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Aunque muchas de las modificaciones al régimen electoral son positivas, el conjunto de ellas adolece de un déficit democrático, atenta contra los derechos ciudadanos y es tecnológicamente obsoleto

El gobierno de Felipe Calderón ha dado un paso crucial para consolidar su legitimidad en los hechos y para cambiar del inmovilismo a la dinámica legislativa al conseguir la aprobación de la reforma fiscal. Es a todas luces claro que la reforma obtenida no es ni la óptima ni la última que necesita el país.

No se puede negar tampoco que la reforma haya implicado un costo por la negociación política que llevó a dar más recursos a Pemex sin obtener concesión alguna a cambio y aceptar las modificaciones constitucionales de la reforma electoral. Vale la pena preguntarse si esta reforma posible fue al fin de cuentas deseable. Esto depende de manera fundamental de las reformas pendientes: si la fiscal y la electoral son las últimas grandes reformas, no vale la pena el precio. No obstante, si las reformas son un preludio de otras por venir, ha valido la pena romper la larga racha de desencuentros en el Congreso de la Unión.

Amén de las características propias de ambas reformas, un aspecto positivo de ellas es la voluntad de los políticos en el Ejecutivo y el Legislativo de enfrentar a grupos opuestos a los cambios.

Esto debería mandar una señal de alerta a los otros muchos sectores donde todavía faltan reformas modernizadoras. Desafortunadamente, no todos los aspectos de las reformas —en especial de la electoral— son producto de un impulso progresista sino más bien revanchista y oportunista, por lo que es prematuro pasar un juicio definitivo sobre el rumbo futuro.

Aunque muchas de las modificaciones al régimen electoral son positivas, el conjunto de ellas adolece de un déficit democrático, atenta contra los derechos ciudadanos y es tecnológicamente obsoleto.

La reforma electoral adolece de un déficit democrático con respecto a la merma de la participación ciudadana en el proceso electoral y el fortalecimiento de los partidos, además de reducir las posibilidades de futuras enmiendas al haber legislado las características del Instituto Federal Electoral y las campañas en la Constitución y no en la ley. Plasmar el detalle del proceso electoral en la Constitución la desestima y hace mucho más difícil cambiarla en el futuro. Esto implica un déficit democrático ya que impide a futuros gobiernos mayoritarios y democráticamente electos modificar las modalidades del proceso. Las constituciones cumplen el propósito de establecer derechos y obligaciones fundamentales y la estructura de gobierno y no deben ser utilizadas, como se hizo ahora, para transformar al IFE en una nueva oficina de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) con el propósito de elaborar pautas de publicidad y asegurar su cabal cumplimiento en todas las estaciones de radio y televisión del país.

Los ciudadanos verán sus posibilidades de participación reducidas no sólo en términos de sus derechos a presentarse como candidatos a elección que otorga el artículo 35 fracción II en el Título primero, capítulo de Garantías Individuales, pero que anula de forma total el nuevo artículo 41 en el Título segundo, capítulo I De la Soberanía y de la forma de Gobierno (al parecer el título segundo es más importante que los derechos fundamentales del primero), y en términos de la prohibición de influir en el proceso electoral. La reforma constitucional propuesta establece en su artículo 41 que “Ninguna otra persona pública o privada… podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales”.

Esta tajante prohibición, violatoria de la garantía individual de la libertad de expresión, se aplica en todo tiempo y no sólo durante las campañas. Cabe pensar si un anuncio en radio en contra o a favor de un segundo piso por parte de un grupo de ciudadanos no será interpretado como con propósito de influir en las elecciones. Más aún, si los ciudadanos no pueden influir en las elecciones de sus representantes ¿en qué podrán hacerlo? Una mucha mejor solución hubiera sido obligar a la total transparencia para la colocación de publicidad de corte político.

La reforma es también tecnológicamente obsoleta. Es posible que los legisladores que la votaron no se hayan dado cuenta que en las campañas modernas con creciente frecuencia la Internet es un principalísimo medio. En Estados Unidos, por ejemplo, los blogs influyen tanto o más en la discusión de contenidos y en la propaganda negativa y positiva, que los medios electrónicos e impresos tradicionales. Además, en la precampaña para la campaña interna del partido demócrata se dio un debate recientemente con preguntas a través de YouTube. ¿Se va a limitar que los noticiarios cubran lo que se publique en la red?

Para evitar que partidos y ciudadanos contraten publicidad en radio y televisión del extranjero, el artículo 41 establece que “Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero”. ¿Piensan los congresistas incluir a la Internet en esta prohibición cuando redacten las reformas a la ley o van a permitir publicidad en la red que influya en la elección o que “denigre a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas? ¿Promoverá el Congreso de la Unión una negociación con Google como hizo China para coartar la libertad de expresión?

buzon@cmmsc.com.mx