Empresa

Colocadas todas las baterías del cabildeo de las cúpulas privadas en la exigencia de reducir el monto de la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU), se están utilizando como moneda de cambio ante el Congreso cartas que jamás habían estado en la mesa

De entrada, se acepta la desaparición de los regímenes especiales en materia del Impuesto Sobre la Renta que benefician a dos sectores específicos: la producción de alimentos y el transporte.

De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para este año se calcula una sangría al fisco de 22 mil 742 millones de pesos por el estímulo a las empresas agropecuarias, y de 7 mil 485.8 millones para las transportistas.

Más allá, se levanta el veto para que, como lo prevé la propuesta de reforma integral de la Hacienda Pública, las entidades federativas puedan aplicar un impuesto especial con cargo a bebidas alcohólicas, cigarros, gasolinas y diesel, en afán de incrementar su recaudación.

La alternativa, en el primer caso, enfrentará necesariamente al Consejo Coordinador Empresarial con el Consejo Nacional Agropecuario, y en lo específico con empresas como Maseca, Bachoco, Tyssen, Minsa…, y en el segundo colocará de uñas a las firmas que constituyen el duopolio de la cerveza en el país, es decir Fomento Económico Mexicano y Grupo Modelo, a la par del también duopolio de cigarros, en el que confluyen la Tabacalera Mexicana y Cigarrera La Moderna, ambas en poder del capital extranjero, es decir, Phillip Morris y American Tobacco.

Del otro lado de la moneda, en paralelo, habrá pataleo en la Cámara Nacional del Transporte de Carga, ante la inminencia de la apertura de fronteras a firmas de Estados Unidos.

La postura tradicional de las cúpulas, desde un ángulo, hablaba de que el paraguas para las compañías productoras de alimentos alcanzaba para cubrir la producción agropecuaria del país, en un escenario en que allende la frontera norte se otorgan subsidios sin límite.

Desde otro ángulo, siempre se dijo que incrementar tributos a los vinos, licores y cigarros le abría el camino al contrabando, la piratería y la adulteración.

El problema es que del otro lado de la mesa la Secretaría de Hacienda insiste en que la CETU debe ubicarse como la posibilidad de un tributo mínimo, en un escenario en que la evasión de las empresas alcanza 36%.

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, sólo en el caso del Impuesto Sobre la Renta la evasión alcanza el equivalente a 2.20% del PIB, frente a 4.9 que se recaudó en 2006.

Ahora que la libertad para plantear tributos especiales por parte de las entidades federativas representa un respiro para el gobierno federal, dado que éstas recaudan apenas el equivalente a 0.6% del PIB y mantienen una dependencia de 89% de los ingresos federales.

La exigencia de las cúpulas plantea una reducción de cuatro puntos en la CETU, es decir, pasar de 16 a 12%, además, en una de ésas, de considerarse como deducible el costo de la nómina, incluidas las contribuciones a la seguridad social.

Más aún, se plantea como pilón que se permita, en un escenario de transición, deducir las inversiones realizadas durante este año.

Digamos que las cúpulas, en afán de rescatar de lo perdido lo que aparezca, soslayan de plano las objeciones planteadas originalmente contra el tributo, es decir, que podía provocar el diferimiento de inversiones hasta 2008; que anulaba en la práctica los efectos positivos de la consolidación fiscal, es decir, la posibilidad de empatar las ganancias de las filiales de un conglomerado con las pérdidas de otra u otras; que planteaba un tratamiento inequitativo a los bajos salarios; que propiciaba la doble tributación…

Más aún, en el camino ya no se habla de mantener la deducción de los donativos realizados en favor de instituciones sin fines de lucro, que a su juicio cancelaba un servicio social invaluable para el país.

El obstáculo, en este último caso, fue el que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda el monto de éstos le representa una merma de ingresos al fisco de 25 mil 26.6 millones de pesos.

Y si le seguimos, tampoco se habla ya de excepciones para autoservicios, gasolineras o empresas de servicios en general frente al llamado Impuesto de Combate a la Informalidad (ICI), que le carga 2% a los depósitos bancarios en efectivo superiores a 20 mil pesos mensuales, cuyo monto es acreditable para otro tipo de tributos.

Las grandes cadenas habían señalado que el tributo les provocaría un impacto negativo, dado que trabajan con márgenes de entre 4 y 5%.

Ni tú ni yo, pues.

Balance general

En lo que constituye su primer golpe tras una larga ausencia de los reflectores, el dirigente del Partido Verde Ecologista, Jorge Emilio González, está impulsando una iniciativa por parte de su fracción en la Cámara de Diputados, que de aprobarse implicaría imponer un gravamen especial de 30% a las firmas productoras de pilas.

El tributo,