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WASHINGTON.- Los últimos 21 meses del gobierno del presidente George W. Bush serán difíciles, muy difíciles. Los problemas curiosamente no son sólo para Bush, sino también para los demócratas, a pesar de sus triunfos electorales. Uno y otro deberán luchar por cumplir metas y propuestas, uno frente a un Congreso hostil, donde los demócratas tienen mayorías y las nuevas minorías republicanas lo culpan de su condición; la oposición, a su vez, por la incapacidad para imponer sus soluciones. Los próximos meses serán el marco de una lucha constante entre el mandatario y sus rivales demócratas, consolidados ahora en pequeñas mayorías en ambas cámaras del Congreso y de una campaña electoral presidencial tan adelantada y tan acerba que los humoristas creen que el ganador puede no ser el mejor candidato, sino el último que quede en pie. La mayor señal actual de los problemas de Bush está en la crisis que puede traducirse en la obligada salida del Procurador General Alberto Gonzales, su viejo amigo y colaborador, que comienza a verse como un lastre para un gobierno que no puede darse el lujo de tenerlo. Gonzales está en el centro de un escándalo creado por el despido de ocho fiscales federales que al menos en apariencia y según las quejas demócratas tuvo motivaciones políticas, en especial porque aparentemente sirvieron para sancionar actuaciones insatisfactoriamente partisanas y recompensar a leales. En alguna medida, el tema no sería problema si el Congreso fuera republicano, toda vez que el gobierno Bush alega -con razón- que los fiscales federales son nombrados por y sirven a discreción del presidente, y que otros mandatarios relevaron a la totalidad de los fiscales sin problema, como Bill Clinton. Pero la controversia sobre los despidos comenzó justo cuando los demócratas asumían la mayoría legislativa y los republicanos mismos se sentían engañados por el Departamento de Justicia. Bush es además el propicio "chivo expiatorio" para explicar las pérdidas políticas sufridas por los republicanos en las elecciones de 2006. La impopularidad de su gobierno y la guerra en Irak son ciertas, como también lo fueron sin embargo los abusos de poder y corruptela en la mayoría republicana. Y si bien es cierto que los legisladores republicanos ya no pueden ser considerados como aliados ciegos del presidente Bush, también lo es que hay temas donde están todavía de acuerdo con él, como la guerra en Irak, y donde de hecho tienen la posibilidad de frenar a los demócratas -como lo hicieron la semana pasada en el Senado. Y ahí está el problema para los demócratas, que no tienen mayorías de suficiente peso como para imponer las propuestas que ayudaron a su victoria legislativa, especialmente en lo que se refiere al retiro de tropas de Irak. De hecho, los votos de la semana pasada en el Congreso sobre mociones para el retiro de tropas mostraron que los demócratas no tienen los votos suficientes para que el senado la apruebe y que los más activos opositores a la guerra en la Cámara Baja pueden ser en su militancia tan negativos como los ciegos partidarios del conflicto. La lucha política que ese panorama anuncia es difícil, con la complicación adicional de una campaña política en la que republicanos y demócratas sostendrán de hecho el equivalente a guerras civiles políticas internas mientras tratan de determinar al mismo tiempo el curso de su país.
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