La falta de una lucha contra la corrupción gubernamental por el contrabando de seudoefedrina le garantiza a Zhenli Ye Gon una larga estadía en Estados Unidos
Por si alguien no se ha dado cuenta, el gobierno de Estados Unidos está sumamente irritado con el de México porque pese a que desde mayo de 2005 el Departamento de Justicia de aquel país le entregó un informe de los nexos de funcionarios de Aduanas y de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) con Zhenli Ye Gon para el contrabando de seudoefedrina, las averiguaciones fueron lentas y no han producido arrestos de peces gordos.
La irritación de Washington produjo que protegieran a Ye Gon en Estados Unidos ignorando la petición mexicana de ubicación; que su detención no fuera producto de la petición de extradición sino para iniciar un proceso contra él en ese país, y que en ningún momento ha habido un apoyo claro al gobierno de Felipe Calderón en la materia.
Las cosas no van a cambiar radicalmente, pero el gobierno de Calderón empieza a moverse de manera incómoda, paradójicamente, en señal positiva de que el caso Ye Gon en efecto —como comunicó el gobierno de Estados Unidos hace más de dos años— toca fibras sensibles en lo alto de la administración del ex presidente Vicente Fox.
La Secretaría de la Función Pública está investigando a dos altos funcionarios de la Cofepris, que depende de la Secretaría de Salud, y a uno más de la Administración General de Aduanas, que depende de Hacienda, lo cual coloca en la mira a Luis Roberto Patrón Arregui, ex director de la aduana en Manzanillo, y Ernesto Enríquez Rubio, ex director de Cofepris, protegidos por los ex secretarios Francisco Gil, de Hacienda, y Julio Frenk, de Salud.
La Secretaría de la Función Pública está trabajando con la PGR para fincar los cargos, y aunque no se sabe aún si saldrán directamente implicados en esta primera fase de la investigación en sus áreas, es probable que por ahí comenzará a desmadejarse la red de complicidades que protegió a Ye Gon en México mientras construía un imperio de tráfico ilegal de seudoefedrina para la producción y distribución de metanfetaminas, según acusan México y Estados Unidos.
Patrón Arregui, alto funcionario del Servicio de Administración Tributaria, y Enríquez Rubio, secretario de Administración del PRI, tienen que explicar por qué Ye Gon, quien no tenía autorización para importar seudoefedrina desde 2005, pudo introducir cuando menos 68 toneladas del producto químico sin ser molestado.
En un oficio de la Cofepris del 1 de julio de 2005 se retiró el permiso para importar sicotrópicos o precursores químicos a ocho empresas y personas físicas, entre las que se encontraban Ye Gon y sus compañías Unimed Pharm Chem México y Unimed Pharmaceutical. El oficio fue girado después de que, ante la presión de Estados Unidos por el incremento de tráfico de metanfetaminas a su territorio procedente de México, la PGR pidió que se retiraran los permisos de importación a quienes no fueran productores en México, con lo cual la importación se redujo de 240 a 150 toneladas al año entre 2005 y 2006.
Esto no fue problema para Ye Gon. Varios testimonios de sus empleados han revelado que colaboradoras del empresario presumían relaciones dentro de Aduanas para importar lo que desearan. En una ocasión, inclusive, según Érick Raymundo Campos, quien era asistente en la contabilidad, dos de ellas comentaron que dos contenedores detectados en la aduana de Lázaro Cárdenas fueron cambiados por otros dos cargamentos lícitos, a tiempo para la revisión. La PGR y Función Pública están enfocados en tres cargamentos que fueron autorizados por Cofepris y Aduanas después de haberse retirado el permiso de importación a Ye Gon y sus empresas. El primero, el 5 de diciembre de 2005, cuando entraron 20 toneladas de seudoefedrina por Manzanillo. El segundo, el 3 de enero de 2006, por esa misma aduana, de 29 toneladas. Y el tercero, el 2 de diciembre de 2006, cuando llegaron por Lázaro Cárdenas, 19.
Los trámites ante Cofepris, responsable de autorizar esos cargamentos, tenían como proveedor a la empresa Emerald Export & Import, de Hong Kong, que de acuerdo con un reporte del cónsul general mexicano en aquel puerto chino, Mario Leal Campos, no existe. Cofepris autorizó tanto la carga de una empresa fantasma como la importación de seudoefedrina para una empresa y una persona impedidas para ello. En los dos primeros casos los pedimentos eran para una sustancia llamada N-Methy-Acetylamino, y en el tercero era Hidroxi-Benzil-N-Metil-Acetamida. Por procedimiento, un lote específico de productos químicos tiene que ser detenido por Aduanas y enviada una muestra a Cofepris para el análisis del producto. No se hizo.
El último cargamento, que entró por Lázaro Cárdenas, fue finalmente decomisado tras el análisis químico. Lo extraño de ese pedimento es que Cofepris no había autorizado por escrito a la empresa Unimed para liberar ese cargamento. En el caso de los dos previos que llegaron por Manzanillo, Ye Gon y Unimed se salieron con la suya, “en virtud —estableció la PGR— de que los resultados (del análisis de Cofepris) se conocieron con posterioridad al despacho aduanero, (y) dicha mercancía logró ser liberada de la aduana”.
Dos cargamentos por un volumen no especificado entraron por Lázaro Cárdenas en agosto y septiembre de 2006 documentados como Hidroxi-Benzil; uno más por ese mismo puerto que llegó en diciembre pasado, ya nunca fue recogido. La DEA, que ya sospechaba de los cargamentos de Hidroxi-Benzil, informó al gobierno mexicano que uno iba camino a Lázaro Cárdenas, donde arribó en noviembre de 2006. Las autoridades mexicanas lo dejaron entrar al puerto, corroboraron que se trataba de seudoefedrina, y lo vigilaron hasta ver quién lo reclamaba. Lo hicieron dos agentes aduanales, Roberto Quintanilla y Uriel Martínez, quienes se encuentran presos por ese cargamento de 19 toneladas decomisado el 19 de diciembre. Pero los agentes aduanales de los cargamentos que sí entraron por Manzanillo, Fanny Gordillo Rustrian y Nelson Prida Barrio, no.
El enjambre de Ye Gon tiene muchos vericuetos y cada vez abre más preguntas. Prida Barrio, por ejemplo, un agente aduanal que opera en Veracruz, otro de los puertos preferidos por el empresario, entregó una aportación de 100 mil pesos al PAN el 19 de diciembre de 2005, 14 días después de que liberaran su primer cargamento con seudoefedrina por Manzanillo. Ni Prida Barrio ni Gordillo Rustrian han sido llamados a declarar, como tampoco Enríquez Rubio. Patrón Arregui, que está indiciado en el expediente de la PGR y es investigado por la DEA, es protegido por Hacienda. De las autoridades principales, sólo ha declarado el administrador de Lázaro Cárdenas, Víctor Manuel Monraz.
Esta lentitud en el proceso judicial mexicano es lo que indigna a Washington. Después de todo, durante 2005 y 2006 los alertaron de lo que sucedía y en diciembre pasado les regalaron la llave que abre la puerta de la probable corrupción en los más altos niveles del gobierno foxista, siempre discutida pero nunca probada.
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