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Choque de poderes
El año 2000 el país conoció la alternancia en el poder, pero la derrota del PRI consolidó una tendencia que había empezado a perfilarse de tiempo atrás: el sometimiento de los poderes constitucionales, incluida la Presidencia de la República, a los poderes fácticos. En la era de la massmediatización, nuestro tránsito hacia la democracia se acompañó de modificaciones significativas en las formas de “hacer política”: la irrupción del marketing, la trivialización de la política... La competencia democrática se convirtió en un gran negocio para las empresas de radio y televisión. En el más reciente proceso electoral federal más de 70% de los dineros partidistas fue a parar a las empresas de comunicación, los partidos se transformaron en meras estaciones de paso de los dineros públicos. Pero no sólo eso: el poder de los medios se acrecentó y, con ello, el miedo de los actores políticos a enemistarse con tan poderosos señores. Con el asalto al cerro de Chiquihuite en diciembre de 2002, donde se ubicaba el transmisor de Canal 40, por un comando de TV Azteca, quedó claro que los medios lo podían todo o casi todo: enjuiciar, pontificar, denunciar, censurar, tergiversar, incluso tomar la justicia en sus propias manos. En marzo del año pasado, en plena campaña, los industriales de la comunicación fueron por todo y lo obtuvieron: le impusieron al Congreso de la Unión sus propias reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión. Sin embargo, la buena suerte de los medios empezó a declinar primero, en junio, cuando el pleno de la Suprema Corte desmanteló ese adefesio bautizado como ley Televisa-TV Azteca. Segundo, cuando en estos días el Congreso de la Unión aprobó una serie de modificaciones constitucionales para sentar las bases de una nueva relación entre política, medios y dinero. La discusión de la reforma electoral puso a los legisladores, particularmente a los senadores, en ruta de colisión con uno de los mayores poderes fácticos: los medios electrónicos. Este choque de poderes, empero, condujo a que tanto en el bando legislativo como en el mediático se mezclaran el agua y el aceite. Los tres partidos mayores, PAN, PRI y PRD, hicieron de lado sus diferencias para encarar un dilema crucial: ellos o nosotros. Mientras que los medios y sus personeros se quisieron presentar como adalides de la libertad y defensores de la democracia, pero quedaron reducidos a simples defensores de su interés. Al final, como se sabe, este round lo ganaron los legisladores. Una clase política timorata tuvo un arrebato de dignidad: a las radiodifusoras y al duopolio televisivo se le acabó el negoció —al menos legalmente— de la propaganda político-electoral. Con sus asegunes, la reforma electoral tiene avances notables, pero peca de ingenuidad el senador Carlos Navarrete cuando concluye que va a “terminar de tajo con la carrera al despeñadero que todos los políticos llevamos varios años recorriendo, de la búsqueda incesante de dinero, a como dé lugar, incluso vendiendo el alma al Diablo, con tal de conseguir el dinero que se nos pide para poder aparecer en la televisión, en la radio y en las campañas electorales”. La lucha por el poder tiene senderos ocultos. Nadie ignora que el dinero ha sido factótum en las contiendas electorales. Dinero para promociones personales que se entrega disfrazado de contratos de difusión de la obra de gobierno. Pero ahí no se agotan los arreglos; hay otro dinero ilegal que proviene lo mismo de las arcas gubernamentales que de contribuyentes clandestinos, incluido el crimen organizado, y que se entrega por debajo de la mesa a dueños, concesionarios y comunicadores. Hoy el incentivo para operar en lo oscurito será mayor: la compra de espacios, de entrevistas a modo, de coberturas y reportajes a cambio de cantidades entregadas por debajo de la mesa. Los medios seguirán teniendo el sartén por el mango en materia de crear o destruir imágenes, seguirán decidiendo su acercamiento a los temas y a los personajes políticos, y eso cuesta y mucho. Queda mucho por ver, apenas es el comienzo de una lucha de poderes.
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