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Siempre tan atento y solícito, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, contestó de inmediato a la petición que los “barones” de la radio y la televisión le hicieron para que saliera en defensa de la libertad de expresión, vulnerada, según ellos, por los legisladores que aprobaron la reforma electoral. Para cumplir con su deber hubiera bastado con que Soberanes dijera a Enrique Pereda Gómez, dirigente de la CIRT, que la CNDH no está facultada para atender asuntos electorales y punto y se acabó. Pero no, no se aguantó. En su respuesta, el ombudsman pide evitar una aplicación arbitraria de la ley. “La aplicación lata de tal disposición (la prohibición a terceros de comprar publicidad política durante las campañas electorales) podría generar situaciones potencialmente contrarias” a la libre expresión. ¿Para quién es el mensaje? El centro Fox dio a conocer al mundo entero que Vicente Fox Quesada —a quien insiste en llamar “presidente”—, siempre no dará el grito de Independencia en la comunidad de San Cristóbal de San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde tiene su modesto rancho (a juzgar por lo publicado en la revista Quién). Lástima. Se estaba poniendo buena la disputa por los héroes nacionales. El diputado del PRI José Murat presumió ante los medios de comunicación su voto en contra del aumento a la gasolina. Según su dicho, Murat rechazó el impuesto desde la comisión de Hacienda, pero sus compañeros de partido lo balconearon y revelaron que el ex gobernador de Oaxaca no asistió a la negociación última. Es decir, que no sólo no votó en contra en la comisión de Hacienda, sino que no se apareció por ahí. Tuvo tiempo, eso sí, de comer cómodamente en el restaurante Los Cristales, en San Lázaro. Ay, ay, ay, de veras que nadie sabe para quién trabaja. El jueves pasado, la policía del DF montó un operativo en Polanco para aplicar el alcoholímetro. Fernando Peña Garavito, quien fue director de Servicios al Transporte en la época del último regente capitalino, Óscar Espinosa Villarreal, circulaba por la zona y tuvo que exhalar a través del detector de niveles de alcohol… y no pasó. Fue remitido al juzgado cuarto en la Miguel Hidalgo y de ahí hacia “El Torito” donde tendría que cumplir al menos 20 horas inconmutables de arresto. Peña Garavito solicitó un amparo y obtuvo la suspensión provisional que le permitió dejar ese centro sin haber cumplido el tiempo reglamentario. Ahora las autoridades capitalinas confían en que no obtendrá el amparo y regrese a cumplir con las 15 horas que le faltan. Lo que es parejo no es chipotudo. La iniciativa privada pega en la mesa y se irrita con los políticos. Pero cuando gobierna, no siempre lo hace bien. Tal es el caso de Héctor Murguía, ex vicepresidente de Coparmex, en Ciudad Juárez, quien dejará obras inconclusas, como un colector de agua y un centro cívico. El tema es que en Juárez, dos décadas de alcaldes emanados de la iniciativa privada, sean del PAN o del PRI, no han dejado a la ciudad con mejores condiciones de vida. Vean si no: el 11 de septiembre pasado, una niña de 12 años fue tragada por el colector inconcluso. Su caso se sumará a la estadística de impunidad por los asesinatos, dolosos o no, de cientos de mujeres en esa ciudad.
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