Itinerario Político

Todos los partidos intervienen en la contienda por la renovación del Congreso

Nadie puede garantizar que los comiciosno terminen en una crisis mayor

El próximo domingo 5 de agosto se podría abrir un nuevo frente de conflicto en Oaxaca, cuando se lleve a cabo el proceso electoral para renovar el Congreso local —25 diputados de mayoría y 14 de representación proporcional—, en donde a pesar de la crisis que vive esa entidad, el PRI tiene muchas posibilidades de llevarse 90% de los cargos en disputa.

Históricamente las elecciones locales para renovar el Congreso de Oaxaca han sido procesos de poco interés dentro y fuera del estado —sobre todo cuando no van aparejadas a la elección de gobernador—, y en casos como la del domingo próximo es previsible una escasa participación ciudadana —se calcula que acudirían a las urnas no más de 40% de los electores—, sobre todo por la desmovilización social resultante de la crisis política que vive la entidad.

Pero lo curioso del asunto es precisamente que en medio de una crisis de gobernabilidad y legitimidad en Oaxaca —en donde los opositores políticos, sociales y magisteriales desconocen a las autoridades e instituciones estatales y en donde apenas en horas recientes estalló un dispositivo explosivo en una tienda departamental—, todos los partidos intervienen en la contienda por la renovación del Congreso, cuya mayoría priísta se podría incrementar el domingo próximo —paradójicamente—, cuando ese partido vive una de sus peores crisis en el estado.

Más aún, de las 25 diputaciones de mayoría que están en disputa, el PRI podría llevarse entre 20 y 21 de los lugares, el PAN entre tres y cuatro, y el PRD y sus aliados sólo tienen posibilidades de una diputación de mayoría. En la más reciente elección de Congreso, en la de 2004, la alianza del PRI alcanzó 18 diputados de mayoría, mientras que la coalición del PAN logró siete lugares, a pesar de que no se vivía la crisis que se desató en 2006 —y que sigue viva en 2007—, y de cumplirse los pronósticos que muestran las encuestas, el PRI podría incrementar su presencia en dos o tres lugares de mayoría en el Congreso.

De igual manera, llama la atención que el PRI colocó en los dos primeros lugares de candidatos a diputados locales por la fórmula de representación proporcional a dos de los colaboradores del gobierno de Ulises Ruiz que catalizaron el conflicto entre el gobierno, el magisterio y la APPO. Los números uno y dos de dichas listas les corresponden al ex secretario de Gobierno, Jorge Franco —responsable de la represión contra opositores al gobierno y que desató el conflicto generalizado—, y a Lizbeth Caña Cadeza, quien se desempeñaba como procuradora de Justicia del estado.

Paradojas aparte, resulta que en la capital de Oaxaca, en donde se concentraron las movilizaciones y enfrentamientos entre el magisterio y la APPO contra el gobierno de Ulises Ruiz, los dos distritos en disputa podrían ser ganados por el PAN. ¿Por qué? Por eso, porque los electores de la capital de Oaxaca —en donde el rechazo social a la APPO es superior a 60% según las encuestas—, poco quieren saber del PRI y de sus adversarios de la APPO, del PRD y del izquierdista FAP. Nada quieren saber de quienes llevaron a la ruina económica a Oaxaca. Y frente a ese escenario, la derecha del PAN podría resultar gananciosa, en el terreno electoral, a causa de la crisis general que se desató desde los primeros meses de 2006.

¿Por qué esa contradicción —aparente o real—, entre un gobierno del PRI que es severamente cuestionado, que no tiene capacidad de garantizar la convivencia ordenada, y que al mismo tiempo casi arrasa en las elecciones para renovar el Congreso? En el fondo no existe tal contradicción. ¿Por qué? Porque todos en Oaxaca saben que la clase política en general, incluidos todos los partidos, y casi todos los procesos electorales, incluido el del domingo venidero, son controlados por el gobierno estatal.

Resulta que es muy frecuente que el gobierno en turno no sólo financie al PRI, sino a no pocos de sus opositores. Y es que los procesos electorales —especialmente en los casos de diputados locales y alcaldías— son el mejor instrumento para el reparto de cuotas de poder en la peculiar pluralidad oaxaqueña. Para la elección del domingo venidero sectores del PRD han denunciado la intervención del gobierno de Ulises Ruiz en el proceso electoral y el financiamiento del PRI. Pero esas voces olvidan que históricamente el dinero también ha sido repartido a ese partido. En realidad una mudanza en el reparto del dinero fue el origen de la crisis que provocó la aparición de la APPO y la gestación de la crisis que aún se vive.

Pero el problema ya está en otro nivel, porque como todos saben la pelea entre grupos alcanzó niveles peligrosos de radicalización que lo sacaron de control. Hoy el gobierno de Ulises Ruiz podrá presumir que mantiene el control del proceso electoral para renovar el Congreso, que los partidos opositores participaron en la contienda y hasta que podría ganar más de 90% de las posiciones de mayoría en disputa. Pero nadie, ni Ulises Ruiz ni sus adversarios pueden garantizar que las elecciones del domingo no terminen en una crisis mayor.

Y es que la activación de artefactos explosivos como los ocurridos ayer en una tienda departamental en la capital de Oaxaca —más uno que no detonó en una sucursal bancaria— son signos ominosos para ese proceso electoral. Manos interesadas en lanzar aún más gasolina al conflicto de Oaxaca. Y otra vez la política queda a deber a los oaxaqueños, que el domingo saldrán de un complicado proceso electoral para entrar de inmediato al siguiente, previsto para el mes de octubre, para renovar los más de 500 municipios, y en donde de nueva cuenta hará su aparición la crisis política no resuelta.

aleman2@prodigy.net.mx