Estrictamente personal

El gobernador Natividad González Parás se encuentra en el peor momento de su vida política, con el narcotráfico en la puerta de su oficina

No hay, en estos momentos, un gobernador más “apanicado” —como lo describen funcionarios federales— que Natividad González Parás en Nuevo León, desbordado por una delincuencia organizada que está metida en el corazón de su gobierno y toca peligrosamente a su hermano. La explosiva mezcla neoleonesa no se detiene en la penetración de los cárteles en su administración, que ha desatado la violencia urbana y los ajusticiamientos, sino que se empalma con crecientes cuestionamientos al presunto tráfico de influencia de su familia, con el apoyo a un aspirante panista a la gubernatura que es socio de despacho de su hermano, y la zozobra regia que empieza a desatar fenómenos socioeconómicos que atacan al tejido social neoleonés.

González Parás está en problemas, con el narco tocando a su puerta y su administración convertida en una coladera donde se desparrama la incertidumbre y la decreciente confiabilidad.

El asesinato del diputado local Mario Ríos la semana pasada en el centro de Monterrey lo ha vuelto a colocar en un torbellino, no sólo por el hecho violento en sí mismo, sino por las ramificaciones del crimen. El mismo día que mataron a Ríos, que era de Cerralvo, González Parás comía en ese municipio del norte del estado con el hijo pródigo local, Roberto González Barrera, uno de los empresarios más importantes del país, lo que motivó que en Monterrey se empezaran a preguntar si era un mensaje para el gobernador.

Ríos ya había sido vetado por González Parás para ser candidato a diputado en el 2003, en buena parte por las mismas razones por las que no pudo ser diputado federal: hace varios años lo detuvo la policía con posesión de droga, y aunque el caso se cayó por falta de pruebas, no pudo limpiar una imagen que se fue deteriorando con el paso de los años, al grado que, socialmente, fue vetado para ingresar a clubes y de formar parte de esos círculos. Ríos fue cobijado también por Roberto Madrazo, quien lo hizo uno de sus operadores en el estado, Coahuila y Tamaulipas durante la campaña presidencial, se convirtió en diputado local como resultado de una historia que tienen fresca las élites regiomontanas y que conectan directamente con la oficina del gobernador.

La línea directa se establece a través de Carlos González, vinculado con un grupo de personas presuntamente relacionadas con el Cártel del Golfo, quien es hermano de Pablo César González, secretario particular de González Parás. Los hermanos González establecieron un fuerte vínculo político con el hermano del gobernador, Luis, con quien impulsaron, por un lado, a Ríos como diputado local, y por el otro al propio Pablo César, como senador suplente de Eloy Cantú, pese a la oposición de éste. Los González han venido despertando tantas sospechas, que en Monterrey se les conoce como “los hermanos Hummer”, por tener esos costosos vehículos que no se pueden respaldar con su historial de ingresos y trabajos.

La influencia de Luis González Parás es tan grande, que hizo que el gobernador juegue contra los intereses del PRI, y esté apoyando al socio de despacho de su hermano para la gubernatura, el panista Fernando Elizondo, ex gobernador interino y ex secretario de Energía en el gobierno de Vicente Fox Quesada, obligando a alcaldes priístas a recibirlo y expresarle apoyo, contra el respaldo que esperarían tener los aspirantes de su partido al cargo, los también senadores Eloy Cantú, que trabajó en el gobierno neoleonés, y Jorge Mendoza, amigo de la juventud de Natividad.

El asesinato de Ríos agravó el frágil equilibrio político en el que se encuentra el gobernador, quien no logró una moción de apoyo de senadores y diputados federales. Tampoco, en el complicado entorno, acudió al acto en el Congreso local que organizó el coordinador priísta e incondicional suyo, Ildefonso Guajardo, porque le sugirieron sus asesores que con el cúmulo de sospechas sobre Ríos no le iba a beneficiar una fotografía junto al ataúd. El crimen volvió a colocar a Nuevo León como el principal campo de batalla hoy en día entre los cárteles del Golfo y de Sinaloa, y la forma como el narcotráfico tiene penetrado a su gobierno y dominado en varias esferas.

Una comunicación radial en el momento en que se estaba ejecutando el asesinato del diputado Ríos muestra claramente esa subordinación ante los cárteles. Cuando unos policías notificaron a la central de policía sobre la balacera, la respuesta que obtuvieron fue contundente: “aléjese de la zona”. Esa orden abrió el espacio a los sicarios para que pudieran huir, como lo hicieron, sin problemas. Las policías municipales de Nuevo León, como muchas otras en el país, sirven al gobierno y a los cárteles de la droga. En términos generales, están más lejanos de cumplir con sus deberes y más cercanos al servicio del narcotráfico, que les paga mensualmente entre 500 y mil 500 pesos. Los narcos en Nuevo León, sin importar cártel, han ido extendiendo sus redes no sólo en los policías de crucero, sino en puestos clave, como los encargados de las plantas de radio —despachadores que mandan, como en el caso del diputado Ríos, las patrullas hacia donde no deberían—, o jefes policiales.

La penetración del narco con las policías en Nuevo León surgió de manera intempestiva ante los ojos de todo el público el año pasado, cuando el comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones, Marcelo Garza, fue asesinado en septiembre en San Pedro, municipio en los suburbios afluentes de Monterrey. El otro nombre de un alto funcionario que ha salido como sospechoso de vinculación con uno de los cárteles es el del secretario de Gobierno de Nuevo León, Rogelio Cerda, a quien públicamente ya amenazaron de muerte y cuyo nombre aparece como sospechoso en un informe del Cisen. Cerda, muy cercano al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa, niega tajantemente cualquier vinculación, y ha dicho que las autoridades federales le han comunicado verbalmente que no hay nada en su contra, y que lo que se pretende es atemorizarlo. De cualquier forma, hay otros elementos que no lo ayudan ni a él ni al gobernador, como cuando en la cena de despedida del cónsul estadounidense, Luis G. Moreno, un experto en narcotráfico, éste vetó a Cerda de acudir al homenaje, y el gobernador tuvo que aceptar ese rechazo pese a que él era el anfitrión.

González Parás está “apanicado” porque, como aseguró un alto funcionario federal, “muchos en su gobierno están metidos con el narco”. Las sospechas del narco en las puertas de la oficina del gobernador tienen el respaldo de investigaciones federales, pero todavía no se ha tomado la decisión de hacerlas públicas. Los fantasmas a su alrededor lo tienen aprisionado y prisionero, y políticamente parece, como lo definió un estratega priísta, “tocado de muerte”.

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