El 19 de julio de 2006 iniciamos así el Itinerario Político de ese miércoles. “Apaciguados los ánimos, fuera del reflector y recuperada la serenidad, algunos de los hombres que estuvieron cerca de Andrés Manuel López Obrador —y que seguirán estando cerca por lo menos hasta la declaratoria de presidente electo—, han iniciado el recuento de los daños que arrojó contra su causa la elección del pasado 2 de julio”.

“La verdad es que perdimos”, dicen sin más. Y enumeran una larga lista de causales que debilitaron en los dos o tres últimos meses de la contienda, a la que era “una candidatura ganadora”. En primer lugar aparece un asombroso exceso de confianza ‘perfectamente explicable’, porque el motor y el centro de la campaña era Andrés Manuel López Obrador... porque todos querían estar cerca, ganarse su confianza, ser vistos, congraciarse con sus decisiones, porque todos creyeron que el 2 de julio sería sólo un trámite... porque la campaña de la llamada ‘izquierda mexicana’ se convirtió en una réplica del culto a la personalidad que tanto criticó la izquierda de antaño... porque mientras se guerreaba en los primeros círculos por las posiciones, se dejó en el olvido la organización de los grupos de abajo... de los potenciales electores a los que sólo se alentó con palabras...”. Hasta aquí la cita.

Ese “recuento de daños” fue posible luego de una larga, muy larga charla con dos políticos profesionales del PRD, muy cercanos a la candidatura presidencial de López Obrador, quienes aceptaron ofrecer su versión de lo que provocó la derrota de su candidato ese 2 de julio —la confesión de que “la verdad es que perdimos”—, a cambio de mantener su identidad en el anonimato. Y le dimos crédito a la versión, porque la confirmaron otras fuentes consultadas. El anonimato se mantuvo entonces y se mantiene hoy.

Y viene a cuento el tema, porque a partir de la aparición del libro de Carlos Tello 2 de julio, se inició un saludable debate sobre la conveniencia ética y profesional de mantener o no el secreto profesional de los periodistas, de revelar o no las fuentes de información de los periodistas, de identificar o no a los informantes.

Y tienen razón quienes proponen y reclaman —como José Woldenberg y muchos otros— que por razones éticas, profesionales, de credibilidad y confianza en el oficio periodístico y, sobre todo, por respeto a los lectores o receptores de la información, los periodistas se deben obligar a revelar en todos los casos sus fuentes informativas. En efecto, en el terreno de la teoría, la práctica y la ética periodísticas, sin duda que esa debía ser la regla.

Pero el problema se presenta cuando el ejercicio periodístico, la teoría, práctica y ética periodísticas, se enfrentan a la práctica política y de ejercicio del poder —en la mayoría de los casos—, carentes de ética y responsabilidad frente a los ciudadanos y los gobernados. Es decir, entre políticos de todos los signos, servidores públicos, líderes sociales, empresarios y hasta ministros de culto, predomina la cultura del engaño, de las medias verdades, de la mentira y/o el ocultamiento de la verdad cuando se trata de declaraciones públicas, de cara a la sociedad. Los hombres del poder, en todas sus vertientes, suelen decir una cosa cuando su identidad está de por medio y acostumbran acercarse a la verdad cuando se omite esa identidad.

Aquí se debe recordar que la esencia de la actividad periodística la dicta la difusión de la información —a través de los géneros periodísticos—, y que ese fin último debe superar las turbulencias de una complicada relación entre el informante, el informador y la opinión pública; turbulencias entre las que se encuentran la corrupción, la manipulación y el engaño. En otras palabras, el periodista está obligado a llevar la información desde el lugar en el que se produce, hasta el receptor último —el ciudadano—, con la mayor fidelidad posible, a salvo de tales interferencias. En efecto, en teoría, la excepción debía ser que la información llegue al receptor sin imperfecciones, como la carencia de fuente.

Pero la realidad de la práctica periodística es muy distinta. En la mayoría de los casos, la información no llegaría al ciudadano, aun con imperfecciones como la carencia de fuentes, sin que el periodista, el editor, el dueño de un medio acepte concesiones como la reserva de la fuente. Más aún, un buen número de los grandes golpes periodísticos, en México y en el mundo, son resultado de esa práctica. ¿Puede resultar cuestionable en su ética? ¿Se puede prestar a manipulación y engaño? No hay duda.

Pero precisamente ahí es donde debe aparecer la ética. Si un periodista empeña su palabra de no revelar una fuente a cambio de información, no sólo debe cumplir la palabra empeñada con su informante —un principio ético—, sino que está obligado a indagar, contrastar y comprobar esa información con otras fuentes —preguntar y repreguntar lo más posible—, para aproximarse a la verdad que ofrecerá a los ciudadanos, lo cual es la otra responsabilidad ética. El problema no está en revelar o no las fuentes, sino en el manejo ético o tramposo de la información por parte de los periodistas.

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