La anunciada reprivatización de carreteras y autopistas anunciada por el presidente Felipe Calderón la semana pasada, con lo que su gobierno regresará a particulares lo que ya tuvieron en sus manos y quebraron, obligando a que la administración priísta de Ernesto Zedillo acudiera en su rescate -igual que lo hiciera con banqueros, empresarios e industriales con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el polémico y repudiado Fobaproa al que endosaron sus multimillonarios adeudos a varias generaciones de mexicanos-, ha originado una severa crítica en diversos sectores por esa medida que beneficiará de nuevo a una minoría privilegiada de este país.

Para que explique las razones que llevaron al Ejecutivo federal a asumir esa decisión por la que presuntamente obtendrá 275 mil millones de pesos al concesionarlas por 30 años con el propósito de saldar una deuda cuyo monto es del orden de 178 mil 300 millones de pesos, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que preside el priísta Emilio Gamboa, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, acordó citar al titular de esa dependencia, Luis Téllez Kuenzler, quien de paso tendrá que explicar el destino de los 800 millones de dólares que se invirtieron en las obras de ampliación y remodelación del aeropuerto internacional de la ciudad de México.

El hoy legislador y ex titular de la SCT dijo que le solicitarán al funcionario información precisa sobre los lineamientos básicos bajo los que funcionará este nuevo rescate carretero que permitirá la participación de la iniciativa privada en la construcción de infraestructura carretera mediante concesiones, incluidas algunas de las empresas a las que gobiernos priístas pasados entregaron de la misma forma y que incumplieron sus compromisos.

Esa nueva concesión de carreteras, que después de recibir en quiebra tuvieron que ser saneadas con recursos públicos, ha provocado suspicacias fuera, pero también dentro, del Congreso de la Unión, en donde diputados y senadores de la oposición coinciden en exigir las explicaciones sobre esa decisión del gobierno del presidente Calderón que, en opinión de Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del PRD, parece "pago de favores" a empresarios que apoyaron su campaña electoral. No dudó en calificar de "sinvergüenzada" regresarle las carreteras a las que primero ganaron dinero con las concesiones y después de que quebraron financieramente, se las devolvieron al gobierno federal que ahora se las vuelve a concesionar.

También el priísta Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Cámara de Senadores, advirtió que "la venta de carreteras" no debe servir para el pago de facturas políticas a quienes aportaron a la campaña del hoy Presidente, por lo que anticipó que su partido estará atento a esa acción.

De esto y de aquello...

C on el voto de los ocho grupos parlamen tarios, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó crear tres comisiones especiales plurales investigadoras, a cual más de importantes por lo que habrán de descubrir. Una, que continuará las investigaciones sobre la empresa Construcciones Prácticas, S. A. de C. V., en la que los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún están involucrados por presunto tráfico de influencias. Otra, que ahondará la averiguación sobre la forma en que operaba la Integradora de Servicios Operativos, S. A, ISOSA, creada por el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, con el Sistema Automatizado Aduanero, en la que de acuerdo a informaciones publicadas existe un multimillonario y escandaloso caso de corrupción. Y una más, que abordará lo relativo a los daños ecológicos que causan las instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades del país. En San Lázaro se anticipó que en la presidencia de la comisión que indagará a los hijos de la ex "primera dama", Marta Sahagún, estará un diputado del Frente Amplio Progresista. Este, conformado por diputados del PRD, PT y Convergencia, que fue el que, junto con el grupo parlamentario del PRI, impulsó la continuación de la investigación iniciada en la anterior Legislatura. También se supo que a través de los coordinadores parlamentarios del PAN en las Cámaras de Diputados, Héctor Larios, y en la de Senadores, Santiago Creel, el ex presidente Fox intentó impedir que se continuaran las investigaciones sobre sus hijastros. Los miembros de la comisión para el caso ISOSA revisarán el presunto desvío de recursos a ese fideicomiso y las supuestas irregularidades de las finanzas en el pago del derecho del trámite aduanero. En ese caso volverá a surgir el nombre del ex titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz, el recién designado presidente de Telefónica Móviles México de la que antes de arribar a ese cargo, siendo subsecretario de esa dependencia, creó ese organismo en el que, según lo que se ha publicado, hubo pillería y media. Por cierto que mientras otros ex funcionarios de alto y medio nivel del gobierno foxista no se atreven a aceptar un cargo hasta cumplir un año de haber concluido su anterior gestión, en cumplimiento a lo que establece la Ley Federal de Responsabilidades para los Funcionarios Públicos, Gil Díaz ya tiene hasta dos. Carlos Hurtado, el ex subsecretario de Ingresos de Hacienda, propuesto por el presidente Calderón para ser vicegobernador del Banco de México, siguió sin tener la anuencia del PRI y del PRD en el Senado, por lo que se duda que pueda ocupar ese cargo. Felipe Chao Ebergenyi deja la dirección de Comunicación Social del Instituto Federal de Acceso a la Información para asumir la vicepresidencia de Relaciones Institucionales de MVS-Multivisión, que preside Joaquín Vargas Guajardo. De hecho es el regreso de Chao Ebergenyi a esa empresa en la que laboró hace años, luego de cumplir su tarea como primer responsable de comunicación del IFAI, organismo que fue creado el sexenio pasado para transparentar la información gubernamental aunque no toda por la reticencia que sigue habiendo para proporcionarla.