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Un niño de cuatro años fue violado en su escuela por dos de sus maestros. Ellos tuvieron la complicidad de otra profesora del menor y la directora del Instituto San Felipe en Oaxaca. Su madre ha recorrido todos los aterradores pasillos del maltrato y el descrédito de las autoridades locales encargadas, supuestamente, de impartir justicia. Hoy pide ayuda en la ciudad de México. Me tocó escuchar en dos diferentes estaciones de radio, la entrevista que Leticia Valdez ofreció para solicitar ayuda para que sean encarcelados los violadores de su hijo, dos maestros que no tuvieron empacho en agredirlo varias veces y después sentarlo en una pileta de agua fría. El menor presentaba alteraciones en el sueño, miedo a la oscuridad, temor, mucho temor de ir a la escuela y después de salir de ella, un gran malestar. Por supuesto que esto alarmó a la madre quien cuidadosamente logró que el pequeño denunciara a sus agresores. Inmediatamente visitó al médico quien confirmó sus sospechas; después solicito ayuda siquiátrica para ella y el menor. El laberinto de la complicidad El primer gran obstáculo que la señora Valdez encontró fueron las autoridades. La pésima educación sexual, la falta de sensibilidad, no les permite, en la gran mayoría de los casos, creerle a los pequeños, ni creer tampoco que sus propios maestros sean los responsables. Sometieron al niño a largos interrogatorios de más de tres horas en donde el menor quedaba exhausto. ¿No podrán diferenciar entre el interrogatorio a un homicida o un narcotraficante y un menor de cuatro años violado por adultos?, ¿se requerirá de un alto grado de inteligencia o sensibilidad? Después viene la lentitud del trámite, el hacer tiempo para… para qué. Los dos agresores tuvieron tiempo de huir del estado y por el momento no aparecen. La madre del niño al ver que el asunto no procedía, viajó al Distrito Federal para dar a conocer el caso y solicitar ayuda a las autoridades. No es el primer caso, ni será el último que se enfrente con estos obstáculos oficiales, pero sí es digno de llamar la atención que una mujer se lance a la capital del país para llevar hasta sus últimas consecuencias su denuncia. Muchos intentos similares se pierden en el camino de la desolación, del dolor y la estigmatización. Algunos incluso de han visto precisados a cambiar de ciudad y hasta de identidad. Pareciera que socialmente se ve peor a la víctima que al victimario. ¡Qué vergüenza lo que le pasó a fulanito!, ¡Qué escándalo! Pero el que debería sentir vergüenza es el agresor, y la sociedad tendría que estar interesada en la recuperación del o la menor, y por la detención de estos criminales que no dejarán de delinquir hasta que algo o alguien los detenga, la cárcel, por ejemplo. Me pregunto si es posible que una directora de escuela no sepa lo que sucede en sus instalaciones. ¿no sabría que la titular de la clase del niño era quien mandaba al menor con el maestro de computación?, ¿no sabría que Hugo, el amigo del maestro, les tomaba fotografías?, ¿de verdad estará ajena al evento? El silencio nos hace cómplices y ninguna amistad o compromiso puede estar por encima del bienestar de esos pequeños. La historia se repite casi de igual forma, no olvidemos los casos del estado de Morelos hace unos años, o lo que hace unos meses leíamos sobre el abuso en el Colegio Oxford. En el primer caso se habló de los disfraces de muerte o payaso que usaban los agresores, los niños decían que les tomaban fotografías y fueron varias las víctimas. En el segundo, el maestro de deportes era el acusado. ¿Qué propuestas tendrían los padres de familia para evitar esos abusos en las escuelas públicas y privadas? Muchas tareas pendientes Pienso que situaciones como esta ponen el dedo en una serie de tareas que tenemos pendientes. No sería en vano retomar la idea original que alimentó la creación de la Agencias Especializadas en Delitos Sexuales para aplicarla en toda la República. Se trataba de la creación de un espacio en el que las víctimas de abusos y violencia sexual recibieran una impecable atención legal y médica. Las doctoras especializadas que revisarían a la víctima rescatarían cuidadosamente todo aquellos elementos que pudieran facilitar la identificación del violador. Su declaración sería tomada detalladamente, considerando el estado de shock en que llega la persona y sin hacer insinuaciones que sugirieran que la víctima fue quien propició el ataque. Se le sugerirían espacios para apoyo sicoterapéutico. No sé si en otros países exista alguna figura jurídica cuya presencia sea inevitable cuando un menor de edad tenga que declarar, sobre todo en temas del orden penal. Por lo pronto aquí en México no existe. Las autoridades oaxaqueñas no permitieron que el menor fuera acompañado por su madre, e incluso por un abogado. Expusieron al menor a preguntas contradictorias que buscaban su confusión. Este trato al que fueron sometidos madre y menor, puede ser denunciado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que seguramente encontrará elementos para una recomendación. Existe otro problema que compartimos con casi todo el mundo, pero que no nos exime de responsabilidades, y es que no tenemos un programa de recuperación para agresores sexuales. Muchos al entrar a reclusorios son agredidos, pero la atención para su recuperación no está considerada. No es raro saber que un violador a los pocos meses, e incluso días, reincida en su delito. Algunos países como Francia han propuesto la castración química, y en otros como los musulmanes se les mata. Algunos siquiatras mexicanos dicen que existiendo la culpa puede vislumbrarse una posible recuperación, pero no hay nada determinante en ese sentido. ¿Cuál sería y cuánto costaría un programa para la rehabilitación de pederastas, violadores o abusadores sexuales.? Por otro lado, es necesario educar y sensibilizar a los ministerios públicos, a veces parece que defienden a los criminales. Sus mitos, sus prejuicios y su mala educación sexual, su homofobia en otras ocasiones, no les permite abordar estos casos con eficacia. La educación es necesaria también para nuestra comunidad, eso que algunos llaman sociedad. Tendríamos que educarnos y sensibilizarnos para que tampoco nuestro desconocimiento en la materia sea generador de comentarios y actitudes estigmatizadoras o francamente discriminatorias de estas personas. Tendríamos que impedir que nuestro miedo se reflejara descalificando el testimonio de los niños y niñas abusados. El respeto por el dolor de la familia y su víctima puede ayudarnos a que nuestros hijos, nietos y otros familiares desarrollemos y pongamos en práctica esa palabra que cada vez parece más lejana, solidaridad.
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