Bitácora Republicana

A su paso por México, Michelangelo Bovero declaró que el proceso político mexicano se ha topado con “varios puntos de mala suerte”, entre los que citó el presidencialismo, “un peligro constante para la democracia”, y se lamentó que no hayamos “aprovechado la coyuntura de cambio para acabar con él”. Mencionó también la “postura casi de rodillas frente a la Iglesia católica” y la “continuidad de políticas cercanas al Consenso de Washington que profundizan la pobreza”, “precondición social para la compraventa del voto”.

Acotó que esos males son comunes a muchas naciones latinoamericanas, que “sólo aparentan vestimenta de democracia”, pero que no han podido todavía construir “sistemas políticos sanos y durables”. En referencia a los actuales intentos por reformar el Estado en nuestro país, afirmó que vamos “por buen camino”, pero advirtió la importancia de “instaurar el pluralismo en los medios de comunicación, como vía para que los ciudadanos se formen opiniones libres, regla fundamental de la vida democrática”.

El filósofo explicó que es difícil diferenciar “entre las formas lícitas de la persuasión y las ilícitas de la manipulación”, pero que “sí es posible establecer normativamente las condiciones de un pluralismo de y en los medios”. Es indispensable, concluyó, “prohibir las concentraciones; ningún actor debiera tener más de 8% del espectro concesionado”. Y remató: “Un régimen no es democrático si no vive en una atmósfera de verdad y ésta no subsiste si no se garantizan los derechos ciudadanos en los medios de información”.

Al referirse a la experiencia italiana, que “podría enseñarle algo al mundo”, nos remitió al derecho comparado que marcha abrumadoramente en el sentido de la democratización de los medios. El proyecto de Constitución del Ecuador define la comunicación social como uno de los derechos fundamentales del hombre, así como “el acceso en igualdad de condiciones a las frecuencias”. Estipula además el deber del Estado de “impedir la formación de monopolios y de oligopolios en la comunicación”.

El proyecto estipula que la autoridad “propenderá a la desconcentración de la propiedad de los medios”, a través de “un sistema transparente de concesiones que garantice el acceso a diferentes sectores de la sociedad y establezca la incompatibilidad del uso de los medios con los intereses particulares de sus propietarios o accionistas”. Todos los medios “deberán participar en la promoción cultural y la preservación de valores”, y aquellos que sean “comunitarios y de establecimientos educativos serán objeto de la protección del Estado”.

Una revisión somera de la legislación contemporánea permite corroborar que la gran mayoría de las democracias consideran a las empresas de radio, televisión y telecomunicaciones como concesionarias de un servicio público, con las obligaciones y límites correspondientes. Por lo que hace a los medios de transmisión se refieren, simultáneamente, al “uso del dominio público radioeléctrico” (España), sin necesidad de equipararlo, como en la legislación mexicana, a los recursos del subsuelo.

En Europa, el tratado de Maastricht condena explícitamente la “explotación abusiva de una posición dominante en el mercado”, y casi todas las legislaciones nacionales fomentan la libre competencia, regulan el mercado, orientan los contenidos, impiden los monopolios, promueven la pluralidad y renuevan periódicamente las concesiones. El plazo de vigencia de éstas no excede en general a 20 años prorrogables y la concentración del espectro permitida no es superior en promedio a 15%.

En ese contexto resulta afortunado que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) haya presentado en días recientes un conjunto avanzado de propuestas legislativas al Grupo Plural para la reforma de las leyes de radio, televisión y telecomunicaciones del Senado de la República. Los cambios que proponen son “a la medida de las aspiraciones de los demócratas de México” y sus autores los consideran indispensables “para construir en nuestro país una auténtica sociedad de la información”.

La denuncia es inobjetable: “Los grandes medios de comunicación han permanecido acaparados por un puñado de concesionarios. El privilegio de difundir por radio y televisión ha estado supeditado al capricho o la conveniencia del poder político”. Y más aún: “Los contenidos han estado definidos por el afán de lucro y no por la responsabilidad social”. Como remate: “La incapacidad para enfrentar la diversidad ha llevado a las corporaciones mediáticas más influyentes a oponerse a cualquier apertura que propicie la competencia”.

Finalmente la Amedi ha optado por sumarse colectivamente a la tesis que algunos hemos sostenido desde hace tiempo: sólo una reforma constitucional adecuada hará posible la creación de un órgano constitucional autónomo que quiebre los vínculos de contubernio entre el Ejecutivo y las empresas, regule la orientación de los contenidos, proteja el interés ciudadano, promueva la pluralidad informativa, asuma democráticamente los avances tecnológicos, aliente la difusión educativa, pública y comunitaria, vele por el cumplimiento de la ley, y, sobre todo, revise y redistribuya las concesiones.

En el marco de la Ley para la Reforma del Estado se han presentado además dos proyectos concurrentes. El primero, en el grupo de trabajo sobre régimen político, por la comisión competente de la Cámara de Diputados, que propone la reforma concatenada de varias disposiciones constitucionales.

El segundo por quien esto escribe, que presentó dentro del capítulo de derechos humanos, en su calidad de consejero del ejercicio, que sugiere la adición del artículo sexto con el texto actual del séptimo, de modo a reunir en uno solo las libertades de expresión y de prensa, así como la redacción de un nuevo artículo séptimo, destinado a regular exclusivamente los medios electrónicos. Propongo además modificar la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución a efecto de facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, competencias de las que hasta ahora carece.

Lo esencial es que el debate de la reforma sea abierto y participativo. Que no sea secuestrada la negociación por los mandarinatos parlamentarios, como ocurrió con la ley Televisa. Que sepamos al menos quién teme al lobo feroz y quién pernocta con él.

bitarep@gmail.com