Bajo Reserva

Si no hay cambios de última hora, el Senado anunciará mañana miércoles el compromiso de sacar adelante una reforma en materia de justicia penal, que le urge al país. No se atenderán plenamente los alcances propuestos en la iniciativa enviada por el presidente Calderón, pero el avance será sustantivo, incluidas varias enmiendas al texto constitucional. Será una mala noticia para el crimen organizado, y una excelente para los ciudadanos y para la imagen de los legisladores mismos.

En esta edición usted no puede perderse la entrevista con don Sergio García Ramírez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien expresa preocupación sobre el impacto que una reforma penal mal hecha puede tener sobre el respeto a las garantías ciudadanas, el control sobre los cuerpos policiacos y la seguridad misma de los ciudadanos. La inquietud del doctor García Ramírez se sumó a la de ministros de la Corte y otros especialistas que se expresaron en este mismo sentido durante el pasado seminario llamado Seguridad en Democracia, convocado por un grupo promotor con diversas personalidades.

“Apóyanos dos días y gánate nuestra amistad durante el resto de tu vida política”, le dijeron a legisladores los poderosos empresarios de los medios de comunicación, en el momento culminante de las negociaciones sobre la reforma electoral. Tanto senadores como diputados fueron objeto del tentador mensaje. Y no faltaron algunos, los más jóvenes —aquellos que tienen proyectos de largo plazo—, a los que les temblaran las piernas. De ahí que los líderes de las principales fracciones parlamentarias, en especial en el Senado, metieran el acelerador y precipitaran las cosas. No dejaron llegar siquiera la noche, no fuera siendo que en esas horas oscuras...

Profundo malestar causó, incluso dentro de su propio partido, el pronunciamiento del gobernador priísta de Coahuila, Humberto Moreira, quien advirtió que el Congreso de su estado rechazará la reforma constitucional en materia electoral. Ahora nos damos cuenta, por confesión propia, que don Humberto es el gran votador entre los diputados locales. Pero eso será en Saltillo, pues la fracción coahuilense en San Lázaro se adhirió a la reforma, salvo uno de sus operadores directos. No vaya a ser que le falle al señor gobernador, quien aún no informa qué medidas tomará para evitar que ocurran más tragedias como las sucedidas el domingo pasado con la explosión de un camión.

Los consejeros del IFE, que aún encabeza Luis Carlos Ugalde, han empezado a recibir indicios de cómo se concretará, con mayores detalles, el relevo acordado por la reforma electoral, de tal manera que se buscará evitar el periodo de incertidumbre que se asomaba en el texto de la enmienda constitucional, que impone un retiro inicial de tres consejeros 30 días después de que entre en efecto la reforma, y de otro grupo en agosto de 2008. Según nos aseguran en los pasillos del árbitro electoral, hacia mediados de octubre deben saberse ya nombres y apellidos de quiénes se van en los dos primeros paquetes, y quiénes se quedan hasta el 2010.

En el tribunal federal electoral, que preside María del Carmen Alanís, ya tomaron nota también de que algo habrá de meterle mano el Congreso, luego del escándalo ocurrido por la irresponsabilidad del anterior magistrado presidente, Flavio Galván. Las cosas se echarán a andar pronto, y podrían concretarse en la primavera del próximo año.