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Violencia legítima
México es el país de la impunidad, aquí se puede hacer todo, o casi, sin pagar los costos. Los mayores abusos provienen, paradójicamente, de los dos extremos de la pirámide socioeconómica: los muy ricos y los pobres. La impunidad mayor es, como siempre, la de los poderes institucionales y fácticos. Desde el poder se puede multiplicar la riqueza a costa de depredar el medio ambiente, obtener contratos y concesiones que constituyan un despojo para la colectividad, lograr reformas fiscales que permitan eludir el pago de impuestos...
A los ricos y poderosos nunca se les prueba nada. En un país en el que no se respetan las leyes, tener poder político o económico es casi una garantía de que, aun cuando llegaran a ser detenidos —rareza que casi siempre se explica por una venganza política—, el Ministerio Público decidirá el “no ejercicio de la acción penal” o, en el extremo, los jueces o magistrados, “la libertad por falta de méritos”.
Un antiguo profesor de la Facultad de Derecho, llamaba al Derecho Penal “el de las tres p”, porque, explicaba, “se aplica sólo a los pobres, a las prostitutas y a los pen...”.
La otra cara de la moneda son los abusos de los de abajo. Las banderas sociales como justificación de las tropelías y atrocidades de grupos minoritarios que pueden impunemente secuestrar la arteria emblemática de la capital, dañar el patrimonio colectivo o, en un extremo, linchar brutalmente a agentes de la PFP, como ocurrió en Tláhuac. Dice Catón que quien secuestra a una persona le llaman secuestrador, pero a quien secuestra una ciudad le llaman luchador social. El discurso justificatorio de los activistas invoca las libertades que concede la Constitución, particularmente el artículo noveno, pero lo cita incompleto: “No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.
El uso aberrante de la fuerza el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 marcó a los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría con el sello de represores. Desde entonces, gobiernos que se sabían ilegítimos decidieron tolerar los excesos de grupos sociales, antes que recurrir al uso de la fuerza pública. Bloqueos de carreteras, calles y avenidas, toma de casetas, invasión de inmuebles públicos y privados, los encuerados de la organización denominada “Los 400 pueblos”, todo es tolerable si se argumenta una causa social.
En uno de los raros casos cuando la autoridad ordenó a la policía responder a las agresiones de los miembros de la CNTE, el presidente Ernesto Zedillo ordenó el cese del secretario de Seguridad Pública del DF, David Garay. El mensaje que dejó la decisión presidencial no podía ser más perverso: el uso de la fuerza pública, aun cuando estuviera plenamente justificado, daba lugar a una sanción, en consecuencia, había que exigirle a la policía un comportamiento franciscano ante los desmanes de los “luchadores sociales”.
Pero las cosas no cambiaron con la alternancia. El gobierno de Fox siguió la inercia: responder a los atropellos con “mesas de negociación”, ignorar que corresponde al Estado el monopolio en el uso de la violencia legítima, como expresara Max Weber. Esta cultura política predemocrática, lo mismo en los poderes públicos que en muchos movimientos sociales, ha convertido a la sociedad en rehén.
Algunos dicen que para reducir la impunidad se requieren nuevas leyes y penas más severas. Es cierto, hace falta afinar los instrumentos legales e institucionales, por ejemplo, en materia de inteligencia financiera para afectar los circuitos financieros (el lavado de dinero) o de una ley de confiscación que permita resolver de manera expedita el destino de los bienes procedentes de actividades ilícitas, pero el problema esencial no es de leyes ni de sanciones más enérgicas, sino de aplicación de la ley, lo que exige determinación, honestidad y valentía, y, en el largo plazo, la apuesta por la asimilación ciudadana de una cultura de la legalidad.
Director de Grupo Consultor Interdisciplinario, S.C.
Para Ani, en su tercer aniversario
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