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Habrá Informe y también debate
El PRI confirmó lo que todos saben: que es y seguirá siendo el “fiel de la balanza” El PRD podría quedar reducido al papel de partido que se aferra al pasado Como ocurrió con la llamada reforma fiscal, en donde los estrategas del PRD convencieron a sus pares del PRI para elevar el costo de la negociación y con ello meter a la agenda fiscal la reforma electoral y el cambio al régimen fiscal de Pemex, en el debate sobre la realización o no del Informe —y del cambio en su formato—, el PRI confirmó lo que todos saben: que es y seguirá siendo el “fiel de la balanza”, al sumar fuerzas con el PAN y con ello arrinconar al PRD. Es casi un hecho que con el concurso del PAN y el PRI se logre avanzar en una reforma a la legislación del Congreso, para que el presidente Calderón no sólo cumpla con el mandato constitucional de entregar su primer Informe, sino que también participe en un diálogo directo, en el salón plenario de San Lázaro, con todos los partidos representados en el Congreso. En realidad, asistimos a la posibilidad de presenciar un nuevo inédito en la división de poderes en México —parecido al que se produjo el 5 de diciembre de 1994, cuanto el entonces presidente Zedillo dialogó con todos los partidos en el mezanine adjunto al salón plenario de San Lázaro—, cuyos efectos podrían repercutir no sólo en la esfera mediática del buscado intercambio abierto y directo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino que significaría un primer paso en dirección a abandonar el rígido sistema presidencialista. Lo curioso del asunto —si es que se confirma lo que el PRI y el PAN consideran como un hecho— es que ese paso fundamental se podría dar gracias al empuje de la derecha del gobierno de Calderón y a la aceptación y apoyo del opositor PRI, partido que históricamente se negó al diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Y aquí es donde brinca la primera interrogante. ¿Dónde quedará el PRD en ese cambio? En una inexplicable paradoja, el PRD podría quedar reducido al papel de partido que se aferra al pasado, que cuestionó históricamente, al defender el viejo presidencialismo autoritario que se niega al debate entre poderes. En pocas palabras, la bandera histórica de la izquierda y del PRD —la de promover el diálogo entre Ejecutivo y Legislativo— les habría sido arrebatadas a los representantes de la izquierda, por la derecha a la que dicen combatir, y por el PRI, contra el que lucharon y que les dio origen. Lo más parecido a la historia al revés. Pero el problema es mayor, ya que con el acuerdo casi inminente entre el PRI y el PAN para cambiar el formato del Informe, el PRD quedará arrinconado y será puesto a prueba en condiciones de sometido. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de septiembre próximo, le corresponderá al PRD la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que instalada en Congreso General —con la asistencia de diputados y senadores—, deberá recibir el Informe del Ejecutivo, y dar por iniciados los trabajos del nuevo periodo de sesiones del Congreso. De esa manera, el PRD se podría encontrar frente al peor de los mundos, ya por mandato constitucional —y en tanto partido que tiene en sus manos la Mesa Directiva de la Cámara y la conducción de la sesión de Congreso General—, deberá garantizar el orden y la seguridad del recinto, de los diputados, senadores, invitados especiales y, por supuesto, del presidente Calderón, para la ceremonia del primer Informe y para el inicio de los trabajos del nuevo periodo de sesiones. Es decir, por un lado, el PRD será responsable de conducir la sesión del 1 de septiembre en el Congreso, pero por el otro, deberá impedir que un grupo de legisladores de sus bancadas de diputados y senadores sean obstáculo para que el Presidente entregue su Informe en la misma sesión. Una contradicción entre la negativa del PRD a la seguridad extrema en el recinto del Congreso, y la necesidad de que el mismo PRD llame a la seguridad pública, para impedir que sus legisladores y militantes se movilicen para obstaculizar que el Presidente cumpla con el mandato constitucional. Más todavía, en su carácter de autoridad del Congreso, en la sesión del 1 de septiembre, el PRD deberá reconocer la legitimidad del presidente Calderón, cuanto el jefe del Ejecutivo haga entrega del Informe por escrito. Y las cosas se complicarán en una proporción geométrica, si es que el PRI y el PAN acuerdan reformar el reglamento del Congreso para un debate entre poderes. En esa hipótesis, representantes de todos los partidos debatirán con el presidente Calderón, mientras que la autoridad del Congreso, en este caso el PRD, no sólo se negará a reconocer la legitimidad del Presidente, sino que sus legisladores —dentro del recinto— podrían arremeter contra el “espurio”, en tanto que fuera del recinto se estarían manifestando los seguidores del PRD contra Felipe Calderón. Un escenario que rebasa los síntomas de la esquizofrenia política y que de plano se instalaría en la absoluta locura política. Todo parece indicar que el PAN y el gobierno de Calderón le apostarán a una suerte de la “teoría del caos”, en la solución al dilema de presentar el primer Informe y inaugurar el debate entre poderes. Y para ello, y a un costo que aún no aparece de manera pública, podría alcanzar una alianza con el PRI y con el resto de fuerzas políticas, salvo el PRD, para dar un paso que desde hace décadas era una bandera de la izquierda mexicana. En sentido contrario, el PRD literalmente “se hizo bolas”, sus legisladores y dirigentes no mostraron la capacidad de entender la trascendencia de la bandera que les fue arrebatada por la derecha y por el PRI, y podrían quedar en calidad de partido que se aferra al pasado, si no es que se empeña en negarse a sí mismo. Y todo porque el PRD no logra descifrar el dilema entre el camino institucional y reacciones hepáticas de un pequeño grupo delirante. Al tiempo. aleman2@prodigy.net.mx
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