Está claro que el Estado enfrenta una de las más cruentas guerras contra el crimen organizado

U n grupo de diputados del PRI presentó a sus pares -legisladores del resto de partidos políticos- un seguimiento sobre la criminalidad en México durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Las cifras resultan escalofriantes; de 2001 a lo que va de 2007 se han registrado en el territorio nacional poco más de 9 mil narcoejecuciones.

A su vez, un seguimiento periodístico puntual -Milenio, 3 de abril- revela que en el primer trimestre de la naciente administración de Felipe Calderón, pese a los operativos federales en una buena parte del país, se han registrado en todo el territorio nacional 677 ejecuciones, ya tomadas en cuenta las ocho registradas la víspera. El trabajo periodístico nos deja ver que los crímenes vinculados al hampa promedian siete muertes diarias, y que los blancos preferidos son policías.

Un trabajo periodístico más -ahora de EL UNIVERSAL, 4 de abril- indica que, según investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), los cárteles de la droga "recurren a diversas técnicas mediáticas con la intención de crear un impacto social de debilidad gubernamental y lograr una percepción de inseguridad global". La estrategia, dicen, tiene dos objetivos fundamentales, "mandar mensajes a sus rivales, pero también crear un clima de inseguridad generalizada entre la sociedad".

Está claro para todos que desde hace varias décadas el Estado mexicano y los tres niveles de gobiernos en turno, sean de PRI, PAN o PRD, enfrentan una de las más cruentas guerras contra el crimen organizado y uno de sus brazos más violentos, el narcotráfico. Si todas las instituciones del Estado, incluidos partidos políticos, gobiernos y los Poderes de la Unión, tienen claro que se trata de una guerra sin cuartel, y si se conviene en que la cifra ofrecida por diputados federales a sus pares en un reciente análisis de la situación -la cifra de 9 mil 500 narcoejecuciones de 2001 a 2007-, entonces estarán de acuerdo en que se trata de una guerra perdida o que se va perdiendo.

En efecto, sea por omisión o por debilidad, la mayor responsabilidad de esa derrota del Estado frente al narcotráfico debe ser acreditada al gobierno federal en turno, en este caso al de Vicente Fox, la primera gestión no priísta en siete décadas. En el fondo se trata de una vergonzosa y peligrosa derrota del primer gobierno surgido de las siglas del PAN, pero eso no excluye al resto de partidos, gobiernos e instituciones del Estado. Esa derrota debe ser acreditada, en mayor o menor medida, a todos los gobiernos estatales y municpales, y en general a las instituciones del Estado.

El asunto resulta aún más escalofriante si se toma en cuenta el registro periodístico del primer trimestre del nuevo gobierno, el de Felipe Calderón, que nos dice que se han producido 677 ejecuciones en ese lapso. El tema alcanza niveles de preocupación si se toma en cuenta que desde los primeros días de su gestión, el presidente Calderón ordenó espectaculares operativos policiaco-militares que pretendieron enviar dos mensajes: recuperar las calles y dar muestras de fuerza.

Queda claro que a pocas semanas de iniciados dichos operativos, su eficacia resultó más mediática que operativa. ¿Por qué? Porque si bien se han logrado lo mismo golpes pequeños -decomiso de arsenales menores- y grandes aciertos -como la incautación millonaria de Las Lomas y el decomiso de arsenales de mayor monto-, en el fondo el clima de violencia no se ha detenido, sino que muestra una clara tendencia a la alza. En pocas palabras, los operativos han fracasado, lo que en el fondo confirma la versión de algunos especialistas que vaticinaron que los operativos serían el equivalente a "pegarle de escobazos al avispero".

En materia de combate al narcotráfico y contención de la violencia criminal, está claro que el gobierno de Felipe Calderón ha sido rebasado por una realidad escalofriante, por una guerra que arroja en promedio siete asesinatos diarios, sea o no entre bandas criminales, sea o no entre bandas y policías. El tamaño de esa guerra y la cantidad de bajas que muestra de manera cotidiana, debería ser del tamaño de la respuesta por parte del Estado mexicano, de todas sus instituciones, incluidos los partidos políticos y sus representantes en el Congreso.

En efecto, el presidente Calderón es el jefe del Estado y del gobierno, pero no puede ser el único responsable de ese fracaso, porque el tamaño de la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico involucra a todas las instituciones del Estado, a gobiernos estatales, municipales, a diputados locales, federales y senadores, a los Poderes de la Unión y a los ciudadanos en general. Pero el problema es que en los centros reales de poder, empezando por el poder presidencial, las acciones no parecen suficientes ni adecuadas.

Y, sí, los cárteles de las drogas pueden emplear los medios electrónicos para su peculiar respuesta mediática, pero esa estrategia no puede ser vista como atenuante del grave problema que compete a todos, sobre todo a las autoridades electas y designadas para ese fin.

aleman2@prodigy.net.mx