Itinerario Político

¿Quién, en su sano juicio, puede estar en contra de que se reduzca el financiamiento público y privado a los partidos políticos en tiempos electorales, en proporciones de 50%, 70% y 80%, respectivamente? ¿Quién estaría en contra de que se acorten a la mitad del tiempo actual las campañas presidenciales y de Congreso? ¿Y quién se opondría a que consejeros y magistrados del IFE y del TEPJF fueran renovados de manera escalonada?

Sin duda que las anteriores, entre muchas otras, son propuestas no sólo saludables para fortalecer los procesos electorales mexicanos, sino que se trata de reclamos generalizados y que vienen de lejos. En realidad los anteriores supuestos son sólo una parte, la parte bonita, de la iniciativa de reforma electoral que se discute en el Congreso, y que quiere ser “vendida” a la opinión pública como la gran “zanahoria” dizque para cumplir con la austeridad económica y el fortalecimiento de los procesos electorales.

Pero la reducción del dinero público y privado en las elecciones, el acortamiento en el tiempo de las campañas y el escalonamiento de los consejeros electorales —además de la posible prohibición en la compra de spots de radio y televisión por parte de los partidos y los candidatos— no son más que un discurso engañoso, mediático, del lado amable de la reforma, porque el garrote con el que el PRI y el PRD amenazan a los ciudadanos y a la independencia del IFE se localiza en la “letra chiquita” de la propuesta.

Primero hay que decir que una corrida elemental de las “rebajas” en el financiamiento del dinero público de los partidos —a partir del monto ordinario del gasto asignado— revela que la reducción real del costo de las campañas es pírrica, no mayor a 5% del total del gasto.

Pero más allá de la “mentira piadosa”, la parte gruesa de la reforma, en donde el engaño es mayor, se localiza en la pretensión de agregar a la estructura del IFE la figura de una “Contraloría General” que “tendría a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del IFE”, y cuyo titular sería nombrado por la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir lo anterior?

En términos llanos, que al colocar sobre la autonomía financiera y de gestión del IFE y de su Consejo General una “contraloría general” —cuyo titular dependería del Congreso—, en realidad se coloca sobre el árbitro electoral a un vigilante de los dineros que maneja, sea para su gestión, sea para las prerrogativas que destina a los partidos. ¿Y qué con eso? Poca cosa, que de manera grosera se vulnera la esencia que le dio origen al IFE: la autonomía financiera y de gestión.

Según esa propuesta, el árbitro electoral sería vigilado por otro árbitro, del mismo peso y con el mismo origen que el Consejo General del IFE, pero con el agravante de que mantendría una clara dependencia de la Cámara de Diputados y, en el extremo, estaría sometido a los partidos y a los humores de sus dirigentes que —paradójicamente— son las instituciones que por definición debían ser vigilados por un órgano del Estado, autónomo como el IFE. En pocas palabras, la propuesta de reforma electoral del PRI y el PRD —y a la que obligarán a votar al PAN a cambio de la reforma fiscal— dejará en manos de los partidos el control de los procesos electorales.

Y es que de manera tramposa, PRI y PRD proponen fiscalizar al IFE —con una figura que dependerá de la Cámara de Diputados—, en lugar de ampliar las facultades del propio IFE para fiscalizar a los partidos y sus candidatos. Eso sí, le quitan al Consejo General la Comisión de Fiscalización y crean un órgano técnico de fiscalización, desligado de los consejeros. El IFE, hay que recordarlo, nació como resultado de un esfuerzo por arrebatar el control de los procesos electorales a los gobiernos del PRI, mediante la autonomía de gestión y financiera, precisamente para garantizar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en los procesos electorales. Pero hoy lo que proponen PRI y PRD es darle la vuelta a esas características, para dejar al IFE en calidad de subordinado del Congreso, que es lo mismo que dejar el control del árbitro en manos de los partidos, de los jugadores.

Pero hay más. Para justificar la reforma electoral y los cambios al IFE se argumenta que los consejeros electorales deben ser despedidos porque carecen de la confianza de los partidos, sobre todo del PRD y del PRI. Pero además se dice que el actual Consejo General del IFE fue integrado sin la participación del PRD, y sólo con el aval del PRI y del PAN. Se dice más: que los consejeros fallaron y que por eso deben ser reemplazados, de manera escalonada.

En el supuesto de que todo eso sea cierto, la reforma no ataca el problema de origen, que es la fórmula para designar a los consejeros, mediante el reparto de cuotas. El PRI y el PRD piden el cambio de los consejeros y dejan intacta la fórmula para elegir a los nuevos. ¿Entonces, de qué se trata? En 2003 aquí dijimos que la integración del nuevo Consejo General se había viciado de origen, ya que por los errores del PRD se dejó en manos del PRI y del PAN el cambio de los consejeros.

¿Por qué entonces el PRD no impugnó esa integración, como lo hace ahora? La respuesta es muy simple, porque el PRD creyó que ganaría aun con ese IFE. Y cuando pierde, ahora sí reclama que se despida a los consejeros. Pero en el extremo de la incongruencia, en la nueva reforma electoral ni el PRD y menos el PRI proponen que se modifique el mecanismo para la elección de los nuevos consejeros.

Piden nuevos consejeros, con el argumento de que a los actuales les perdieron la confianza. Pero elegirán a los nuevos con el mismo método que los anteriores, lo que no garantiza que serán mejores. En el fondo queda claro que el PRD y al PRI lo que quieren es una venganza política, que no les interesa fortalecer la independencia del IFE, sino debilitar a una institución que, nos guste o no, en términos generales cumplió bien su trabajo. Asistimos a la contrarreforma electoral.

aleman2@prodigy.net.mx