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Ricardo Alemán
23 de agosto de 2007

‘Trife’: todos implicados

Lo ocurrido en el Tribunal Electoral debe ser analizado a fondo por el Senado

Ambiciones de poder sepultaron la violación constitucional en que incurrió Galván

El escándalo de corrupción que sacudió al Tribunal Electoral y que exhibió su fragilidad institucional debe ser visto no sólo como un fenómeno mediático catalizado por malos manejos en su administración, sino como un peligroso atentado a la institución en el que todos sus magistrados, la Sala Superior en pleno, están bajo sospecha de violentar el postulado constitucional que regula su administración.

Y es que lo ocurrido en el Tribunal Electoral —la detección de graves irregularidades administrativas y violaciones constitucionales, la poco clara renuncia de su presidente y la engañosa elección de su nueva presidenta— debe ser analizado a fondo por el Senado de la República y, en su caso, investigado por alguna autoridad facultada para ello y para fincar las responsabilidades respectivas, en las que habrían incurrido —por omisión y/o comisión— todos los magistrados de la Sala Superior.

Hoy se sabe que el escándalo surgió cuando el entonces presidente del máximo órgano electoral, Flavio Galván Rivera, le encomendó a su jefa de asesores, Norma Inés Aguilar, la compra de un inmueble alterno para el Tribunal Electoral. A su vez, la señora Aguilar le encomendó a su esposo la búsqueda del inmueble adecuado y los trámites para la compra. En un hecho fortuito, resulta que el edificio que se compraría era propiedad de una pariente de otro magistrado, a quien se le informó que el esposo de Norma Inés Aguilar había propuesto un sobreprecio de 5 millones de pesos, que serían algo así como “la comisión” para quien se encargaría de cerrar el trato. Corrupción, en términos llanos.

Durante las semanas previas al escándalo mediático, todos en el Tribunal Electoral conocieron el caso, al grado que los magistrados se reunieron con el presidente, Flavio Galván Rivera, a quien propusieron que despidiera a su más cercana colaboradora, la señora Aguilar, para resolver el problema. El magistrado presidente se negó a remover a Norma Inés Aguilar —quien era más que su colaboradora—, hasta que uno de los grupos que se formaron entre los magistrados de la Sala Superior deslizó el chantaje, como medida de presión. O renunciaba la señora Aguilar o el escándalo sería ventilado en los medios.

Frente a esa presión, Flavio Galván Rivera cayó víctima de una severa depresión, de la que salió para resolver retirarse de la presidencia del Tribunal Electoral, pero consiguió el consenso del pleno de la Sala Superior —es decir, de todos los magistrados— para continuar como magistrado, y para mantener en su cargo a su estrecha colaboradora, la señora Aguilar. De esa manera se creó el escenario ideal para que lograra su objetivo el grupo de magistrados que pretendían la presidencia y el control total del Tribunal Electoral. Así llegó a la presidencia la señora María del Carmen Alanís. Las ambiciones de poder, por sobre cualquier otra consideración.

Y la maniobra fue ocultada, como todos saben, en una sesión nocturna —a escondidas de todos—, en la que se aceptó la renuncia de Flavio Galván al cargo de presidente del Tribunal Electoral, en la que se orquestó una mayoría prefigurada para llevar a la señora Alanís a la presidencia del Tribunal, y en la que se intentó el “borrón y cuenta nueva”, ya que el pleno de la Sala Superior escondió a los ojos de la opinión pública no sólo el origen del conflicto, la corrupción en torno al magistrado presidente, sino que todos los magistrados avalaron —y lo siguieron avalando en esa sesión nocturna— que el Tribunal Electoral actuara en franca violación al artículo 99 constitucional.

Se engañó a todos cuando se dijo que Flavio Galván renunció al cargo de presidente del Tribunal Electoral por motivos de salud; cuando se escondió la corrupción motivo del escándalo, y cuando se le brindó protección al magistrado Galván, en medio de elogios desmedidos, sobre todo de la nueva presidenta, María del Carmen Alanís. Y es que por vulgares ambiciones de poder, los magistrados sepultaron bajo la alfombra el problema de fondo —la violación constitucional en que incurrió el ahora ex presidente del Tribunal y que todos habían avalado—, y se concretaron a disputar la presidencia del órgano electoral. Todos están implicados.

¿Pero cuál fue la violación constitucional a la que nos referimos? Pues resulta que el artículo 99 de la Carta Magna establece (fracción IX, párrafo tercero): “La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que señala la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un magistrado electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal”.

Es decir, que la compra del inmueble que el entonces presidente del Tribunal, Flavio Galván, le encomendó a su colaboradora debió ser operada por la Comisión del Consejo de la Judicatura —prevista en el 99 constitucional—, no por el presidente del Tribunal. Más aún, el conflicto creado por la compra de ese inmueble también debió ser resuelto por esa comisión —y no solapada por los magistrados del Tribunal—, la que debió vigilar el procedimiento y sancionar a los responsables.

Flavio Galván realizó un procedimiento administrativo de gran relevancia, al margen de la Comisión del Consejo de la Judicatura, lo que significaba una violación constitucional. Eso lo sabían todos los magistrados del Tribunal Electoral, quienes no sólo lo callaron, sino que lo aprovecharon para derribar al presidente, para imponer a una nueva presidenta y para continuar en falta. Si todos en el Tribunal Electoral sabían de la irregularidad y la violación constitucional, ¿por qué todos callaron? ¿No es cierto que hay una complicidad colectiva? ¿Por qué nadie, ni el Senado, ni la Suprema Corte, ni el Consejo de la Judicatura han dicho nada? Y peor aún, ¿por qué ni el Senado ni la Judicatura ni la Suprema Corte han hecho nada? La feria de las complicidades.

aleman2@prodigy.net.mx

 
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Apasionado del periodismo, así explica el autor su dedicación de más de 10 años a este espacio donde se afana en traducir, aclarar y revelar los entretelones de críptico ámbito que es la política. Su trabajo requiere análisis, conocimiento y paciencia para poner en su lugar las piezas del acertijo. Le intriga también la literatura, aunque asegura que ninguna novela es más interesante que la realidad política.
 
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