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Ulises... y todos
La Corte indagará abusos de grupos políticos, sociales y gremiales en Oaxaca Remota posibilidad de que los presuntos responsables renuncien a sus cargos Aún no debieran cantar victoria los grupos radicales ligados al PRD, a su ex candidato presidencial y a la sección 22 de la CNTE, que el pasado martes celebraban el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia que determinó que el máximo tribunal creará una comisión especial, de sus miembros o de la Judicatura, para indagar las presuntas violaciones a las garantías individuales en Oaxaca. En efecto, en votación mayoritaria de sus ministros -de ocho contra tres-, la Corte determinó que existen elementos para presumir que durante el conflicto que enfrentó al gobierno de Ulises Ruiz con el magisterio local y luego con la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) se habrían violentado las garantías individuales de los oaxaqueños. Sí, según la Corte existen evidencias de violación de los derechos y garantías fundamentales de habitantes de todo el estado de Oaxaca, en general, y de los que viven en su capital, en particular. Y según la misma Corte, los presuntos responsables de esas violaciones no están sólo en el gobierno de Ulises Ruiz, sino que se localizan tanto en los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, como entre los poderes Ejecutivo, local y federal, y en el Congreso y el Poder Judicial del estado. Pero la responsabilidad tampoco termina ahí. La Corte también indagará la participación de grupos políticos, sociales y gremiales en la violación de las garantías individuales de los oaxaqueños que no formaban parte de los sectores en conflicto -entre ellos la APPO y la sección 22 de la CNTE- y grupos partidistas que con fines políticos "tripularon" la crisis que estalló en mayo de 2006 y que aún reporta graves saldos negativos para los ciudadanos de Oaxaca en general. Es decir, que luego de una indagatoria -que por su complejidad y elevado número de actores no se realizará en menos de un año-, seguramente el resolutivo de la Corte reconocerá que el gobernador Ulises Ruiz es responsable de violaciones a las garantías individuales de los maestros desalojados y perseguidos, pero también serán culpables el Congreso y el Poder Judicial locales, y hasta el gobierno federal. Pero también el PRI y el PRD locales; sus dirigentes, ex gobernadores y, sobre todo, los líderes de la APPO y quienes por detrás los convirtieron en "marionetas" de una perversa lucha de poder. La responsabilidad del gobernador de Oaxaca "jalará" al Congreso y al Poder Judicial locales -a los que Ulises Ruiz mantuvo en un puño-, en tanto que la violencia que desató la APPO contra los habitantes de Oaxaca y su culpa en la violación de las garantías individuales de ese sector social "arrastrarán" no sólo a los líderes de la sección 22 de la CNTE, sino a los líderes políticos locales que, al final de cuentas, son quienes estuvieron en el centro de la disputa. Pero el resolutivo de la Corte tiene otros frentes nada fáciles de resolver. ¿Qué es lo que sigue? Por la complejidad del tema, en la práctica la Corte deberá asumir funciones de Ministerio Público -argumento esgrimido por los ministros que votaron contra el resolutivo-, al final de cuyo trabajo la comisión designada presentará su informe al Congreso federal. Dicho informe no tiene calidad vinculatoria y, por tanto, la sanción se podría quedar en una mera censura política. También existe la posibilidad -muy remota- de que frente a la sanción de la Corte, presuntos responsables como Ulises Ruiz decidan renunciar a su cargo por voluntad propia, en un acto de honestidad. Pero ese, el de la honestidad, no es uno de los activos del señor Ruiz. Sin embargo, a partir del resolutivo de la Corte, la autoridad federal correspondiente podría iniciar el procedimiento para fincar responsabilidades entre quienes el máximo tribunal haya encontrado culpables. En el caso de Ulises Ruiz, quien por su calidad de gobernador tiene la protección del fuero, las autoridades penales no podrán actuar en tanto la Cámara de Diputados no resuelva un eventual procedimiento de juicio político contra el gobernador de Oaxaca. El proceso para realizar un juicio político no es un asunto fácil, y menos rápido. Como lo dice su nombre, es un procedimiento de profundo orden político, en el cual se enfrentarán los partidos y sus respectivos grupos parlamentarios. Al final de cuentas, el asunto podría terminar en una negociación política. Y por lo pronto no parece haber nadie dispuesto a responder la gran pregunta que se desprende del conflicto en Oaxaca: ¿Quién velará por los derechos fundamentales vulnerados de millones de estudiantes a los que se les impidió su derecho a estudiar, miles de ciudadanos que perdieron empleo y tranquilidad, empresas que quebraron? Esa interrogante deberá ser respondida por la Corte, si es que cuenta con los instrumentos y la capacidad de investigar, tarea para la cual, por cierto, no está diseñada. Al tiempo. En el camino Decían en el PRD que Agustín Carstens era el hombre de Andrés Manuel López Obrador para Hacienda. Hoy en corto dicen que la "miscelánea fiscal grandota" que presentó a los diputados "tiene los mismos conceptos que proponía AMLO". ¿Será que los rebasaron por la izquierda? No pasará mucho tiempo para que Jorge Hank Rhon grite que hay un complot en su contra. Pero no hará falta, tiene posibilidades de ganar en el Tribunal Electoral Federal. aleman2@prodigy.net.mx
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