Tijuana fue convertida ayer en la Chicago de los años 20, cuando integrantes de un comando armado llegaron al Hospital General de esa población fronteriza disparando ráfagas de rifles de alto poder para rescatar a uno de sus compañeros que había resultado herido en una de las varias balaceras con policías municipales, tras de las cuales al menos tres personas, entre ellas dos uniformados, quedaron muertos y obligaron a que el inmueble, en el que había una veintena de rehenes y varios hombres con armas en las manos, fuera custodiado por elementos del Ejército y de distintos organismos de seguridad pública estatal y federal.

Ese hecho vino a confirmar la inutilidad del operativo policiaco-militar que el gobierno federal mantiene desde hace varios meses en ese municipio bajacaliforniano y en otras ciudades del interior de la República, y a demostrar que el presidente Felipe Calderón y quienes están responsabilizados de su declarada guerra al narcotráfico y al crimen organizado siguen sin encontrar la forma de poder enfrentar la violencia que tiene asoladas a varias entidades federativas y que, admítase o no, sigue tiñendo de sangre el territorio nacional.

De acuerdo con los reportes recibidos desde Tijuana, la primera de las tres balaceras que se registraron fue entre policías municipales y sicarios, en la que uno de éstos quedó herido y fue trasladado al Hospital General -el mismo en el que Luis Donaldo Colosio muriera tras el atentado que sufrió en Lomas Taurinas al final de un mitin la tarde del miércoles 23 de marzo de 1994-, hasta donde llegaron sus compañeros para rescatarlo, originándose la segunda balacera que aterrorizó a centenares de pacientes y al personal médico que permanecía en el interior del nosocomio, del que algunos fueron evacuados mientras que otros fueron mantenidos como rehenes. El tercer tiroteo se dio por la tarde en el interior del hospital, aunque no se reportan más víctimas.

La violenta acción del grupo armado que inicialmente se enfrentó con policías municipales originó una amplia movilización de la fuerza pública y militar en los alrededores y dentro del inmueble, lo que provocó pánico entre la población tijuanense, que vieron convertida su ciudad en la Chicago del 2007, a pesar de los operativos antinarco que el gobierno federal ha desplegado y que ha resultado tan costosa como estéril.

Por más declaraciones que hace el presidente Calderón sobre su decisión de enfrentar la violencia, y por más advertencias que lanza de que su gobierno va a actuar con más energía contra el narcotráfico y el crimen organizado, éstos siguen actuando en las narices de soldados, policías y agentes federales y estatales, como ayer lo demostraron, por enésima ocasión, en Tijuana.

De esto y de aquello...

P or incurrir en cuando menos cinco presuntos delitos por su intromisión en el sindicato minero y urdir la destitución de Napoleón Gómez Urrutia para imponer a Elías Morales con documentación falsa, el senador perredista Ricardo Monreal presentó ayer una denuncia penal en la PGR contra el ex presidente Vicente Fox y el ex secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar. En esa denuncia, el legislador zacatecano incluyó también al ex delegado de esa dependencia en Coahuila durante la tragedia de la mina Pasta de Conchos, que el juez que seguía la causa determinó cerrar el caso, provocando una ola de protestas. Monreal aseguró que esta denuncia es apenas la punta del iceberg, al anunciar que se preparan otras contra el ex presidente y sus ex colaboradores por el estado en el que, según la Auditoria Superior de la Federación, dejaron a la nación. El polémico dictamen de la despenalización del aborto que propuso el PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal será aprobado hoy en comisiones, y en la sesión del próximo martes se someterá a debate ante el pleno, lo que augura un agarrón verbal, y algo más, dentro y fuera del recinto de Donceles y Allende. Las opiniones están más que polarizadas porque mientras unos grupos insisten -pese al rechazo del pleno de la ALDF- en que haya un referéndum sobre si se debe o no legalizar el aborto, otros dan por hecho la despenalización. A su vez, los jerarcas de la Iglesia católica lanzan advertencias a diestra y siniestra contra quienes voten a favor y se les acusa de estar enrareciendo más el ambiente. En medio de ese caldeado ambiente, las amenazas a los que están a favor del aborto arrecian a través de llamadas telefónicas anónimas y de correos electrónicos, y también los que dicen defender el derecho a la vida se están llevando lo suyo. Por segunda ocasión, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le da un jalón de orejas al presidente del PAN, Manuel Espino, ahora por haber asumido atribuciones ajenas al ratificar un acuerdo para ampliar de 25 a 30 el número de integrantes del comité estatal en Campeche y sustituir a varios de ellos. El máximo organismo electoral le dio al duranguense un plazo de 10 días para que convoque al Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul, cuyos integrantes son los que deberán aprobar o ratificar esa decisión que Espino tomó en lo personal. Como se recuerda, el mismo órgano electoral resolvió hace unos meses que la postulación de candidatos a cargos de elección en Chihuahua es facultad de la dirigencia estatal y no del líder nacional. Y en otra más de las suyas, de gira por Yucatán, Espino rechazó ayer en Mérida, de manera categórica, que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN esté obligado a rendirle cuentas al presidente Calderón de las tareas de ese partido, ya que todo se concreta a una comunicación, a un diálogo, con el Ejecutivo federal. En una conferencia de prensa que ofreció en la sede nacional de su partido, confirmó que pasado mañana sábado viajará con el ex presidente Fox a Estrasburgo para asistir a una reunión del Parlamento Europeo, pero que el guanajuatense va "acompañando al presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América", cargo que Espino tiene simultáneamente al mando en el PAN.