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Transparencia: dichos y hechos
La rendición de cuentas, salvo excepciones, se convirtió en una grotesca simulación Hay buenas intenciones, aunque casos como el de Reynosa muestran otra realidad Nadie puede escatimar el valor social de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, que será una realidad en todo el país una vez que el Congreso de la Unión aprobó su incorporación al artículo sexto constitucional y que por lo menos dos tercios de los congresos estatales apoyaron dicha reforma, con lo que adquiere validez plena. Impulsada desde la plataforma de la sociedad civil durante el pasado gobierno de Vicente Fox, la transparencia y el acceso a la información pública fue "vendida" por esa administración como uno de sus "grandes logros". Pero en la práctica -y salvo excepciones-, en la mayor parte del país se convirtió en una grotesca simulación, ya que los gobiernos estatales, incluido el anterior del Distrito Federal, se aferraron a la cultura de obstaculizar la rendición de cuentas. Gobiernos de todos los partidos y de los órdenes municipal y estatal hicieron de la transparencia un engaño caprichoso, que frente a la opinión pública los hacía ver como comprometidos con el acceso a la información pública, pero que en la práctica impulsaron legislaciones pensadas para no transparentar nada. Por eso, las actuales legislaturas decidieron apoyar una reforma al artículo sexto constitucional que obliga a todos los órdenes de gobierno a reformar sus respectivas legislaciones -en un plazo no mayor a un año-, para adoptarlas al marco federal, en donde el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) será el modelo a seguir. Durante la Cuarta Semana Nacional de Transparencia, el presidente Felipe Calderón instruyó al gobierno federal crear un marco nacional homogéneo que garantice el derecho a la información pública en los tres órdenes de gobierno, "para asegurarnos de que en materia de acceso a la información no exista diferencia en los derechos de los mexicanos, sólo porque viven en diferentes regiones o cuenten con ordenamientos distintos o porque una entidad esté bajo la influencia de partidos políticos distintos". Por nuevas legislaciones en materia de transparencia y por buenas intenciones no paramos. Todo parece color de rosa. Pero la realidad es bien distinta. Apenas ayer, un grupo de periodistas acudió a la residencia oficial de Los Pinos, a la CNDH y a la PGR, para denunciar serias irregularidades en el municipio panista de Reynosa, Tamaulipas. A continuación, un extracto de la carta entregada a esas instancias federales, por los periodistas encabezados por Heriberto Deándar, director del quincenario Hora Cero: "Somos un grupo de periodistas que editamos desde hace 9 años el quincenario Hora Cero, que se distribuye en Tamaulipas, Nuevo León y el Valle de Texas, y formamos parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En nuestras pasadas tres ediciones hemos publicado reportajes que demuestran -con documentos, testimonios grabados y otras pruebas- los malos manejos de los recursos públicos del alcalde de Reynosa, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Este político, emanado del Partido Acción Nacional, asumió el cargo el primero de enero de 2005 y ha entregado contratos de obra pública a familiares consanguíneos y políticos a través de prestanombres. Además, sus dos hermanos y otros funcionarios municipales se han enriquecido de manera inexplicable en el lapso de la actual administración. "A raíz de las ediciones mencionadas ha tenido lugar una serie de acontecimientos que nos preocupan; llamadas telefónicas anónimas donde se lanzan amenazas contra la integridad física de directivos y periodistas. El sábado 2 de junio de 2007 se recibió otra llamada anunciando que se había colocado una bomba en nuestro edificio. Nuestros reporteros han recibido advertencias de parte de elementos de seguridad del presidente municipal, en el sentido de que los empleados de esta casa editora deben cuidarse porque pueden sufrir represalias, concretamente los conocidos levantones. "Los anteriores incidentes nos preocupan debido a los antecedentes del alcalde Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien en su juventud fue fichado por el FBI, además de que el contenido de los reportajes atenta contra sus intereses económicos debido a los negocios ilícitos que está haciendo con los recursos públicos". Sí, que bueno que la transparencia llegue a todo el país. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de los partidos políticos, los congresos locales, las autoridades federales, frente a alcaldes como Francisco Javier García Cabeza de Vaca -al parecer pariente del ex procurador general de la República y alto funcionario de la casa presidencial-, que actúan con total impunidad y al amparo del partido en el poder? En casos como ese, ¿de qué sirven los discursos y las buenas intenciones? Es conocido por todos que en muchas entidades del país el ejercicio periodístico está sometido a fuertes presiones que vienen del crimen organizado y el narcotráfico; presiones que obligan a la censura por sobrevivencia elemental. Pero en casos como Tamaulipas, en donde campea el narcotráfico, algunos medios también deben enfrentar a alcaldes que hacen valer su impunidad con los mismos métodos empleados por el narcotráfico. ¿Y eso a quién le importa? Parece que a nadie. E-mail: aleman2@prodigy.net.mx
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