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Más que la eficacia de su gobierno, Calderón busca legitimidad Otra vez, una tragedia anunciada, de la que nadie hizo caso El agua que desbordó los caudalosos ríos que cruzan por el estado de Tabasco —Grijalva y Carrizales, entre otros—, no sólo inundó los hogares de casi un millón de personas, tabasqueños pobres en su mayoría, sino que frente a embates naturales como el que provocó la mayor tragedia que vive esa entidad, queda claro que también naufragaron las capacidades preventiva y de reacción del Estado mexicano todo, y de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. Y frente a la responsabilidad del Estado mexicano en una tragedia como esa, no faltan los que insisten, empezando por el propio Felipe Calderón, que las inundaciones que devastaron Tabasco son producto de fenómenos naturales extraordinarios, como el cambio climático —lo que en opinión de especialistas es cierto sólo de manera parcial—, o aquellos que sin más, aplauden la pronta reacción del Presidente para acudir al lugar de la tragedia —en donde se privilegia la imagen mediática del mandatario, lo mismo llenando sacos de arena que cargando despensas—, para coordinar las labores de asistencia; como tampoco están ausentes las voces que reclaman “no politizar la tragedia”, como si la política y el ejercicio del poder estuvieran totalmente ajenos a lo que pasa en Tabasco. De nueva cuenta queda claro —como ocurrió en días recientes en la tragedia de la Sonda de Campeche, que costó la vida a 22 trabajadores petroleros— que la fuerza de la naturaleza es cambiante, que se expresa incontenible de tanto en tanto, que reclama territorios y hasta cobra agravios a su delicado equilibrio, pero también es cierto que los estragos causados por esas fuerzas naturales podrían ser menores, y hasta se pudieran prevenir, con políticas de Estado eficientes, con políticos responsables y comprometidos con la preservación de las vidas y los bienes de sus representados y, sobre todo, con la elaboración y aplicación rigurosa de un mapa nacional de riesgos; lo mismo para huracanes que inundaciones, para sequías que deforestación, temblores o zonas de derrumbes. Por eso resulta paradójico, indignante y hasta ridículo, que en las dos tragedias recientes que han sacudido las conciencias colectivas —la de dos plataformas petroleras siniestradas y las inundaciones de Tabasco—, y que merecieron no sólo la pronta intervención presidencial, sino respuestas declarativas contundentes —como las de realizar una investigación a fondo, en la primera y la de prometer que Tabasco será reconstruido, cueste lo que cueste—, en realidad presenciamos la crónica de dos tragedias anunciadas. Semanas y meses previos, en los poderes Legislativo y Ejecutivo —en las cámaras del Congreso, en la Secretaría del Trabajo y en Pemex, sólo por citar algunos centros de poder y responsabilidad—, todos sabían del riesgo inminente de una potencial tragedia en las plataformas petroleras que por cientos extraen petróleo para exportación. ¿Quién movió un dedo para evitar esa tragedia? ¿Quiénes en las instituciones del Estado mexicano eran los responsables de echar a caminar los mecanismos preventivos? En las semanas y meses previos a las inundaciones que han arrasado Tabasco, en los poderes Legislativo y Ejecutivo —entre legisladores de partidos políticos, el PRI en especial, en el gobierno de Tabasco y en instancias como la Comisión Nacional del Agua—, eran muchos los que vieron los focos rojos en Tabasco, ante una inminente inundación. ¿Y quién movió un dedo? En los dos casos la capacidad preventiva y de reacción de una buena parte del Estado mexicano, si no es que todo, hizo agua. Y no se trata —como ya lo sugieren algunas voces—, de una responsabilidad acreditada a tal o cual gobierno, a tal o cual partido. No es culpa de los azules, los amarillos o los tricolores; es una responsabilidad que alcanza a todo el Estado, en el que existen gobiernos azules, amarillos y tricolores; en el que hay legisladores de las tres tendencias partidistas. Y tendrán razón aquellos que señalen que en tanto jefe del gobierno y del Estado, el presidente Calderón, tiene una mayor responsabilidad. Eso es cierto, pero también lo es que en la pluralidad partidista reinante, no pocos municipios y muchos estados de la Federación son gobernados como auténticos virreinatos, en donde el poder en turno, sea azul, amarillo o tricolor, se ejerce a voluntad del virrey. Tabasco y sus políticos En la tragedia que vive Tabasco, paradójicamente, algunos quieren ver una suerte de reedición de la contienda de popularidades que vivimos los mexicanos rumbo al 2 de julio de 2006. ¿Por qué? Porque dos de los candidatos derrotados surgieron a la política del verde y húmedo Tabasco; Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, y porque el candidato ganador, el hoy presidente Calderón, es el responsable de poner en marcha la maquinaria de rescate y reconstrucción por parte del Estado. ¿Dónde están Madrazo y López Obrador?, se preguntan no pocos. ¿Dónde está el gobierno legítimo de Obrador?, cuestionan otros. En realidad la crisis que vive Tabasco es el mejor laboratorio para medir lo mismo la legitimidad de los liderazgos políticos que la legalidad del o los gobiernos constituidos. Lo que hagan o dejen de hacer a favor de sus paisanos en desgracia, lo mismo Madrazo que Obrador —por muy presidente legítimo que se diga este último—, no está más allá de su responsabilidad personalísima como líderes políticos surgidos de entre esa población hoy en desgracia. Reclamar una responsabilidad y acciones mayores a las que les dicte su código personal de líderes políticos y populares sería lo más parecido a pretender reeditar la polarización política que ya bastante daño ha causado. Más aún, en el supuesto de que el señor “legítimo” pretendiera convertirse en adalid de los damnificados de las inundaciones, no sería más que un grosero acto de oportunismo político. Pero es igual de cuestionable que ante la tragedia, el activismo de Andrés Manuel López Obrador se lance contra los gobiernos priístas de Tabasco. Sin duda que por corrupción, irresponsabilidad o simplemente por negligencia, los gobiernos de Roberto Madrazo y Manuel Andrade y acaso el de Andrés Granier, tienen una importante responsabilidad en la tragedia, por no haber destinado los recursos propios o federales suficientes para crear la infraestructura que pudiera evitar la devastación. Pero el perredismo, y en especial el lopezobradorismo han tenido importantes presidencias municipales, diputados federales y senadores, que tampoco hicieron nada para prevenir las inundaciones. En las dos décadas recientes se tomaron pozos de Pemex en protesta por las condiciones deficientes de sus trabajadores, se organizaron caminatas de repudio a los fraudes electorales y en apoyo a los barrenderos de Tabasco, pero nada se hizo para denunciar la corrupción y la negligencia respecto al peligro de las inundaciones. ¿Por qué en dos décadas no se hizo ni una sola caminata para reclamar que gobiernos estatales o el federal destinaran los fondos suficientes para construir la infraestructura hidráulica que impidiera una tragedia como la que hoy se vive en Tabasco? La respuesta es elemental. Porque prevenir esa emergencia no produce rentabilidad política, popularidad o votos. En el fondo, sea por omisión o comisión, la responsabilidad es colectiva; es de todas o casi todas las partes del Estado, incluyendo a partidos políticos, a líderes y caudillos. Presidente mediático y mal informado Pero además, la tragedia conforma lo que muchos han cuestionado; la legalidad del gobierno de Calderón y la farsa del “gobierno legítimo” del señor López Obrador. Nadie puede cuestionar que resulta positivo que Calderón haya acudido al lugar de las inundaciones de manera rápida y que haya movilizado a las instituciones del Estado en auxilio de los damnificados; que haya suspendido una gira por América Latina para quedarse en México a coordinar de manera personal las labores de ayuda y reconstrucción. En todo caso, lo cuestionable del gobierno de Calderón es, por un lado, el uso mediático de la tragedia —ya que se preparan escenografías en las que aparece en faena llenando sacos de arena y movilizando despensas—, para mostrar ante propios y extraños que está en el lugar, ocupado y preocupado de los damnificados. ¿Para qué esas imágenes, propias de un político en campaña electoral? El Presidente no tiene por qué recurrir a esos viejos recursos para dar testimonio de su preocupación y de la eficacia de su gobierno en una emergencia como la que se vive en Tabasco. ¿Qué es lo que pretende? ¿Acaso acrecentar su popularidad? ¿O busca legitimidad? Alguien debía decirle al presidente Calderón que la legitimidad, según los clásicos de la ciencia política, está mucho más allá de la popularidad, y que la legitimidad está estrechamente emparentada con la eficacia de gestión de un gobierno. Por eso, más que aparecer llenando costales de arena o cargando despensas, podía mostrar resultados concretos; instalación masiva de albergues, dragado de ríos, recuperación de escuelas... Pero lo más preocupante, por otro lado, es la desinformación que mostró Calderón cuando en una ríspida discusión descalificó al gobernador de Tabasco, Andrés Granier —quien le dijo que la tragedia pudo haber sido menor si se realizan las obras hidráulicas ya previstas y que no se realizaron por deficiencias del gobierno federal—, y se empeñó en que las inundaciones fueron resultado del cambio climático. Dijo Calderón: “No nos equivoquemos, el origen de la catástrofe está en la enorme alteración climática”. En efecto, esa es una parte del problema. Pero no es la única, y acaso no es la mayor parte. El de las inundaciones es un problema histórico de Tabasco, ya que por su territorio cruzan dos de los ríos más caudalosos del país —Grijalva y Carrizales—, cuyos complejos hidroeléctricos producen un tercio de la energía eléctrica que demanda el territorio nacional. En décadas recientes los asentamientos humanos en Tabasco, en su capital y en los municipios más importantes, le han arrebatado a la naturaleza pantanos y manglares que eran los contenedores naturales de las grandes avenidas de agua, además de que el dragado de los ríos es insuficiente, y por razones que nadie atina a explicar —más allá de la corrupción y el abandono—, las obras de infraestructura hidráulica en la desembocadura de los ríos al mar se detuvieron. En el fondo, se trata de un problema producto de un sucesión de acontecimientos que van, en efecto, desde los cambios climáticos, la corrupción, el descuido, negligencia, crecimiento desordenado de la mancha urbana que alteró de manera criminal la vida natural de los ríos y sus escapes y, de manera especial, a la ausencia de una política de Estado para prevenir desastres naturales como ese. Se trata de una acumulación de problemas que no se pueden acreditar al gobierno de Calderón o a los del PRI en Tabasco, sino a un conjunto de gobiernos e instituciones que a lo largo del tiempo no hicieron su trabajo, descuidaron sus respectivas responsabilidades y se olvidaron de la cultura de la prevención. Solidaridad a prueba Y es que de nueva cuenta gobiernos municipales, estatales y el federal les quedarán a deber a sus gobernados, a los que recurren cuando son tiempos electorales, pero a los que olvidan cuando se trata de asumir sus responsabilidades. En Tabasco todos saben que la lucha diaria, cotidiana es con el agua, fuente de vida y riqueza invaluable —quizá más que el petróleo, por su carácter de riqueza renovable—, pero capaz de producir tragedias como la que se vive nuevamente en esa entidad. Y frente a la deuda de las instituciones, de todo el país se produjo una rápida y copiosa respuesta en apoyo a los compatriotas damnificados. La ayuda fluye lenta, pero la respuesta ciudadana es, como siempre, ejemplar, un ejemplo que no penetra entre los políticos y los gobernantes que por mucho tiempo no tendrán cara para pedir el voto de los tabasqueños. El Edén en desgracia. En el camino Dicen los que saben que está cerca la fecha para que “salga humo blanco” de la Junta de Gobierno de la UNAM y se dé a conocer el nombre del elegido para relevar al rector Juan Ramón de la Fuente. Entre algunos de los candidatos, se acusa de prácticas priístas salidas de la propia Rectoría para favorecer al “delfín”, José Narro. En tanto, encuestas van y encuestas vienen. Y una de ellas, una más, en este caso elaborada por la empresa Ballesteros y Asociados, reporta los siguientes resultados. Con el 18% de las preferencias —en un muestreo con 61% de estudiantes, 16% de trabajadores y 13% de catedráticos y 10% que no se identificaron— se encuentra Diego Valadés; con el 16% José Narro, con el 14%, respectivamente, José Antonio de la Peña y Fernando Pérez Correa, y con el 11% de las preferencias Rosaura Ruiz. ¿Pero qué creen? Las encuestas no cuentan, sino los amarres políticos, los intereses y hasta las herencias. Al tiempo. aleman2@prodigy.net.mx
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