Nadie ha explicado las razones por las que no se procedió a un interinato
Ayer decíamos que “algo poco claro” ocurría en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que mediante un clásico albazo el entonces presidente del máximo organismo electoral renunció de manera repentina a ese cargo la noche del pasado lunes —con el argumento de supuestos motivos de salud—, y la madrugada del martes fue electa como nueva presidenta la magistrada María del Carmen Alanís.
Y en efecto, son muchas las irregularidades en las que habrían incurrido los magistrados del TEPJF al procesar el cambio de su presidente, ya que según información periodística —confirmada por el Consejo de la Judicatura—, son muchos los indicios de que el magistrado ex presidente, Flavio Galván Rivera, no habría dejado el cargo por motivos de salud, sino por otras causas, entre ellas de carácter político, además de que, en efecto, la Judicatura sí realiza una investigación a la gestión del hoy ex presidente del Tribunal Electoral.
Y se pudiera argumentar en cualquier sentido respecto de la renuncia de Flavio Galván Rivera a la presidencia del TEPJF, y el nombramiento en el mismo cargo de la señora María del Carmen Alanís —se podría decir que se trató de una renuncia por motivos de salud, que se debió a la investigación que realiza la Judicatura o que hasta por motivos políticos, o por lo que se quiera—, pero lo cierto es que alguien falta a la verdad en el TEPJF. Y ese, el del engaño a la sociedad, es el problema de fondo, porque el máximo tribunal electoral mexicano —igual que el IFE—, no puede estar bajo la sospecha ciudadana, ya que se trata de la instancia federal con la mayor responsabilidad electoral, como la de realizar el cómputo de la elección presidencial, y de resolver impugnaciones en elecciones federales, estatales y locales.
¿Por qué falta a la verdad el TEPJF? Porque pasando por encima de la transparencia que ética, política y legalmente le obliga, el Tribunal confronta su verdad como si fuera absoluta —en medio de una sesión prácticamente en secreto, convocada para procesar la renuncia de su presidente y para elegir a su nueva presidenta—, con hechos reales que, por lo menos, llaman a sospecha. ¿Quién puede creer la versión de los magistrados del TEPJF, si se esconden en las tinieblas del alba y a puerta cerrada para resolver asuntos que no sólo son de interés público, sino de la mayor trascendencia para la vida democrática del país, como la renuncia del presidente del TEPFJ y su relevo?
Pudimos confirmar, con fuentes de la propia Judicatura y del propio Tribunal Electoral, que efectivamente existe la investigación sobre presuntos malos manejos administrativos por parte del presidente saliente, Flavio Galván Rivera, y que es cierto que la votación para elegir al nuevo presidente fue una votación dividida. En realidad lo que se logró por unanimidad fue un acuerdo entre todos los magistrados para expresar de manera pública su respaldo a quien obtuviera —de entre la mayoría de los magistrados—, la mayoría de votos. Suponer que existió unanimidad en esa votación, por otro lado, es abrir la puerta a la especulación sobre un nada descartable “lineazo”. ¿Quién es capaz de lograr unanimidad, en tiempos de pluralidad, y sobre todo cuando la Sala Superior del TEPJF la integran magistrados de distintos orígenes, con intereses diversos y pertenencias grupales hasta antagónicas?
Pero además, ninguno de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF ha explicado las razones por las que no se procedió a un interinato del presidente —como está previsto en la ley—, si es que el presidente en funciones presentaba un problema de salud, una “diarrea”, que puede ser atendida sin mayor problema en unos cuantos días. Por si fuera poco, el presidente renunciante sólo dejó la responsabilidad de presidir la Sala Superior, y ayer mismo ya trabajaba como magistrado, sin mayor problema, con pleno goce de su jugoso salario. ¿Está enfermo o no?
Hay más. En el supuesto de que haya renunciado a causa de la investigación que sobre su gestión realiza la Judicatura —porque según el artículo 99 constitucional el presidente del Tribunal también preside una comisión del Consejo de la Judicatura que se encarga de vigilar la administración y la disciplina del Tribunal Electoral—, el magistrado Flavio Galván Rivera debió renunciar también al cargo de magistrado, o solicitar una licencia, hasta en tanto termine la indagatoria y se finquen responsabilidades. Pero no fue el caso, porque al parecer bajo el criterio de colegiado cerrado, en donde “la ropa sucia se lava en casa”, se prefirió la salida fácil, y engañar a la opinión pública.
Frente a esa hipótesis, nada desdeñable, entonces todos los integrantes de la Sala Superior del TEPJF son responsables de ocultar lo que pasa en esa institución, fundamental para la democracia electoral mexicana. ¿Quién es responsable de pedir cuentas al Tribunal, de sancionar conductas como esa? Sobre todo a la luz de otro acontecimiento real, preocupante para todos, como el hecho de que en poco más de un año dos presidentes del TEPJF han renunciado, sin que se hayan fincado responsabilidades respecto de posibles manejos irregulares.
Y aquí es donde entra la hipótesis de una variable política. Es decir, que frente a la urgencia de remover al ex presidente del TEPJF, a causa de la investigación que en su calidad de presidente lo convertía en juez y parte, se habría entregado la presidencia de esa institución al grupo político de Manlio Fabio Beltrones, el líder de los senadores del PRI. ¿A cambio de qué? Pronto se sabrá, como muy pronto aparecerán los choques entre el TEPJF y el IFE, porque otro de los objetivos es la cabeza de Luis Carlos Ugalde. Al tiempo.
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