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Oaxaca: “es la política, estúpidos”La turbulencia con la que se presentó el conflicto en su primera etapa deja claroque el diferendo tiene un profundo origen político más que social o gremial Una parte fundamental de las demandas que gestaron el movimiento de diversos sectores del magisterio estatal está resuelta o en vías de solución Cuando en una controvertida decisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió iniciar una investigación sobre los hechos violentos que por casi un semestre paralizaron la ciudad de Oaxaca —en 2006— menudearon las opiniones de quienes creyeron que con la intervención constitucional del máximo tribunal federal se conseguiría desactivar la parte más delicada del conflicto, al colocar en blanco y negro la responsabilidad de las autoridades estatales y federales en los hechos. Pero resulta que el tiempo no sólo desmintió esa incorrecta apreciación, sino que logró “decantar” la turbulencia con la que se presentó el conflicto en su primera etapa, y deja claro —seis meses después— que el conflicto tiene un profundo origen político, más que social o gremial, y que si bien existe una grave responsabilidad de las autoridades estatales —por la torpeza mostrada en el manejo de la cosa pública—, resultan igualmente responsables de esa crisis los grupos y partidos políticos locales y nacionales, ex gobernadores y hasta uno que otro presidenciable. Por eso, por el profundo contenido político del conflicto, acaso se deba recordar el sentido de la frase acuñada en su momento por Bill Clinton —en sus tiempos de aspirante presidencial estadounidense—, quien soltó a sus colaboradores a propósito de identificar el mayor problema al que se enfrentaba: “Es la economía, estúpidos”. En Oaxaca, el conflicto que de nueva cuenta alteró la vida de su capital y provocó el resurgimiento de la guerra entre grupos del SNTE y la CNTE, la APPO y el gobierno estatal —y que mantiene en un hilo la celebración de la Guelaguetza—, puede ser parafraseado de la misma forma: “Es la política, estúpidos”. ¿Por qué reaparecieron en Oaxaca hechos violentos y una permanente tensión entre los grupos inconformes con el gobierno estatal y las propias autoridades de esa entidad? Es necesario formular la pregunta porque una parte fundamental de las demandas que gestaron el conflicto están resueltas o en vías de solución. Todos saben que fueron satisfechas las demandas salariales del magisterio, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó una investigación sobre la presunta responsabilidad del gobierno de Ulises Ruiz en la represión y el desgobierno que catalizaron el conflicto. De igual manera, se indagará la presunta responsabilidad de grupos sociales en la crisis, que arrojó daños sociales graves, políticos y económicos a laentidad. ¿Por qué entonces, si técnicamente se dieron los pasos de solución —que pudieran incluso desembocar en un juicio político contra Ulises Ruiz—, de nueva cuenta reaparecen los síntomas del conflicto? La respuesta es muy clara, porque a pesar de que se desmontó una buena parte de la demanda económica del magisterio y del reclamo político de todos los grupos inconformes —que pedía la caída de Ulises Ruiz—, prevalecen intocados los actores políticos que desde el primer momento alentaron la revuelta. Es decir, en Oaxaca sigue viva la guerra de poder entre el gobernador Ulises Ruiz y ex gobernadores como José Murat y hasta Diódoro Carrasco. Esa batalla no es menor, y se traduce en combustible fresco para mantener el incendio en Oaxaca. Pero además, también está viva una guerra política que viene de lejos y que tiene su centro de influencia en las disputas intramuros del PRI por la candidatura presidencial de 2006, que enfrentó a Roberto Madrazo y a Elba Esther Gordillo. Para nadie es un secreto que la dirigente vitalicia del SNTE mantiene viva su guerra contra Madrazo, y que el último eslabón de poder del ex presidente del PRI y ex candidato presidencial es el señor Ulises Ruiz, también adversario a muerte —muerte política— de la maestra. Esa disputa no terminará hasta que alguno de los dos adversarios caiga. Y por si hiciera falta, están latentes, y urgidos de presencia y razón de ser, grupos sociales como la APPO, organización social emergente que repentinamente se convirtió en estandarte y semillero de sectores radicales de izquierda que, a su vez, mantienen un estrecho vínculo con grupos guerrilleros como el hoy conocido internacionalmente Ejército Popular Revolucionario (EPR). Todos saben que la APPO, vinculada a la CNTE, a sectores de choque como los Panchos Villa —de parentesco con el PRD—, y a otros también cercanos al EPR, han abrazado la causa de Andrés Manuel López Obrador (se dicen agraviados por el cuento del fraude, defensores del “presidente legítimo” y enemigos del gobierno “espurio” de Felipe Calderón) y se han convertido en una fuerza ideal para mantener latente la imagen de la revuelta. En realidad en Oaxaca se vive una crisis general —provocada por desacuerdos políticos, más que sociales y económicos— que en efecto, a nivel local tiene un alto contenido social, político y económico, que impacta en la legitimidad de sus autoridades, y que por ello está colocado sobre el más peligroso terreno que pudiera vivir comunidad social alguna; el de la inestabilidad y la ingobernabilidad. Pero esa realidad, de crisis general en donde imperan la inestabilidad y la ingobernabilidad por razones políticas, convierte Oaxaca en un problema nacional, que debe ser atendido por los poderes federales. La Suprema Corte está haciendo su trabajo —que será lento y a largo plazo— y hoy corresponde a los señores de la política hacer su parte, que no se puede confundir con no meter las manos para obtener renta política o apoyos legislativos. Vale recordar a Clinton. “Es la política, estúpidos”. aleman2@prodigy.net.mx
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