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La cola larga
El gobernador de Sinaloa debe explicar cómo permitió que el narcotráfico le arrebatara el control territorial de su estado El gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, lamentó profundamente el asesinato de tres niños y dos mujeres el día primero cuando aparentemente el vehículo en el que viajaban se brincó un retén militar en la zona montañosa del estado y fueron acribillados, exigiendo al mismo tiempo que se aplique la justicia contra los soldados que participaron en el crimen. Presentándose como una víctima más de los operativos nacionales contra el narcotráfico, Aguilar Padilla no deja de ser un oportunista. Bien haría en ser menos cínico y empezar a rendir cuentas. Si bien no es culpable por esas muertes, sí es corresponsable de ellas, cuando menos por omisión, por la sobresaliente negligencia que ha tenido en la seguridad de los ciudadanos en su estado. Sinaloa entró de súbito al radar nacional con esos asesinatos, pero está muy lejos de ser un estado recientemente afectado por el narcotráfico. Al contrario. Dominado hace lustros por el cártel de Sinaloa, ha sido una fábrica de barones del narco y sicarios connotados. Extrañamente, Sinaloa había logrado pasar inadvertido como uno de los grandes focos de control territorial de la delincuencia organizada, donde el gobierno estatal cerró los ojos y dejó que los jefes del tráfico de drogas se apoderaran de comunidades enteras. Aguilar Padilla no alertó antes que el narcotráfico le tenía tomada la medida, ni tampoco hay registro de su voz desesperada, como sí existe la de otros gobernadores, para que las fuerzas federales acudieran o lo ayudaran a combatir el narco. Es más, tampoco hay antecedentes públicos de que hubiera iniciado su propia batida contra la delincuencia organizada, ni siquiera a través de las denuncias mediáticas a las que otros mandatarios estatales han recurrido. El resultado que llevó su pasividad es un estado teñido de rojo donde ahora que lo está viendo bajo su radar la opinión pública nacional, quiere encontrar en la victimización política la cura de su negligencia. Aunque Michoacán se mantiene en el primer lugar de ejecuciones de diciembre de 2006 a abril de 2007, con un total de 199, es decir 22 más que las que registra Sinaloa, esta entidad se ha convertido en el estado más violento del país. Durante el mismo periodo, mientras en Michoacán se redujeron a 100 las ejecuciones, en Sinaloa se elevaron a 73. Al revisar el número de ejecutados en la entidad se ve la forma como van subiendo ese tipo de muertes: 15 en enero, 27 en febrero, 36 en marzo y 41 en abril. Las variaciones se vuelven más alarmantes en la medida en que las cifras se desdoblan. De acuerdo con un informe que entregó la Secretaría de Seguridad Pública al presidente Felipe Calderón, hasta antes de los operativos uno de cada 11 ejecutados se daba en Sinaloa, cambiando a 3 de cada 20 ejecutados en el país. En la información pormenorizada que tiene el gobierno federal de 162 municipios en los ocho estados en donde hay operativos contra el narcotráfico, Sinaloa vuelve a aparecer como la entidad más violenta. El municipio más violento de la nación es Culiacán, la capital sinaloense, donde se dieron 54 ejecuciones entre enero y abril de este año, que representan 6.11% del total nacional. En el número 10 del ranking de la violencia municipal se encuentra Mazatlán, con 10 ejecutados; Badiraguato -la cuna de los más afamados narcos en la historia de México- con siete, al igual que Guasave, que los ubica en el lugar 17; más atrás se encuentra Navolato, en el lugar 19, con siete ejecutados -pero que por la suma de los ejecutados en diciembre no figura en el mismo lugar de los dos anteriores-; y finalmente Elota, que se encuentra en el valle agrícola, en el lugar 25, con seis ejecutados. En Sinaloa se encuentran seis de los 25 municipios más violentos del país; seguido de Michoacán que tiene cinco; Guerrero que contribuye con cuatro; Baja California, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, con dos cada uno; y Nuevo León y Sonora, con un municipio de cada entidad. 12.6% de las ejecuciones en el país corresponden a Sinaloa, que está próximo a rebasar a Michoacán, que actualmente aporta 13.8% de ellas, y alejándose de Guerrero, que suma hoy en día 10.1%. Estos números son altamente significativos, pues la suma combinada alcanza 36.5% de los 25 municipios donde el crimen por delincuencia organizada es más agudo, y que conjuntan 42% de las ejecuciones. Ciertamente, cuatro de cada 10 ejecuciones que se dieron en los cuatro primeros meses del país sucedieron en esos 25 municipios donde, de acuerdo con el informe entregado al Presidente, se encuentran las zonas controladas por los cárteles de Sinaloa, de Tijuana, y en las zonas donde se están enfrentando los sinaloenses con el cártel del Golfo, que es en Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. La violencia en Sinaloa finalmente llegó a la atención de la opinión pública nacional, aunque por la puerta de atrás. De acuerdo con funcionarios federales, es imposible que se pudieran alcanzar esos grados de criminalidad e impunidad sin la participación de autoridades locales, particularmente las policías municipales, que entregaron los territorios al cártel de Sinaloa con la complacencia -al no hacer nada por impedirlo- del gobierno estatal. Un reciente reportaje en EL UNIVERSAL mostró el dominio que tiene el cártel de Sinaloa sobre la economía del estado y de toda la franja del Pacífico, desde Nayarit hasta Baja California, sin que haya enfrentado obstáculos para construir su reino económico. En Guamúchil, por ejemplo, cuando llegó el Ejército destruyó una pista aérea desde la cual 70 avionetas subían y bajaban de la sierra con droga sin mayores problemas, y su presencia motivó que los 40 Hummers blindados que circulaban por sus calles fueran escondidos mientras se volvía a enfriar la plaza. Padilla Aguilar tiene que empezar a dar explicaciones de cómo permitió que Sinaloa se fuera envenenando sin que hiciera nada para frenarlo. Políticamente está en entredicho por su actitud silenciosa, y económicamente enfrenta ahora nuevos dilemas. En varias de las ciudades que dominaba el narco, después de la llegada de las fuerzas federales entró en crisis su economía local, y están cerrando distribuidoras de automóviles, comercios y agencias de bienes raíces ante la acometida militar y policial. ¿Cómo pudieron convertirse esas comunidades en municipios boyantes sin que se les inyectaran los suficientes recursos del erario? Está descartado por completo que el gobernador careciera de la información. Padilla Aguilar, en todo caso, debe haber pensado que Sinaloa podría manejarse como se hizo en Búfalo, Chihuahua, donde una pequeña comunidad producía dos millones de tortillas y rostizaba mil 800 pollos al día, que alimentaban a los cinco mil trabajadores de un extenso campo de mariguana. El problema es que Búfalo existió hace 22 años y hoy, lamentablemente para el gobernador, la rendición de cuentas tiende a ser inmediata. rriva@eluniversal.com.mxr_rivapalacio@yahoo.com
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