Rochefoucauld, en una de sus Máximas famosas (la quinta edición es de 1678) dice que "la prontitud en creer lo malo sin haberlo examinado es efecto, a la vez, de la pereza y la arrogancia de la ignorancia. En suma, se quiere encontrar culpables, pero no se quiere tomar el trabajo de examinar los crímenes".

Algo existe de ello en el debate sobre la reforma fiscal. Ha terminado por aceptarse el fallo, inapelable, de la OCDE: la presión fiscal de México es la más baja de los 30 países de la organización y que, a su vez, con los ingresos fiscales del petróleo y otras empresas públicas, apenas representa 23% frente a casi 35% promedio de la OCDE. La organización ha insistido: con esos recursos es imposible hacer frente a las demandas sociales, educativas y de empleo de México.

Según la máxima citada, se quiere encontrar culpables, pero no el trabajo de examinar los crímenes, esto es, el derredor sociológico e institucional del modelo económico que produce pobres, pero no sujetos fiscales.

Prueba de ello es que, en 2006, según indicadores del INEGI, 27.2% de la población activa estaba en el sector informal, es decir, al margen de las responsabilidades y beneficios -es un decir inevitable y lógico- de la población económicamente activa. En el informe de Davos (The Global Competitiveness Report 2006-2007) se coloca a México, en orden del sector informal, en el lugar 104 de 125 países evaluados. Exactamente entre Burkina Faso y Camerún. El país 106 es Angola. ¡Qué bien! El INEGI, en 2006, señala que la población de 14 años y más que se considera "activa" (lo cual quiere decir que un porcentaje importante no está en la escolaridad) se divide así: "No recibe ingresos, 8.7%; menos de un salario mínimo, 13.4%; de uno hasta dos salarios mínimos, 21.1%; más de dos y hasta cinco salarios mínimos, 39.9%; más de cinco salarios mínimos, 11.5%, y no especificado, 5.4%".

Cabe decir que la primera "ciudadanización" por vía del impuesto la realizó, nunca se dice, la revolución francesa que consagró, por cierto, el derecho a la propiedad privada. En efecto, la Constitución de 1791, la primera de la Revolución, definió la ciudadanía así: dividiendo a los franceses en "ciudadanos activos" y "ciudadanos pasivos". Los primeros ¡ya entonces! eran los que pagaban impuestos, y los que no tendrían derecho al voto y, por tanto, a la política, eran los "pasivos". La revolución francesa realiza así una definición ostensible de discriminación, pese a que esa Constitución tuvo, como prefacio, la Declaración de los Derechos Humanos que, en su artículo primero, declaraba la igualdad de derechos de todos los hombres como el centro dialéctico de la revolución. Lo grave, además de dejar fuera del voto a las mujeres y, por tanto, fuera de la ciudadanía, fue que los "pasivos" fueron casi la mitad de la población francesa de más de 25 años. La Constitución señalaba, además, que para ser "elegido", se requería pagar más impuestos que la mayoría de los activos con lo cual se creó, prácticamente hasta 1848, lo que se ha denominado sociológicamente la Francia de los Notables. Desde el punto de vista de esa lógica de 1791, la mayor parte de los mexicanos serían pasivos y, aunque pueden votar, su verdadera capacidad de intervención y de integración en el bienestar histórico de la nación es todavía una quimera. Añádase un dato relevante del INEGI que normalmente no se registra: que la "tasa de desempleo" (oficialmente 3.2%) se eleva a 9.1% si se incluye la tasa de "ocupación parcial". Todo el mundo sabe que se integra en la PEA a una considerable parte de trabajadores que sólo laboran pocas horas (datos del segundo trimestre de 2006).

En suma, desde el punto de vista fiscal de la primera Constitución de la Revolución Francesa, el porcentaje de pasivos en México es notable (fuera de la presión fiscal) en tanto que, como proposición no demagógica, la concentración de la riqueza conforma uno de los aspectos más destacados de un fenómeno mexicano que me he cansado de explicitar (de la misma manera que, en los últimos años, he señalado que se terminaban las reservas probadas de petróleo (ya menos del 1.1% mundiales) y, como si la sociedad estuviera compuesta por pasivos, esa realidad no se ha hecho pública hasta que por la voz del presidente Calderón se oficializó, cuando era un hecho comprobable en todas las estadísticas mundiales y cuando, el año pasado, las exportaciones de crudo representaron ya más de 15% del total exportado. ¡Una barbaridad que, además, se expresaba en otra barbaridad, su papel en el presupuesto público!

La reforma fiscal es inseparable, indisociable de un esclarecimiento de esa realidad. En suma, que el problema real del país no es la pobreza, palabra mágica que permite al poder ser el rey mago con un flujo económico que reproduce, sin más, la pobreza. En síntesis, el dilema no es la pobreza, sino la desigualdad y ese es el factor fundamental para el esclarecimiento fiscal. Cabe añadir que en 1848 la masa salarial francesa (todos los que trabajamos) representa una cifra del PIB muy superior a la que en estos momentos (los datos de 2004 revelan que la masa salarial en México conformaba 33.3% del PIB y esa cifra está congelada desde casi dos generaciones) representa la masa salarial mexicana. En estos momentos se ha producido un áspero debate en España porque el sindicalismo (que no es corporativo ni representante del poder económico) ha puesto el grito en el cielo porque su participación en el PIB ha bajado un punto, a 46% del PIB, y que ese punto pasó a las empresas. En síntesis, cualquier reforma fiscal, además de esos elementos concienciales, tiene que poseer una connotación básica: la claridad en el gasto público. Ello supone eficiencia institucional. El informe de Davos, en ese punto, coloca a México en el lugar 63, entre Moldavia y Bulgaria.

alponte@prodigy.net.mx