Empresa

La presunción de la dependencia encabezada por Eduardo Pérez Motta apunta a una posible colusión del gremio para unificar tarifas al margen o en agravio de las reglas de la competencia.

Dicho con todas las letras, pese a la existencia de un buen número de opciones, los usuarios no tienen la posibilidad de ubicar lo que mejor convenga a sus intereses, dada la uniformidad de costos en la magia del uno para todos.

El cártel de las hipotecas, de los testamentos, de la compra de bienes inmuebles o de la fe publica de documentos oficiales.

Textualmente, la resolución de la CFC publicada en el Diario Oficial habla de “una posible práctica monopólica absoluta consistente en contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son ofrecidos o demandados”.

Más aún, se habla de presunto intercambio de información entre agentes de la misma causa hacia el mismo objeto: cerrar la vía hacia la competencia. El sustento de la indagación se encuentra en el artículo 33 de la Ley Federal de Competencia Económica.

El ordenamiento faculta al director general de Prácticas Monopólicas Absolutas y Restricciones al Intercambio Interestatal de la dependencia, para expedir órdenes de presentación de documentación e información relevante, y aún para citar a declarar a quienes tengan relación con la indagatoria, presumiblemente el propio Colegio de Notarios.

Más aún, se podrían incluso realizar visitas de investigación in situ para tramitar, coordinar y supervisar el procedimiento, utilizando, en su caso, “las medidas de apremio correspondientes”.

El golpe llega tras una larga tregua en que el gremio logró aplastar a los corredores públicos en una guerra a muerte por un mercado que consideran exclusivo.

Planteada en diciembre de 2004 por la diputada priísta Nora Elena Yu Hernández, el Congreso aprobó una iniciativa de reforma a la Ley de Correduría Pública que limitó al mínimo las facultades de los corredores públicos en el ámbito fedatario.

Lo inaudito del asunto es que quien orquestó el golpe fue la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Rebeca Godínez, a contrapelo del conflicto de interés que representa su condición de notario.

Junto a ella entraron los notarios-legisladores Homero Díaz y Enrique Burgos, a contrapelo del artículo 82 del reglamento del Congreso de la Unión que señala expresamente la obligación de abstenerse de votar cuando algún legislador tenga interés personal en un asunto que se remite al examen de una comisión.

El choque lo provocó la expedición, en diciembre de 1992, de la Ley Federal de Correduría Pública, que ampliaba las funciones de los 266 corredores públicos existentes en el país, en consonancia con reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Desde el punto de vista práctico se les asignaban cinco funciones específicas: agentes mediadores para el intercambio de propuestas entre dos o más partes; peritos valuadores para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios y cotizaciones a su consideración; asesores jurídicos en actos de comercio; árbitros frente a controversias, y fedatarios públicos en hechos, actos, convenios y contratos de naturaleza mercantil, excepto inmuebles.

La novedad es que las tarifas de los profesionales representan menos de la mitad de las de los notarios.

Así, mientras; éstos cobran 13 mil pesos por sancionar la constitución de una empresa, los corredores públicos lo hacían por seis mil… en la búsqueda de clientela de nivel medio y popular.

El caso es que, desatada la guerra, los corredores públicos debieron acudir al auxilio de la Comisión Federal de Competencia, quien en 1997 expediría una histórica resolución en la que, aplicación de una multa al calce, se determinó que los notarios realizaban prácticas monopólicas al obstaculizar la labor de competencia de los corredores públicos.

El castigo, 10 años después, aún se litiga en los tribunales.

La CFC, pues, va por la revancha… y de pasadita la venganza de los corredores públicos.

Balance general

Colocado en el centro de la moda oficial todo lo que huela a maniobras militares, el secretario de Economía, Eduardo Sojo Garza-Aldape, hablaba hace unos días de “meterle el turbo” a un avión de combate que caía en picada, aludiendo a la tarea de promoción de inversiones extranjeras que realiza el nuevo organismo Proméxico.

Según ello, el crecimiento del flujo alcanzaría 230% en un periodo de cinco años.

El problema es que el símil es incorrecto, dado que el órgano que despojó al Banco Nacional de Comercio Exterior de sus tareas de atracción de apuestas externas estaba muy lejos de ir en picada.

De acuerdo al último informe del banco de desarrollo, durante el periodo 2001-2006 la inversión extranjera captada por la institución se incrementó de 586 a mil 639 millones de dólares, es decir, a una tasa promedio de 22%, con lo que la inercia la llevaría a 226% sin necesidad de meter el turbo.

¿Cuál es, pues, la diferencia?

El problema es que las tareas del Bancomext se realizaban con recursos propios, y a las de Proméxico se les debió inyectar 800 millones de pesos del presupuesto federal.

Camuflaje, pues, costosísimo.

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Aunque en el papel la empresa fabricante de juguetes Mattel salió casi ilesa en México tras su penoso retiro de mercancías en todo el planeta por utilizar pintura tóxica en su confección, lo cierto es que se le aplicará una multa.

La posibilidad habla de hasta el equivalente hasta 10 mil veces el salario mínimo, por violar el artículo 426 de la Ley General de Salud.

A la firma se le acusa de brincarse la norma 051/1-SCFI-SSA-1994, al introducir al país 30 mil juguetes con parámetros por arriba de los niveles de plomo permitidos en la pintura.

Más allá, las autoridades sanitarias tienen la facultad de inspeccionar las bodegas de la firma en el Estado de México para garantizar la inexistencia de más productos con grados peligrosos de toxicidad.

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Aunque hasta hoy no se han cuantificado los daños, está en pie una demanda planteada por el equivalente al Instituto Nacional de Antropología e Historia de Perú contra Teléfonos de México, a quien se acusa de dañar el patrimonio prehispánico.

La denuncia concreta contra la firma de Carlos Slim habla de que al instalar una red de fibra óptica dañó 200 metros cuadrados de un sitio de la cultura Paracas, a la que se ubica como preinca. Se habla, incluso, de daños irreparables a envoltorios de momias con dos mil años de antigüedad.

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Aunque el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) se integraron a la cruzada de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión para pedir un “referéndum por la libertad”, al plantear su inconformidad por las reformas aprobadas por el Congreso a la Ley Electoral, quien salió al ruedo a todo galope fue la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El organismo encabezado por Ricardo González Sada hizo suyo casi a la letra el alegato del senador priísta Jorge Mendoza que habla de vulnerarse la libertad de expresión en el país.

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