Como lo hemos repetido durante mucho tiempo, los grupos de poder de todo tipo que conforman monopolios rentistas constituyen la principal restricción a nuestro crecimiento y mayor bienestar

En estos días el Banco Mundial (BM) hizo público el estudio Gobernabilidad democrática en México: más allá de la captura del Estado y la polarización social , en el cual señala 11 puntos que constituyen restricciones fundamentales a nuestro crecimiento.

Estos puntos son: 1) obstáculos para promover un entorno competitivo; 2) problemas en el marco impositivo y en su regulación; 3) alta corrupción; 4) limitaciones en la educación; 5) altos costos por la regulación; 6) deficiencias en el sector financiero por la existencia de monopolios; 7) rezagos en la inversión en tecnología; 8) altos costos en el transporte; 9) falta de continuidad en políticas macroeconómicas; 10) altos precios en combustibles y energía y 11) rigideces en el mercado laboral. En suma, estos elementos impiden que nuestra economía alcance mayores niveles competitivos, se modernice y contribuya de manera significativa a nuestro crecimiento y a un mayor bienestar para la sociedad.

Ninguno de estos problemas es nuevo y desde hace tiempo los hemos venido señalando académicos y analistas, e incluso las mismas autoridades. El BM sólo los sistematiza y les agrega su firma. En todo caso son nuestros 11 pecados capitales, aunque en realidad son 10 y uno de ellos sería el pecado original, ya que, mientras no lo resolvamos, difícilmente se solucionará el resto de ellos.

Todos sabemos que el mayor obstáculo para que nuestra economía logre alcanzar un nivel superior de desarrollo son los grupos de poder, públicos y privados, que se han conformado en grupos monopólicos rentistas y cuya principal actividad es la de redistribuirse el pastel más que crear nuevas oportunidades para hacerlo crecer. Aquí se incluyen empresas privadas y públicas; grupos políticos y sociales; sindicatos y otros más. Mientras no logremos modificar esta situación, difícilmente avanzaremos en la solución de los otros problemas.

Por ejemplo, todos conocemos el serio problema en la calidad de nuestra educación tal como lo han mostrado públicamente los resultados internacionales sobre la materia. Pero todos conocemos también que un obstáculo en la consecución de las políticas públicas adecuadas para resolver este problema ha sido, entre otros, el propio sindicato, como quedó claro en la reciente negociación salarial, o como lo demuestra el comportamiento radical de la Coordinadora en estados en los que tiene mayoría, pero cuyos resultados en valoraciones educativas los dejan mal parados.

Otro ejemplo es el referido a los altos costos en los energéticos, pero modificar esta situación requiere una actitud distinta de los que detentan el poder en estos monopolios públicos, así como en los grupos políticos y sindicales que encuentran beneficios en sostener y apoyar estas ineficiencias. Lo mismo sucede con el punto referido al sector financiero. Es claro que una de las mayores preocupaciones ha sido el tema de las comisiones, que son los precios pagados por los servicios que ofrece este sector.

En un mercado oligopólico o monopólico, estos precios siempre reflejarán una redistribución de bienestar de los consumidores a los productores. Aquí hablamos de grupos de poder privados, como sucedería en los sectores de telecomunicaciones o de transportes. En todos los casos existe algún grado de corrupción, ineficiencias o marcos regulatorios y de supervisión poco adecuados, lo que incrementa los costos por este motivo. Lo más preocupante es que muchos de estos beneficios no son ilegales, sino que precisamente son obtenidos de acuerdo con el marco legal y de regulación vigente.

El problema es que modificar este entorno legal e institucional es una tarea titánica que se verá enfrentada precisamente a estos grupos y a sus voceros. Ejemplos recientes abundan en nuestro país. Una breve lista de temas últimamente discutidos en los medios podrá refrescar la memoria de nuestro lector: ley Televisa; el tema de la intercomunicación y la interconexión; la Ley del ISSSTE; la posibilidad de ofrecer más dientes a nuestras autoridades regulatorias y supervisoras; la recepción a las opiniones sobre competencia en diversos sectores expresadas por la Comisión Federal de Competencia; la negociación salarial del magisterio; las comisiones por los servicios bancarios y financieros; la distribución de la gasolina en nuestro país; la distribución de medicinas; la transparencia en el gasto de los estados; la defensa del esquema de tratamiento especial tributario a ciertos sectores productivos; el aeropuerto y Atenco, y muchos otros temas que por falta de espacio no menciono en este espacio.

Hablamos de estructuras de poder que se han venido conformando en el último siglo como consecuencia en muchos casos de prebendas, pagos y favores políticos, y que a pesar de los cambios democráticos que se han venido dando en nuestro país, su existencia no se ha visto mermada en la mayoría de los casos y han sido muy efectivas para readaptarse a las nuevas condiciones. Este es el pecado original de nuestra economía y sólo mediante su solución podremos avanzar en resolver la mayoría de los otros problemas.

alejandro.villagomez@cide.edu