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James Bond en el Trópico
Las insuficiencias en la ley crean un vacío para que las fuerzas de seguridad puedan violar derechos humanos en la guerra contra el narco En la semana de Pascua, Iván y Juan Carlos, hermanos de una política local en Sinaloa, bebían e inhalaban cocaína sentados en el garaje de su casa, con sus fusiles de asalto R-15, de uso exclusivo del Ejército reposando junto a ellos. Todo era normal para los estándares sociopolíticos de Culiacán, cuando de la nada, desde un automóvil comenzaron a dispararles. Ilesos, Iván y Juan Carlos fueron tras los agresores, en una persecución que dejó tres inocentes muertos en el camino y que sólo paró al acabárseles las balas. Cuando recargaban en su casa, los detuvo la policía local. Casi de inmediato llegaran cinco camionetas negras blindadas de agentes federales que exigieron se los entregaran. Si no nos los dan, amenazaron, aquí se quedan todos. Dos días después, los jóvenes aparecieron muertos. En el DF, las autoridades dicen no estar enteradas del incidente. En Culiacán, aunque no se hizo público, muchos saben qué pasó. No ha sido un caso único, afirman, sino que empieza a darse de manera cada vez más regular. ¿Qué está pasando? En medio de un debate nacional sobre si es mejor en el largo plazo cometer la injusticia de afectar a una persona inocente a cambio de poder tener en la cárcel a quienes participan del crimen organizado, o cuidar todos los derechos de todos, dejando en segundo término la posibilidad de que un narcotraficante permanezca libre, una serie de incidentes están arrojando señales de alerta en Sinaloa. ¿La legitimidad exclusiva de la violencia por parte del Estado permite en las condiciones actuales hacer a un lado la ley? La disyuntiva tiene que ver con los derechos humanos y con la negociación política sobre qué camino tomar. Esta disyuntiva la han pasado muchos países en su historia. Incluso Hollywood ha ayudado a construir consensos sobre esa política de Estado. No hay nada más elocuente que James Bond, la demostración más clara de cómo el Estado británico realiza acciones extralegales para enfrentar a sus enemigos, con la lógica que si actuaran dentro del marco de derecho, jamás podrían hacer frente efectivo a quienes los amenazan. El agente 007 tiene "licencia para matar", sin tener que rendir cuentas a nadie. Otro caso es el de Jack Bauer, la estrella de la exitosa serie de televisión 24 que en sus primeras cinco temporadas participó en 67 escenas de tortura, lo que motivó un ensayo en la revista The New Yorker en febrero pasado, donde detalla cómo el agente secreto viola todo por lo cual Estados Unidos ha luchado y rompe con los convenios internacionales que ha suscrito. 24 es la serie más gustada por los generales estadounidenses en Irak, y ha sido utilizada para mostrárselas a soldados en las zonas de guerra antes de que interroguen a sus enemigos. Bond y Bauer son presentados como héroes nacionales y ayudado a la propaganda bélica, sin recibir jamás en sus series objeciones legales y morales por sus excesos al interrogar o por sus ejecuciones. Aunque personajes ficticios, tienen ataduras en la vida real. En las oficinas de producción de 24 en Hollywood, revela The New Yorker, se encuentran copias del manual de interrogatorios coercitivos que hizo la CIA en 1963 bajo el nombre de KUBARK. Por más imaginarias que puedan ser las películas o los programas de televisión, siempre hay un sedimento de realidad. Métodos extralegales contra un enemigo declarado siempre ha sido un recurso de un Estado, como en estos días se puede ver en Colombia, donde ex líderes paramilitares aseguran que fueron altos funcionarios gubernamentales quienes los instigaron a crear esas fuerzas ilegales para combatir a las guerrillas. México no es una excepción. En los 60 y 70 se usó al Ejército y a la extinta Dirección Federal de Seguridad para eliminar a las guerrillas rurales y urbanas. Un director de la DFS llegó a aniquilar a insubordinados en un motín en una cárcel y disparar en la pierna a un detenido para que confesara. La tortura y la eliminación de personas era parte de un método entre las policías mexicanas contra los "enemigos" del Estado. Una vez, por ejemplo, un sicario de un cártel sacó violentamente de una discoteca a un presidente municipal porque, simplemente, no le gustaba su actitud. Lo hincó a media calle y a punto de ejecutarlo de un balazo en la cabeza, el dueño de la discoteca lo persuadió de no cometer el crimen. Dos meses después, el jefe de la zona militar le dijo al alcalde que todo había sido "solucionado". Los militares habían matado al sicario, a su familia más cercana y a sus principales colaboradores. Ya no iban a volver a dar problemas, le dijeron, y serviría de mensaje para "otros". Esos tiempos parecían idos, pero en las últimas semanas han surgido datos de que están regresando. Los hechos en Culiacán apuntan en ese sentido, y aunque no se puede establecer si se está conformando un patrón, los síntomas que están apareciendo son de sí alarmantes. Se suman, por cierto, a las recientes violaciones a los derechos que han cometido elementos del Ejército en Michoacán. Bond y Bauer están apareciendo en el trópico mexicano de una manera abierta, como muestra el caso de Sinaloa, e intempestiva en la nueva coyuntura de la guerra contra los cárteles de la droga. La popularidad creciente del presidente Felipe Calderón por su embate frontal a los cárteles anima a Los Pinos a mantener el tema caliente, dejando muy abierta la puerta para la discrecionalidad en las acciones. Hay muchos gritos que se oponen a ellas, pero no deja de ser retórica inflamatoria. Los actos que evocan el pasado no son el camino a seguir. Sin embargo, hay una fuerte corriente de opinión que está de acuerdo en que el combate a la delincuencia no puede tener ataduras legales. Estamos en una trampa. El gobierno federal envió una iniciativa de reformas que pedía, entre otras cosas, poder realizar escuchas telefónicas y cateos sin orden judicial, que fue rechazada en el Congreso por violar derechos humanos. Pero al mismo tiempo, como se dio en Sinaloa, el estado más violento en el país, de 67 órdenes de cateo solicitadas en el primer trimestre de este año, 67 fueron negadas por el poder judicial, y en Monterrey, una orden que demoró siete horas, permitió que escaparan de una casa representantes del cártel del Golfo y el familiar de un político encumbrado. Las dos partes tienen razón, unos por frustración y otros por lo que significaría. Pero en ese limbo, lo único que avanzan son los delincuentes y las tentaciones de hacer del combate al narco una nueva guerra sucia. El problema es que hoy, como en los 70 y 80, hay consenso entre la ciudadanía para que se proceda como sea para mejorar su seguridad. El Congreso tiene que actuar y encontrar con el gobierno un marco de ley que ayude a librar esa guerra sin socavar las garantías individuales de la gente. Si no, ya sabemos: lloramos, nos arrepentimos, y lo volvemos a hacer. rriva@eluniversal.com.mx r_rivapalacio@yahoo.com
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