Itinerario Político

Los policías adquieren “pequeños poderes” sociales que los convierten en otro potencial infractor

Las autoridades del DF y mexiquenses recurren a un expediente fácil que hará más costosa la vida del conductor

Nadie, con un mínimo de responsabilidad social, debiera oponerse a la puesta en práctica de un nuevo reglamento de tránsito en el Distrito Federal y su zona conurbada. Es claro para los habitantes de la capital del país que su calidad de vida sufre considerables mermas a causa de un servicio de transporte público deficiente, por una evidente saturación vehicular, una deteriorada e insuficiente red de vialidades, y una profunda incultura vial de la gran mayoría de quienes van detrás de un volante, sea privado o del servicio público.

Por supuesto que era urgente reglamentar el tránsito de automotores en la conurbación más extensa del país, para acabar con esa suerte de “guerras cotidianas” que libran a toda hora y todos los días los conductores de vehículos y los usuarios del servicio público.

La primera pelea a la que todas las mañanas se enfrentan los habitantes de la capital del país y su zona conurbada es la de ganar espacio en las calles, centímetro a centímetro, en una batalla cuerpo a cuerpo en el transporte público y coche a coche en el asfalto; una batalla en la que impera la ley del “más gandalla” y el peso de “la lámina” más resistente.

En realidad, el del caos vial —que hace de la ciudad de México y medio centenar de municipios mexiquenses una zona de guerra cotidiana— no es sólo un problema causado por la inoperante ley de tránsito y tampoco es un asunto de policías; es más bien una cuestión de cultura social y ciudadana de conductores y viandantes, de escasez y mala calidad de las vías de acceso, de saturación vehicular, de nula inversión en el transporte público, de carencia de un plan maestro para ordenar y enlazar el servicio público, el transporte de carga, el reparto de mercancías… Es un problema cuya solución requiere de grandes proyectos, ideas ambiciosas y, sobre todo, de servidores públicos responsables.

Pero no, a los genios de los gobiernos de la ciudad de México, del estado de México y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se les ocurrió que el problema quedaría resuelto con un nuevo reglamento y con miles de policías dotados con poderosas armas para reprender a los insurrectos del volante; el criterio ejemplar del policía de la esquina, y los mazos de infracciones. Y a temblar todos los conductores al escuchar y ver las poderosas armas; “oríllese a la orilla”, y “se lo dejo a su criterio”. Y claro, para salvar el obstáculo mediático, a los “cruzados” de la vialidad y el orden les colocan ridículos botones en los que pregonan “no a la mordida”.

En el fondo, al intentar resolver el problema del caos vehicular sólo mediante la aplicación policiaca de un nuevo Reglamento de Tránsito Metropolitano —que además no corresponde a la realidad—, los gobiernos de la ciudad de México y del estado de México, y los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no hacen otra cosa que llevarnos de regreso al pasado autoritario y represivo mediante la reencarnación del mítico “mordelón”, figura que llevó a lo más alto de la corrupción el también mítico Arturo Durazo. Pero, además —y por si fuera poco—, en la realidad se decretan dos nuevos impuestos que deberán pagar los conductores; el que se produce por las infracciones levantadas y el que se genera por el titánico esfuerzo mental de ponerle precio al “criterio” del “mordelón”.

Y pudieran tener razón quienes argumenten que todo buen ciudadano puede sortear al “mordelón” y evitar el pago de cualquiera de los dos nuevos impuestos sugeridos, si los manejadores tienen sus documentos en regla y si cumplen con la nueva ley vial. En teoría, esa debiera ser la resultante. En realidad, esa es la intención de las autoridades y el espíritu de la norma —de toda norma—, reprimir a quienes no respetan las reglas establecidas.

Pero precisamente aquí es donde aparece el problema, porque la aplicación de la norma, del nuevo reglamento, queda en exclusiva al criterio del policía —trabajador al servicio del Estado de muy escasa capacitación, bajo salario, proclive en su gran mayoría a la corrupción, sea por cultura, deficiente ingreso, por la presión de sus jefes o por la razón que se quiera—, quien con esa facultad adquiere uno de los “pequeños poderes” sociales que lo convertirán en otro potencial infractor, capaz de someter a cualquier conductor, sea o no infractor, al que por unos momentos tendrá en sus manos para sancionarlo por no respetar el reglamento, o para obtener un complemento salarial.

A la lucha cotidiana por los espacios en el asfalto, los gobiernos capitalino y mexiquense sumaron ya una nueva batalla, que también será cotidiana y que enfrentará a la corrupta policía con los no menos corruptos ciudadanos. ¿Y cuál será el saldo de esas escaramuzas? Pasada la novedad, la historia que todos conocen: corrupción.

Lo curioso del caso es que a pesar de que esa historia ya la vivimos en la capital del país —y que demostró que es un fracaso dejar en manos de los policías la sanción a las normas viales, y que lo único que se genera es otra fuente de corrupción—, las autoridades del Distrito Federal y mexiquenses recurren a un expediente fácil que, paradójicamente, hará más difícil y costosa la vida de los manejadores. ¿Dónde están los servidores públicos eficaces, los de las grandes ideas para resolver los grandes problemas? ¿Dónde está la tecnología para detectar a los infractores mediante dispositivos electrónicos, que reporten a una central las infracciones y eviten confrontar el “pequeño poder” del policía con la palabra del conductor? ¿Dónde están las campañas de educación vial y conciencia ciudadana?

No, lo fácil es armar al policía de Tránsito con el garrote de la infracción, para perseguir infractores. El círculo perfecto de la corrupción, el regreso del “mordelón”. Al tiempo.