN, PRD y PRI, cuyos nuevos liderazgos unieron fuerzas para derrocar al nuevo dueño del poder electoral: los medios electrónicos. En realidad, los excesos de la mediocracia desataron los anticuerpos del poder político e hicieron posible el nacimiento del G-3.

Así, con el PRI como fiel de la balanza —con Manlio Fabio Beltrones como papá de la criatura—, en una combinación de contrapesos que dejó fuera a los extremos —al derrotado AMLO y al ganador pero cuestionado y debilitado Felipe Calderón—, la partidocracia y su brazo operador, el G-3, se atrincheraron en el Congreso y fueron capaces de lo increíble; un pacto político que por encima de diferencias y rencillas electorales les permitió arrebatarle el control electoral al poder fáctico de los medios. Y como trofeo de casa, el G-3 respondió con otro golpe de Estado, ahora a las instituciones electorales, otrora autónomas y ciudadanizadas.

Hoy el IFE pretende ser convertido en instrumento electoral en manos sólo de los partidos políticos, jueces y parte capaces de poner y quitar consejeros electorales, sancionar a los medios incómodos y hasta coartar libertades fundamentales como la de expresión. De esa manera, el poder electoral se habría transferido del poder mediático al poder de la partidocracia.

Poder contra poder

Pero lo que en realidad está en disputa —más allá de las legítimas y saludables preocupaciones sociales por mantener la ciudadanización del IFE, por impedir el secuestro de esa institución por parte del G-3, y por preservar libertades fundamentales como la de expresión— es una fuente privilegiada de poder; el control de los procesos electorales, que no es otra cosa que la fuente primigenia del poder público.

El grupo político que sea capaz de controlar las elecciones tendrá a su alcance los cargos de elección popular, desde el más humilde de los municipios y hasta el más codiciado de los cargos: la Presidencia de la República. Ese es el corazón de la pelea, una disputa por el control político y, por consecuencia, de los presupuestos, del dinero público. Y, casualmente, en esa disputa no están los ciudadanos.

Así, con toda la razón que les da el carácter de poder mediático desplazado por el G-3, los poderosos medios electrónicos se oponen a que la partidocracia se adueñe de los procesos electorales, que en la década reciente estuvieron en manos precisamente de la mediocracia. Todo estaba bien, había democracia y florecían las libertades, cuando el poder fáctico de los medios mantenía el control de esas mismas elecciones. Pero todo parece está mal cuando el control de las elecciones ha sido transferido a la partidocracia, como todo estaba mal cuando los gobiernos en turno, en los tiempos de la hegemonía del PRI, dominaban las elecciones.

En todo caso, los ciudadanos asistimos a una falsa disputa; la que se produce entre el poder fáctico de los medios electrónicos y el poder de la partidocracia, por el control de las elecciones. Es una lucha de poder en la que a nombre de los ciudadanos, de las libertades básicas, de la democracia, las partes en disputa nos juegan el dedo en la boca a los ciudadanos, se nos lleva a una pelea de supuestos buenos contra malos cuando los dos combatientes, mediocracia y partidocracia, están en el mismo bando, el de los que quieren controlar las elecciones sin interferencia ciudadana, con el consecuente escamoteo de libertades y derechos sociales. ¿Alguien puede creer que a Televisa, Azteca o la mayoría de los medios les interesa realmente la defensa de la libertad de expresión? ¿Cuántos vetos y vetados hay en este momento en las dos televisoras y en otros medios?

Los focos rojos

Está claro que el G-3 quiere para los partidos políticos el control de las elecciones. Por eso, en un acuerdo político con tufo de venganza y conveniencia mutua, PAN, PRD y PRI acordaron una reforma electoral —constitucional—, que en el centro de sus objetivos incluyó derribar al Consejo General del IFE y la sustitución de sus consejeros mediante un nuevo reparto de cuotas. Pero además, el G-3 dejó fuera de las elecciones a la mediocracia, al poder fáctico de la televisión y la radio. No conforme con eso, el G-3 incluyó en el IFE la figura de un nuevo “contralor”, que será designado por el G-3 y estará sometido a los partidos; cargo que contará con un presupuesto etiquetado de 100 millones de pesos —lo que de suyo vulnera la independencia financiera y de gestión del IFE—, y cuyo titular tendrá las facultades extraordinarias, subjetivas y sin reglas claras de remover a los consejeros ante la sospecha de “tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones que debe realizar”.

En la misma reforma —verdadero retroceso electoral—, los partidos, sus candidatos y gobernantes se fabricaron un blindaje a la medida, al reformar el artículo 41 constitucional para sancionar las “campañas negras”, la guerra sucia. Esa enmienda a la Carta Magna no es otra cosa que una grosera censura, ya que por mandato constitucional se coarta la libertad de expresión; la libertad ciudadana de criticar a los partidos, candidatos y gobernantes en tiempos electorales; reforma que riñe y contradice el espíritu del propio artículo sexto constitucional. Ese cambio al artículo 41 constitucional, el vengativo derrocamiento del Consejo General del IFE, su relevo nada claro y mediante abusivos repartos de cuota, además de la creación de un nuevo “contralor”, que someterá por completo al IFE a los designios de los partidos, son los verdaderos focos rojos del golpe de Estado que impulsa el G-3 en materia electoral.

Peleas engañosas

Está claro que las reformas constitucionales que pactó el G-3 requieren, a su vez, enmendar las leyes reglamentarias en materia electoral, como es el caso del Cofipe. Ese proceso está en marcha y de nueva cuenta asistimos a la disputa entre mediocracia y partidocracia, con sus respectivos intentos por engañar a los ciudadanos. En días recientes se echó a caminar de manera tramposa una versión interesada sobre la supuesta intención, del G-3, de someter a los medios a través de las reformas al Cofipe. Un párrafo del dictamen de reformas al citado código que se discute en el Congreso señala que el IFE “presentará” a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión “los lineamientos generales aplicables a los noticiarios respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos”. La diferencia entre el dictamen y la ley vigente es que en el primer caso se habla de “presentar” y en el segundo de “sugerir”. Pareciera, en efecto, que se trata de un nuevo intento de censura.

Lo que no se dijo es que en el dictamen se incluye un párrafo que aleja la posibilidad de censura. Dice ese párrafo: “En su caso, los acuerdos a que se llegue en la respectiva reunión serán formalizados por las partes y se harán de conocimiento público”. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que si los industriales de la radio y la televisión no están de acuerdo con los lineamientos dictados por el IFE, no los acatan. Y punto. Pero además, el G-3 ya acordó retirar el verbo “presentará” y regresará al de “sugerir”. De igual manera, el G-3 parece dispuesto a modificar la sanción prevista en el dictamen de reformas al Cofipe, que sancionaba con “suspender” la emisión de programas, la señal de canales de televisión y frecuencias de radio, para los noticiarios y concesionarios que violen el Cofipe. Ahora la sanción podría ser económica.

Sin duda asistimos a una contrarreforma electoral, el G-3 secuestró el control de las elecciones y del IFE, y con la reforma al artículo 41 constitucional se reglamenta la censura, se le roba a los ciudadanos una parte fundamental de su libertad de expresión en tiempos electorales. Pero también, es cierto, partidocracia y mediocracia están del mismo lado, del lado opuesto al de los ciudadanos.

aleman2@prodigy.net.mx