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Las tropelías del tribunal
El ‘affaire’ en el Tribunal Electoral, sumido en contradicciones y falsedades, empieza a mostrar las cañerías que esconde el prestigio mediático del Poder Judicial Tarde, muy tarde —para evitar un daño en la imagen pública en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación— pidió licencia Norma Inés Aguilar, ex coordinadora de asesores del ex presidente del órgano Flavio Galván, indiciada por actos de corrupción. Mes y medio de jaloneos internos en el tribunal y la terquedad de Galván provocaron que no sólo ella se pusiera la soga al cuello, sino que llevara de la mano a la horca al ex presidente de la institución, y a una enorme fama, por las peores razones, a esa corte federal. El órgano supremo electoral debía ser, por definición, una de las instituciones más robustas y acreditadas, más honestas y solventes. Pero un escándalo de presunta corrupción dentro del organismo ha mostrado no sólo la fragilidad del mismo, sino la pirámide de abusos y encaje al erario público con el que secretamente se manejan. Y todo empezó por lo que menos debería haber comenzado: una mentira. El 6 de agosto, Galván presentó al mediodía su renuncia a la presidencia del tribunal. Bien entrada la noche, un comunicado de prensa del órgano dio cuenta de la separación, argumentando “razones de salud”, y notificando que por “unanimidad” había sido elegida presidenta María del Carmen Alanís. No terminaba de pasar el sofocón, cuando ya se sabía que ni había sido por unanimidad la designación de Alanís, ni la salud de Galván había sido la principal razón de su renuncia. Él fue obligado a dimitir tras la terca protección a su colaboradora, y Alanís inició con un tribunal dividido. De siete magistrados, Alanís recibió cuatro votos, contra dos de Pedro Esteban Penagos y uno de Alejandro Luna Ramos. Un criterio viejo dentro del tribunal es que, para mostrar cohesión, cuando hay votaciones divididas la minoría se suma a la mayoría para presentar una posición común. Eso hicieron, lo que en términos prácticos parece sensato, pero el comunicado desinformó al público. Alanís no llegó como consecuencia de un respaldo total del TEPJF, sino por acuerdos verbales entre los magistrados para maquillar sus diferencias. Pero eran tantas y tanta molestia con Alanís, quien está respaldada por la primera dama Margarita Zavala, que la olla judicial explotó. Tampoco fue la renuncia por razones de salud, aunque Galván sí las invocó, sino por la presión por no haber pedido la renuncia de Aguilar, cuyo esposo había pedido una comisión de 5 millones de pesos a la dueña de un edificio a donde quería el presidente del TEPJF cambiar el órgano electoral, que resultó ser tía de otro magistrado, Salvador Nava Gomar. Galván y Aguilar difícilmente saldrán con responsabilidades judiciales del presunto acto de corrupción. En primer lugar, porque el acto de soborno no lo realizaron directamente, y aunque se pidió la comisión en su nombre, no hay posibilidades jurídicas de probarlo. En segundo, porque el hecho no se consumó; por tanto, no hay delito. Pende sobre el magistrado la inmoralidad y una falta de ética política al no renunciar completamente al tribunal, quedando dañada su imagen y su credibilidad a futuro. Pero, consuelo de muchos, no está solo. El Tribunal Electoral lo acompañó todo el tiempo. La Comisión de Administración del tribunal, que tiene como miembros a Alanís, a otro magistrado, Constancio Carrasco —sobrino del senador del PAN y ex secretario de Gobernación zedillista Diódoro Carrasco—, y a tres consejeros de la Judicatura, el órgano que vigila al TEPJF, nunca recibió solicitud para la compra de otro inmueble. ¿Se puede presumir que Galván, su coordinadora de asesores y su esposo actuaron por cuenta propia? La respuesta podría ser sí, pero dentro del tribunal se sabía de ese proceso de adquisición y ni Galván ni Carrasco, hasta donde se sabe, argumentaron una irregularidad administrativa en el proceso de adquisición, y lo dejaron correr. Más aún, los siete magistrados estaban respaldando una reforma constitucional para que el Consejo de la Judicatura operara como contraloría del Tribunal Electoral y se vigilaran a ellos mismos. La iniciativa deberá ser congelada ahora, pues no se podría entender que después del escándalo en el que se encuentra el tribunal, alguien se atreva a votar en el Congreso a su favor. Mucho debía haberse hecho antes, pues el escándalo de Galván puede conducir hacia las pruebas que demuestren la forma como los magistrados hacen uso del dinero de los contribuyentes. Curiosamente, el golpe planeado contra el Consejo de la Judicatura ya había sido administrado en los hechos. Contra lo que informó públicamente el tribunal, tampoco le dieron aviso de la irregularidad en la compra del inmueble para que iniciara su propia investigación. Su intervención fue posterior. Los magistrados no parecen tener lleno. Después de estallado el escándalo, no tuvieron prurito en detener un bono especial que tienen para “útiles escolares”, ni tampoco se detuvieron a otorgarse, en la primavera, un bono anual como compensación por las horas extras trabajadas, pese a que sólo llevaban nueve meses de gestión. Dentro del tribunal argumentan que es un bono anual que no tiene por qué despertar suspicacias. Sin embargo, hay dos enormes sospechas. La primera es ¿por qué se lo dieron de tres meses y no de uno solo, como se acostumbra regularmente?; y la segunda es que, además de ese bono, ¿son los únicos dentro del Poder Judicial a quienes se les pagan horas extras? Ganan aproximadamente 210 mil pesos al mes, pero con las horas extras son los mejor pagados del Estado mexicano, superando los 240 mil pesos que se embolsan los ministros de la Suprema Corte de Justicia. No hay nada contra el que ganen muy bien, sino contra la opacidad con la cual se manejan. El mismo día en que se estaban introduciendo al escándalo, complicado por sus medias verdades, sus mentiras y sus ocultamientos, ordenaron la retransmisión de los spots de televisión que difundieron en el segundo semestre del año pasado como control de daños por las críticas a la calificación de la elección presidencial, donde presumían que los magistrados electorales son los garantes de la democracia mexicana. Una patética iniciativa, si se contextualiza el spot. Una democracia plena, como sistema de organización social y política, no se limita a las elecciones, la competencia justa y equilibrada, y la alternancia en el poder. Eso es el principio. Su consolidación requiere transparencia y rendición de cuentas, mediante un sistema probado de contrapesos que impidan los excesos de cualquier institución. El Tribunal Electoral estaba pugnando por enmarcar dentro de la Constitución su opacidad. Ahora estamos empezando a ver por qué. Chapalear en el lodo parece encontrarse entre las cosas que mejor hacen. Su problema es que, en esta ocasión, fueron atrapados in fraganti. rriva@eluniversal.com.mx r_rivapalacio@yahoo.com
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