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La barrera de las mil muertes
Sacar al Ejército a las calles no es más que dar palos de ciego, en tanto no exista una política de Estado integral contra el narco Según el recuento puntual de crímenes acreditados al narcotráfico -que realiza EL UNIVERSAL, y que el pasado viernes reportaba 987 bajas-, en las próximas horas se alcanzará la barrera sicológica de las mil muertes -producto de ejecuciones, enfrentamientos y ajustes de cuentas- en lo que va del gobierno de Felipe Calderón; del 1 de diciembre de 2006 a la primera quincena de mayo de 2007. Es decir, en 165 días se han producido seis asesinatos diarios, en promedio. Una verdadera guerra que parecía impensable apenas hace unos cuantos años y que a fuerza de su cotidiano saldo de muerte ha obligado a los medios informativos a presentar diariamente una suerte de "Bolsa de Valores de la Muerte", en la que se reportan "jornadas negras" que superan las 20 ejecuciones y se rompen barreras sicológicas como la cifra de mil muertes registradas -como la que en las próximas horas será alcanzada-, y que hablan de la gravedad del problema. Las constantes en esa estadística de la violencia son, por un lado, la impunidad de las bandas criminales; sicarios a sueldo cuyo trabajo es el de máquinas de terror y muerte -pues lo mismo levantan que secuestran, torturan, ejecutan, encobijan, encostalan, entamban, decapitan, desaparecen y, en no pocos casos, recuperan compañeros lo mismo de hospitales que de cárceles-, y que en reiteradas ocasiones operan con la complicidad de autoridades, pero siempre al amparo del factor sorpresa. Esas bandas criminales se han convertido, en los últimos meses, en una suerte de "guerrillas" del crimen organizado, difíciles de detectar por esa característica. Y por otro lado, aparece la abierta complicidad de policías de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal -complicidad en muchos casos por acción y en otros por omisión-, las que sólo en contados casos tienen acceso a la preparación y el equipo necesarios para hacer frente a verdaderos ejércitos criminales, cada vez con mayor adiestramiento y mejor armamento. Un solo ejemplo, para quienes tienen dudas. La policía de Cuernavaca, Morelos -a sólo 50 kilómetros del DF, y puente geográfico entre el violento estado de Guerrero y la capital del país-, fue dotada recientemente con nuevo armamento. Sí, se les entregaron rifles M2, que fueron fabricados en 1942 -y usados en la Segunda Guerra Mundial-, y que en su mayoría no funcionan. Una policía moderna, sin duda, la de Cuernavaca. Pero el asunto va más allá de la clásica y añosa confrontación entre policías y ladrones. ¿Qué significa que en casi seis meses se pueda levantar una estadística puntual de mil muertes de ciudadanos mexicanos, delincuentes o no, cuyo registro habla de impunidad total de los criminales y de probada incapacidad de la autoridad de todos los niveles para hacer frente a la emergencia? El dilema debe ser visto y enfrentado como lo que es: un problema, acaso el mayor de la seguridad nacional. Y es que contra la declaración fácil y la propaganda engañosa, no sólo es una guerra entre bandas que se disputan zonas para operar los rentables negocios del crimen, en todas sus modalidades, sino que es una guerra declarada por esas bandas -además de la pugna entre ellas-, contra el Estado mexicano. ¿Qué significa que al aproximarse la barrera sicológica de mil muertes ligadas al crimen organizado, también se escale la jerarquía de los policías y militares ejecutados; que se llegue a la ejecución de escoltas del gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, a militares de alto rango? La respuesta, más allá de que quieran distraer con el cuento de la "confusión", es que esa guerra entre tres frentes -los de las bandas que se disputan territorios y las bandas que al mismo tiempo combaten instituciones-, ya involucró al Estado todo, frente al riesgo nada descartable de que el propio Estado sea rebasado. En un error que hoy debiera quedar claro para todos en el gobierno de Calderón, se intentó hacer frente a la violencia criminal con la fuerza natural del Estado: las policías federales y el Ejército. Los operativos no han servido más que para demostrar el tamaño de los cárteles, su influencia territorial, el potencial de armamento, y la capacidad logística y operativa de las bandas que, incluso, se dan el dudoso lujo de montar emboscadas y retenes para asesinar a militares y policías de alta capacitación. Pero si es un problema de seguridad nacional que involucra al Estado todo, sacar al Ejército a las calles, movilizar policías por todo el país, no es más que dar palos de ciego, en tanto no exista una verdadera política de Estado que incluya cuerpos policíacos especiales, multidiciplinarios, con un eje de inteligencia eficaz, real, y con acciones no sólo para perseguir sicarios a sueldo, en caliente, sino para romper las redes de distribución de droga, de movilización y lavado de dinero, para fracturar los centros de protección policíaca, política, financiera y judicial; trabajar en puertos y aeropuertos, en los frentes educativo y de salud, en los espacios legislativo y judicial. La propaganda complaciente engaña un día, no más. aleman2@prodigy.net.mx
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