La utilización discrecional de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico debe reabrir la discusión sobre si se quiere o no a la tropa en las calles

En las Fuerzas Armadas hay un cierto clima de molestia porque el gobierno de Felipe Calderón decidió utilizarlas, entre otras cosas, como policías en su campaña nacional contra el narcotráfico. El manoseo de sus funciones tiene que ver con que desde 1917 ningún presidente ha querido reglamentar el uso del Ejército.

Pero hoy, ante su alta exposición pública e incremento en los márgenes de su vulnerabilidad, empiezan a surgir voces que exigen a los legisladores que se reglamente el sexto párrafo del artículo 89 constitucional, que definiría los alcances de las Fuerzas Armadas para la defensa y salvaguarda de la seguridad nacional.

Los militares, tropas regulares o de élite, de la Defensa o de la Marina, han sido utilizados desde diciembre pasado en todo el país para respaldar los operativos de recuperación territorial de las zonas que se encontraban en poder de los cárteles de la droga. Los han puesto en controles de población, dentro de las ciudades más calientes del narco o a cargo de retenes en las carreteras.

Los han llevado a la toma de comandancias policiales donde los cuerpos municipales están sufriendo la metástasis del cáncer del dinero de la droga, y para respaldar los programas de erradicación de drogas que, se quejan ellos mismos, no va con la celeridad esperada. Están, por decirlo de alguna manera, en la primera línea de fuego.

Esto conlleva sus riesgos. Por un lado, los colocó cerca del dinero fácil, como se demostró en la perversión de la tropa desde los primeros años de los 80 cuando el gobierno mexicano, requerido de ingresos para poder mantener la economía nacional a flote ante la crisis petrolera, diseñó una política monetaria secreta para allegarse recursos provenientes de la droga, utilizando por primera vez al Ejército para vigilar campos de cultivo de mariguana y cocaína, particularmente en el norte y el Pacífico del país.

México no se hundió, pero el Ejército se contaminó y varios de sus generales se fueron involucrando en actividades ilícitas, por lo cual algunos se encuentran actualmente en la cárcel. Por otro lado, tampoco se resolvieron problemas de fondo que ayudaran a mantenerlos ajenos de los cárteles, como es el caso de los salarios para cuerpos especiales, como los Gafes del Ejército y los Ganfes de la Marina, que ante la baja paga han venido siendo reclutados por los cárteles del Golfo y Sinaloa, respectivamente, que les multiplican los ingresos en proporciones que pueden ir de 7 mil pesos mensuales a 30 mil cuando menos, en el mismo periodo.

Estas deficiencias estructurales han provocado que sólo en el sexenio pasado 121 mil soldadores desertaran del Ejército y 45 mil de la Armada, y cuando un ciudadano escucha que los narcotraficantes utilizan bombas, bazucas o son diestros en el manejo de armas de alto calibre o reglamentarias para el uso exclusivo del Ejército, no suele preguntarse si en realidad esos sicarios o lugartenientes de los narcos tienen una formación castrense. La tienen.

El caso de Los Zetas, el brazo armado del Cártel del Golfo, es la mejor prueba de ello. Su jefe, Heriberto Lazcano, El Z-1, fue Gafe, y tiene bajo sus órdenes a especialistas en explosiones y demoliciones, telecomunicaciones e inteligencia, lo que hace a ese grupo una suborganización de alta peligrosidad para los gobiernos de México y Estados Unidos. Sus cuadros tienen un gran entrenamiento, como el caso de Gerardo Sánchez Trujillo, detenido recientemente en Villarín, Veracruz, cuando asesinaron a Efraín Teodoro Torres, El Z-14, quien desertó de los Gafes hace tres años después de haber ocupado el tercer lugar de su clase en los cursos de especialización de tropas de élite en Fort Bragg.

La discrecionalidad con la que los gobiernos han manejado a las Fuerzas Armadas ha llevado a los militares a momentos de enorme desprestigio o tensión con el presidente en turno. Su manejo político como fuerza represora en 1968 los sigue marcando después de casi 40 años de la matanza de Tlatelolco. El presidente Ernesto Zedillo le impidió que cumpliera con su tarea constitucional cuando su estrategia política contra el EZLN fue aislarlos y deshidratar a las comunidades indígenas en las zonas guerrilleras, impidiendo, cuando menos en dos ocasiones, que procedieran a la captura del subcomandante Marcos, como solicitaban les autorizaran. Y el presidente Vicente Fox fue más allá, humillando al Ejército al autorizar dos zapatours al EZLN y permitirles, violando la Constitución, viajar por el país.

Adicionalmente, y sólo porque el ex secretario de la Defensa, general Clemente Vega García se negó, planteó movilizar a la tropa para enfrentar movilizaciones que pensaba habría si procedía a encarcelar a Andrés Manuel López Obrador cuando el proceso del desafuero. El presidente Calderón no ha llevado a las Fuerzas Armadas a ese extremo, pero su uso policial no ha resultado del agrado generalizado. Las Fuerzas Armadas no están para que se manejen bajo un esquema policial. Aquí y en el mundo son procuradoras de la seguridad nacional, que incluye la atención a población en caso de desastres. Los señalamientos específicos a legisladores para que se reglamente el uso del Ejército no pueden soslayarse. Es evidente que existe una preocupación creciente y un proceso extrovertido de un sector que manejaba la secrecía como parte de su vida cotidiana.

Las Fuerzas Armadas han venido evolucionando en su relación con el mundo civil, particularmente el político, interactuando de forma totalmente distinta al pasado.

Aunque profundamente institucionales, ya no han permitido un manejo caprichoso de sus cuerpos, desarrollando una interlocución crítica con el Ejecutivo. Reglamentar el 89 constitucional en su párrafo sexto implica, sin embargo, una discusión que tendrá que darse sobre el papel que deben jugar en la actualidad.

Si los están utilizando para el combate al narcotráfico, ¿habría que darle el sustento constitucional para ello? Esta discusión puede ser muy pantanosa. La contaminación de altos mandos militares con el narcotráfico se dio, en parte, por su exposición ante el fenómeno y su cercanía al redituable negocio. Reglamentar el artículo para que lo hagan de manera formal y legal oficializaría lo que están haciendo y amplía esa posibilidad a un estadio del que han temido los presidentes mexicanos: sacar al Ejército a la calle.

Sucesivas recomendaciones históricas a los presidentes mexicanos sostenían que el problema no era sacarlo, sino regresarlo a los cuarteles. Es decir, el temor eterno de que las Fuerzas Armadas tomaran el poder real del país, bajo la máscara civil. ¿Estamos listos para esa discusión y enfrentar los fantasmas que nos han perseguido por décadas? No queda mucho margen de maniobra para seguir elucubrando en el vacío intelectual. Lo que no se puede permitir es la manipulación de la tropa para objetivos políticos, sin importar que coyunturalmente estos objetivos persigan un bien para la nación.

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