Itinerario Político

BC y Oaxaca, ejemplos de que el sistema electoral hace agua

El problema no está sólo en las reglas, sino sobre todo en los partidos

S i había alguna duda de la crisis que vive el sistema electoral mexicano —y que quedó en evidencia en el proceso federal de 2006—, sólo basta echar una mirada a los comicios que hoy se llevarán a cabo en los estados de Baja California, Oaxaca y Aguascalientes —y sobre todo en los primeros dos estados—, donde los procesos electorales están muy lejos de la llamada “normalidad democrática” que se buscó en la gran reforma de 1996.

Instituciones electorales locales cuestionadas, legislación del ramo con serias deficiencias que impiden que se cumplan los postulados constitucionales de certeza, transparencia y equidad; gobiernos estatales que hacen suya la promoción de sus franquicias partidistas, con uso y abuso de dinero público, topes de campaña rebasados, guerras medáticas que dejan en indefensión a los electores, y una notable ausencia en las urnas son algunas de las características de la jornada que hoy se llevará a cabo en esas tres entidades.

Pero la crisis no alcanza sólo al sistema electoral —en los niveles federal, estatal y municipal—, sino que se expresa sobre todo en los partidos políticos, reducidos a vulgares franquicias de y para el poder, y que han dejado de lado la doctrina y su carecer de alternativa de gobierno, para convertirse en membretes al servicio del dinero, de vividores de la política y, en algunos casos, de parapeto del crimen organizado. Hoy una candidatura a casi cualquier puesto de elección popular no se consigue por los méritos en campaña, por las facultades políticas o doctrinarias, sino con dinero. Y esas posiciones están, en casi todos los partidos, en el escaparate para el mejor postor.

Baja Californa, en guerra

Y el caso más notable de irregularidades en un proceso electoral y de la compra de una franquicia para alcanzar el poder público se puede ver en Baja California, donde hoy habrá elecciones completas: gobernador, alcaldes y Congreso local, y en las que la contienda se dirime entre un difuso bipartidismo PRI-PAN, pues han desaparecido las diferencias doctrinales entre las dos fuerzas políticas debido a la exaltación de las personalidades, más que a las ofertas de partido.

Las de hoy en Baja California serán unas elecciones altamente cuestionadas, no por lo cerrado de la competencia —que enfrenta al panista José Guadalupe Osuna y al priísta Jorge Hank Rhon, quienes aparecen en las encuestas con un empate técnico—, sino por las múltiples irregularidades que antes y durante la contienda se han registrado, y que seguramente provocarán un largo y ruidoso proceso postelectoral. En realidad, en Baja California se vive una verdadera guerra campal en la que todo se vale y en la que dos grupos de poder se disputan la plaza para hacer con ella lo que les plazca.

En el terreno de las instituciones, que debieran ser el árbitro de la contienda y el garante de la limpieza de las elecciones, se cuenta con un órgano estatal electoral de muy reciente integración, cuyos consejeros han sido sometidos a violentas presiones y cuya legislación es altamente cuestionada, ya que no tiene “dientes” para hacer valer los principios por los que, según la Constitución, se debía regir todo proceso electoral. Esas deficiencias legales han convertido la elección de Baja California —como ya se dijo— en una verdadera guerra campal, en la cual la mayor divisa no son los principios de legalidad, certeza, transparencia y equidad, sino la ley del más fuerte.

Hoy en Baja California resultará ganador el más tramposo, el que mayores habilidades haya mostrado para el engaño mediático, el que más haya engatusado a los escasos electores dispuestos a votar, y el que más dinero haya metido en su campaña de promoción. Por un lado, el gobierno estatal aparece volcado en favor de su heredero, el candidato del PAN, mientras que por otro lado el señor Jorge Hank Rhon no es más que un “bulto político”: un empresario exitoso y carismático, pero ignorante y frívolo, que a través de su amigo Roberto Madrazo compró literalmente la franquicia del PRI en Baja California.

Un estado que se dice democrático, con gobiernos que en sus tres órdenes se dicen democráticos, ¿pueden avalar un proceso electoral como el que se lleva a cabo hoy en Baja California? Un sistema de partidos como el mexicano tolera unas elecciones como las de hoy esa entidad. Un Congreso puede permanecer como si nada ante lo que hoy ocurra en Baja California. La crisis que acusó la elección federal de 2006 se extiende a los procesos electorales locales, como los que se viven hoy en la frontera norte. Pero esa es sólo una cara de la moneda. La otra está en los partidos.

¿Qué tiene de político, de priísta, de gobernante, el señor Jorge Hank? Nada. Pero ni falta que hace, porque tiene mucho dinero para comprar lo que sea, una gubernatura si es necesario. ¿Y donde están el PRI y su doctrina, sus anticuerpos políticos, sus filtros para impedir que sus siglas sean usadas por un personaje como ese? En el PRI, como se puede ver —y como también ocurre hoy en todos los partidos políticos—, a nadie le importa quién sea el candidato, siempre y cuando ese candidato sea capaz de sumar nuevos gobiernos a sus banderas.

¿Qué si Jorge Hank Rhon es lo más cuestionable del viejo PRI, qué si representa todo menos al PRI, qué si es un “bulto” y hasta “un peligro” para los bacajalifornianos? ¿Eso a quién le importa? Al PRI, está claro que no, como tampoco a miles de electores que hoy no acudirán a las urnas. Sí les importará a por ahí de 35% de los bajacalifornianos, que sí acudirán a votar. Y muchos de ellos cruzarán la boleta por Hank no porque es el mejor, el más preparado, ni el que tiene las mejores cualidades, sino porque están hartos del PAN.

Oaxaca, la otra guerra

Y en Oaxaca el asunto no es mejor. Hoy se renovará mediante el voto el Congreso local. ¿Por qué cada elección en Oaxaca es separada? ¿Por qué no juntas las municipales y del Congreso? Porque en esa entidad se vive una guerra político-electoral permanente. Muchos se sorprenderán hoy porque el PRI se llevará casi todas las posiciones en disputa. ¿Cómo entender que un partido cuyo gobierno estatal está sometido al más severo cuestionamiento que se recuerde en entidad alguna, sea capaz de ganar una elección como la de hoy?

La respuesta está en el carácter autoritario del gobierno oaxaqueño, en su muy cuestionado e imperfecto sistema electoral —que hace posible el control vertical de todo el sistema electoral— y en la cultura política de la transa y la dádiva que por décadas ha colonizado al sistema de partidos y a los grupos sociales de Oaxaca. Desde hace muchos años, los gobiernos priístas de Oaxaca han asumido el papel de “papá gobierno”, no sólo en la atención de los grupos marginados, sino en la cosa política y pública.

Del dinero público salen partidas no sólo para el PRI, que es el partido oficial, sino para todos los grupos opositores, para todos los partidos. Se trata de una suerte de subsidios para políticos de todos los signos, que termina en un arreglo de conveniencias y que se traduce en una pluralidad domesticada. El PRI da y quita, según sea el peso y el tamaño de los grupos opositores, según sea su capacidad de fuerza y de presión. Por eso la vida política se resuelve mediante la estrategia de las marchas, los mítines y los plantones que se ven en Oaxaca y en el DF cada año.

Y el mejor ejemplo se puede ver en las elecciones de hoy domingo. Todos los partidos opositores al PRI, pero en especial los que se dicen de izquierda, han cuestionado al gobierno de Ulises Ruiz, al que pretenden derribar, entre muchas otras cosas, por sus excesos de autoritarismo y por violación a los derechos humanos. Tienen razón, pues el gobernador priísta es algo así como la representación moderna de la prehistoria del PRI: autoritario y corrupto.

Pero todos o casi todos sus adversarios políticos están en el mismo juego; tanto los partidos como los integrantes de la APPO. ¿Por qué si todos quieren desconocer las instituciones en Oaxaca, todos pelearon por los cargos a puestos de elección popular, como las diputaciones locales? Y cuando decimos todos, es porque son todos, incluidos los señores de la APPO. A todos el gobierno del detestable Ulises Ruiz les dio dinero para sus respectivas campañas, a algunos de plano los compró para que saltaran de un partido a otro, al tiempo que hizo crecer a los candidatos del PRI. La elección de hoy en Oaxaca apenas será una pequeña muestra del poder de captación del gobierno de Ulises Ruiz —y de la docilidad de los políticos de todos los partidos para ser cooptados—, porque el verdadero reparto vendrá en dos meses, cuando se lleven a cabo las elecciones para renovar los más de 500 ayuntamientos de Oaxaca. En ese caso la disputa será feroz, y las posibilidades de negociación y reparto por parte del gobierno también se extenderán. También en ese caso todos pelearán por una presidencia municipal, que en el peor de los casos significa un salario seguro por tres años.

No hay duda de que el gobierno de Ulises Ruiz es de los más cuestionables del país —por su autoritarismo, despotismo, violación a los derechos humanos y prácticas nada democráticas—, pero la lucha que por más de un año se ha dado en Oaxaca y que impulsa su caída no pretende devolver a Oaxaca a la ruta de la democracia, sino que es una guerra de carácter político, con signos de venganza política, precisamente porque el gobernador cambió los términos del acuerdo político, que no es otro que el de reparto de cuotas de poder y de dinero. Y es que los opositores a Ulises Ruiz, empezando por los señores de la APPO y pasando por los partidos llamados de izquierda, no son muy distintos —en su cultura política— al mandatario que cuestionan por autoritario, corrupto y nada democrático. La crisis de Oaxaca no es más que una vulgar pelea por el poder.

GNP, fraudulenta

A los problemas de la inseguridad, de la que el robo es una de sus más frecuentes aristas, los ciudadanos tienen que hacer frente al calvario con las empresas de seguros. Es el caso del periodista Gregorio Ortega, quien fue víctima del robo de su vehículo mediante una extorsión. Denunció el delito como quedó asentado en la averiguación previa FDJ/BJI/T2/-00/407/07/02, en la que el Ministerio Público calificó el delito como robo, lo que nada significa para la compañía aseguradora Grupo Nacional Provincial, que se negó a pagar el siniestro durante los primeros cuatro meses después del delito, bajo el supuesto de que Gregorio Ortega fue víctima de un fraude. A pesar de que la autoridad calificó como robo el hecho, la aseguradora se ha negado hasta ahora a pagar, bajo el argumento de que se trató de robo por extorsión.

Con el número DGOC/DC/SFSAR/1101/2007, el asunto se ventila en la Conducef, de la que el periodista espera protección y defensa, ya que el artículo número 59 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, establece: “La empresa aseguradora responderá de todos los acontecimientos que presenten el carácter del riesgo cuyas consecuencias se hayan asegurado, a menos que el contrato excluya de una manera precisa determinados acontecimientos”. El contrato entre GNP y Gregorio Ortega sólo excluye de manera precisa el robo por fraude, que no es el caso.

En el camino

En el Instituto Mexicano de la Radio (Imer), el remedio resultó peor que la enfermedad. Y es que a las muchas quejas que por censura, despotismo y hasta presuntos malos manejos de la administración anterior, que encabezó la señora Dolores Béistegui, la nueva gestión —a la que el gobierno de Calderón llevó como director al señor Héctor Villarreal, reconocido colaborador de Santiago Creel en Gobernación— volvió a las andadas y al más viejo estilo priísta de censura a los críticos, echó a los pocos editorialistas críticos y serios que colaboran —bueno, colaboraban— en frecuencias de la radio pública. Resulta que con el pretexto de una reestructuración —que sin duda requería el Imer, pero que no fue más que un reacomodo de amistades de la directora del Sistema Nacional de Noticiarios, Ana Cecilia Terrazas, que también es herencia de Santiago Creel, y quien impuso la ley del culto a la personalidad, a su personalidad, claro— fueron echados de la barra de análisis y comentarios Café Encuentros tres de los más escuchados y serios comentaristas: Ricardo Becerra, Javier Romero y Alan Arias. Eso sí, se quedaron “los cuates” de la señora Terrazas y del director Villarreal.

En realidad no sorprende que el Imer —igual que la televisión pública— se haya convertido en un “club de amigos”. Esa es parte de la cultura del ya no tan joven gobierno de Calderón. El problema aparece cuando se comparan las declaraciones de los entonces opositores al viejo PRI —los panistas doctrinarios—, que reclamaban que la radio y la televisión pública fueran instituciones del Estado, no al servicio del gobierno en turno. Seguramente eso ya se le olvidó al presidente Calderón. Y por lo pronto, dejaron a los escuchas sin la posibilidad de contar con las pocas voces serias y críticas que se podían escuchar en el Imer. Por cierto, los empleados del Imer también se quejan de que se instaló un verdadero clima de terror y persecución, con sistemas de seguridad propios de una bóveda bancaria. ¿Qué esconderán en el Imer?

aleman2@prodigy.net.mx