Itinerario Político

Fortalece la “partidocracia”, que se convertiría en el poder real

Acotan a poderes fácticos, pero dan golpe de Estado al IFE

El supuesto arreglo institucional que se propone en el Congreso de la Unión con la llamada reforma del Estado, y su primer resultado tangible, la reforma electoral, en realidad muestran signos evidentes de que se trata de un conjunto de enmiendas constitucionales que pretenden modificar la jerarquía de los poderes formales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y hasta la influencia de poderes fácticos como los mediáticos y los sindicales, para crear un nuevo y único poder en México: “partidocracia”.

Y en la “temporada de caza” en que los partidos políticos han convertido el inicio del segundo gobierno de los tiempos de la democracia electoral y la alternancia partidista, no sólo la reforma política ha resultado una propuesta de enmiendas envenenada, sino que el veneno también alcanza a la reforma fiscal, propuesta por el gobierno de Felipe Calderón, la cual en realidad fue convertida en “moneda de cambio” para fortalecer la grosera jerarquía de la “partidocracia”.

Ese poder compartido entre las fuerzas políticas —atrincheradas en el tripartidismo que domina el Congreso—, es el nuevo poder que todo lo puede y lo somete, que busca arrebatarles a los ciudadanos instrumentos fundamentales como el IFE, que cierra la puerta a las candidaturas independientes, a la creación de partidos desde los sindicatos, que impide la reelección en cargos de elección popular —porque sería dejar en manos de los ciudadanos el control de esos cargos— y que aparece como la guillotina implacable para descabezar poderes formales como el Ejecutivo y el Judicial, a organismos autónomos como el IFE —y mañana quién sabe cuál otro— y hasta capaz de someter a los poderes fácticos como la “telecracia” y a los sindicatos corporativos.

Hoy el máximo poder en México está en la “partidocracia”, tara congénita de la democracia electoral que ha secuestrado al Congreso y que desde la “casa del pueblo” y la “representación del pacto federal” diseña un nuevo acuerdo institucional en el que todos los poderes pueden resultar “descabezados” o destruidos según los humores de toda o una parte de esa poderosa “partidocracia”, y en donde no existe ni una sola línea, ni un solo instrumento en manos de los ciudadanos o de otro poder para vigilar, sancionar o limitar el uso y abuso que hacen de la vida nacional los partidos políticos y sus representantes en el Congreso.

Estamos a punto de pasar de la antidemocracia y el autoritarismo del partido de Estado y la presidencia imperial —que todo sometían, corrompían y controlaban— al autoritarismo de la nada democrática “partidocracia”, fuerza que por obra y gracia de la democracia electoral se ha convertido en el nuevo imperio del poder en México. El reino del parlamento, en el que se negocia el silencio del otro o los otros poderes, y en donde con la representación popular y de la República se le arrebata al ciudadano y al Estado el control de los procesos electorales; el reino de los partidos políticos, que de entidades de interés público se convertirán, en los hechos, en intocables y todopoderosos centros de poder privado y familiar alimentados, claro, con dinero público.

Si se aprueba la reforma electoral en sus términos, el Congreso y los partidos allí representados tendrán en un puño al Estado y no estarán obligados a rendir cuentas a nadie. Y nadie es nadie.

Veneno mortal

¿Por qué insistimos en que la electoral es una reforma envenenada? Porque a partir de un puñado de cambios que, en efecto, resultan positivos para la democracia electoral, se introducen un conjunto de reformas que desnaturalizan la ciudadanización y autonomía del IFE, que solidifica el tripartidismo y, lo más importante, que altera la jerarquía de los poderes del Estado, al colocar a la “partidocracia” en la cúspide, como poder único, juez y parte, detentador no sólo del poder público, sino del poder político y de la facultad de descabezar a los poderes formales y autónomos a contentillo, al humor de los partidos y sus dirigentes.

A los ciudadanos en general se les pretende hacer creer que la electoral es la gran reforma. Y en efecto, tiene aspectos positivos. ¿Cuáles? Por ejemplo, que reduce el tiempo de las campañas, regula las precampañas, elimina el secreto bancario y fiscal para la fiscalización de los recursos de los partidos, prohíbe la publicidad gubernamental con fines electorales de los tres órdenes de gobierno, y otorga al IFE facultades alternas para sancionar a partidos, candidatos y particulares que violen las leyes electorales, además de regular la liquidación de los partidos políticos.

En las últimas horas, los tres grandes partidos han asegurado que será aprobado un cambio que resultaría fundamental. Es decir, acabar con la contratación de spots en televisión y radio, por los partidos y candidatos, con lo que se acabaría con el círculo perverso del dinero-elecciones-medios-poder. En pocas palabras, que en tiempos electorales, los partidos y sus respectivos candidatos a puestos de elección popular, en los tres órdenes de gobierno, no podrán comprar espacios para propaganda política en radio y televisión, sino que usarán los tiempos oficiales, que serán manejados por el Estado a través del IFE.

De suyo, de concretarse esa reforma, se podría y hasta se debía hablar de la gran reforma. ¿Por qué? Porque significaría sacar a los poderes fácticos como los medios electrónicos —radio y televisión— de los procesos electorales. Eso significaría el fin del sometimiento del poder público al poder del dinero, al poder fáctico de un puñado de familias que dominan la radio y la televisión; el fin de la más ofensiva transferencia de dinero público a bolsillos privados y el fin del insultante sometimiento de las decisiones públicas y de Estado a los barones de la televisión y la radio.

Sí, sin duda que esa podría ser la gran reforma. Pero aún así, a pesar de que sería un avance gigantesco, esa sería una reforma envenenada. ¿Por qué? Porque empequeñece su impacto y su eficacia cuando se convierte en una transferencia de poderes. ¿Qué quiere decir eso? Poca cosa. Que en otra parte de la reforma electoral, PRI, PRD y PAN —a propuesta de los dos primeros— pretenden quitarle al IFE sus facultades fundamentales de autonomía y gestión y su carácter ciudadano. Y es que se propone crear una contraloría que fiscalizaría al IFE y cuyos jefes estarían en manos del Congreso, además de que se despojaría a sus consejeros de la facultad de participar en la deliberación y análisis de la forma en que los partidos hacen uso de los dineros públicos.

Los partidos les quitan a los poderes fácticos de la televisión y la radio la posibilidad de participar en las elecciones —lo que suena saludable a todas luces— pero al mismo tiempo se apoderan del control del IFE y, lo más grave, dejan fuera a los ciudadanos.

Transfieren el poder fáctico y ciudadano al poder de los partidos. Pero eso no es todo. Los partidos están dispuestos a cerrar en definitiva —y de llevarla a carácter constitucional— la facultad de todo ciudadano a postularse como candidato independiente; prohíben a los sindicatos formar partidos, pretenden elevar el porcentaje para garantizar el registro de nuevos partidos, y en el reparto del dinero público, concentran los mayores beneficios para los tres grandes; PAN, PRD y PRI. Tampoco es todo, ya que se negaron a la reelección, que es otro de los mecanismos por los que el ciudadano les arrebata a los partidos el control de los puestos de elección popular.

¿Qué significa todo lo anterior? Que la reforma electoral no es más que una propuesta para fortalecer la “partidocracia”, de cerrar a piedra y lodo el acceso ciudadano al poder —siempre que no sea a través de los partidos— y de blindar esa “partidocracia” frente a poderes fácticos como los de las televisoras y los sindicatos. ¡Claro!, el dinero público que alimenta a los partidos queda intacto, ya que la propuesta de reducir entre 50% y 70% del financiamiento, no es más que una fórmula mentirosa, como ya lo demostró el Consejo Conciudadano de la Reforma Electoral. Cuando más, se ahorrará un 10%. Es una reforma envenenada.

Veneno amarillo y rojo

Tampoco ahí termina la historia. ¿Por qué el PRD y el PRI quieren despedir a los consejeros del IFE? Les han dicho de todo: corruptos, inmorales, parciales, poco confiables... Todo, pero no han podido probar nada, y menos tienen argumentos para proceder de manera legal, por ejemplo, mediante un juicio político. ¿Entonces qué hay de fondo? El veneno de la venganza. El PRD ya no busca quién se la hizo, sino quién se la pague por la derrota de su “invencible” presidencial. Y el PRI quiere fuera del IFE a los consejeros que llegaron mediante la negociación de su entonces lideresa Elba Esther Gordillo, quien jugó contra el PRI en julio de 2006.

El veneno de la venganza como justificación de un golpe de Estado que tiene mucho más de fondo. El fondo es destruir al IFE como hoy lo conocemos para que mañana, en 2009 y 2012 —y ya con una reforma electoral a modo— puedan llegar al poder las dos versiones del PRI, la del tricolor histórico y la de su réplica amarilla. Todo se vale en esa alianza perversa, envenenada, para descarrillar a la derecha en el poder; derecha que por cierto, cava su propia tumba.

Y en el juego de engaños y dardos envenenados, los voceros del “legítimo” —quienes por cierto, enredados en su incongruencia hoy salen en defensa de Santiago Creel— llaman “golpismo televisivo” a las presiones que ejercen las televisoras contra la reforma electoral que pretende dejar fuera a la radio y la televisión de los procesos electorales. Y en efecto, los poderes fácticos han estado presentes y han actuado con fuerza desde los tiempos en que chantajearon a todos los partidos —incluido el PRD y su “legítimo”— para aprobar la defenestrada ley Televisa. Hoy esa presión y ese “golpismo” siguen presentes.

Pero ese “golpismo” de las televisoras es igual de cuestionable y de pernicioso para las instituciones, que el “golpismo” y “las campañas de hostigamiento, presiones, amenazas y chantajes” que ejercen el PRD, el PRI, contra los ciudadanos y las instituciones electorales, al pretender derribar al IFE y al propio gobierno federal. ¿Qué es, si no un golpe de Estado, la amenaza lanzada por el PRD y el PRI contra el IFE? ¿Qué es, si no un golpe de Estado, que esos dos partidos cierren la puerta a las candidaturas independientes, a la reelección, que pretendan convertir a la “partidocracia” en la cúspide del poder?

Tan perversa y dañina para los ciudadanos y las instituciones es el “golpismo” de las televisoras, como el “golpismo” del PRD y el PRI contra una institución ciudadana como el IFE. Y no se trata de estar en contra de unos para justificar a los otros. La versión maniquea, envenenada, de los voceros del señor “legítimo” supone que salir en defensa de una institución como el IFE es estar en favor de las televisoras. Pero no da, no alcanza para entender que las televisoras y los partidos promotores de la reforma electoral están del mismo lado, y que los dos pretenden un golpe de Estado contra los ciudadanos y las instituciones.

Veneno fiscal

Y un fenómeno parecido ocurre con la reforma fiscal. En efecto, nadie puede estar en favor de un impuesto como el de 5.5% a la gasolina. Y se puede cuestionar todo lo que se quiera esa salida lateral al impuesto universal al consumo —al que tarde o temprano llegarán los gobiernos del partido que se quiera— pero tampoco nadie puede permanecer impávido frente al intento opositor amarillo por derribar al gobierno legal, les guste o no, de Felipe Calderón.

¿De veras, alguien puede suponer que la solución a los grandes problemas está en apostarle al derrumbe del gobierno? ¿Qué es, si no un “golpismo” amarillo, que el PRD y su “legítimo” pretendan tomar el Congreso para que no se apruebe la reforma fiscal? La fiscal también es una reforma envenenada, porque el nuevo impuesto y su impacto entre los que menos tienen es lo que, paradójicamente, menos le interesa a los amarillos y a su “legítimo”. Lo que importa es que tendrán una nueva causa para su lucha por el poder, lucha que camina sobre el venenoso cuento del fraude.

En el camino

Y a propósito de los amarillos, resulta que el escándalo desatado cuando películas Warner se negó a distribuir la cinta de Luis Mandoki sobre el supuesto fraude en 2006, se produjo cuando el vicepresidente de la filial de Televisa —Videocine— Fernando Pérez Gavilán, pretendió ser “más papista que el Papa”, y con el cuento de que la distribución de la película enojaría a sus jefes, Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez, amenazó a Juan Manuel Borbolla, presidente de Warner, de que se metería en un problema si exhibía la cinta. “No te conviene echarte encima a un hombre tan poderoso como Bernardo Gómez”, le habría dicho Pérez Gavilán a Borbolla, quien de esa forma encontró la coartada perfecta y se la comunicó al director de la cinta. Y es que dicen los que saben, que en la película salen muy mal parados Televisa, Azcárraga y Gómez.

Al final de cuentas todo quedó en el uso propagandístico por parte de los productores de la película, que con el escándalo lograron una publicidad que nunca imaginaron. En Televisa el escándalo llegó hasta los más altos niveles y dicen que el señor Gavilán podría salir volando. Por cierto, en la industria del cine los buenos productos tienen muchas puertas abiertas.

aleman2@prodigy.net.mx