Los asesores de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, no definen el monto de la indemnización que deberán entregar a las cinco empresas afectadas por la rescisión de contrato de Enciclomedia para secundarias. Este es un tema que, más pronto de lo que usted imagina, estará en la sesión plenaria del Senado, empujado por legisladores del PRD.

El problema fuerte es que las compañías habían comprado 45 mil pizarrones electrónicos para tal proyecto. Las empresas involucradas en esta situación —Ted, Interconecta, Alef Soluciones, Mainbit y Theos— exigen, además del pago de ese equipo, que se les reponga lo que gastaron en la adquisición de vehículos a terceras empresas. Las unidades fueron utilizadas para la transportación del sistema de computación que se iba a instalar en las secundarias. ¿Y la Secretaría de la Función Pública? Bien calladita.

Algunos legisladores no entienden ni la parte conceptual sobre qué quiere decir conflicto de intereses. Le contamos que el ex gobernador de Aguascalientes y senador panista Felipe González se ha convertido en el principal opositor de la iniciativa de la bancada de su propio partido para acabar con este problema en el Poder Legislativo, poner un límite entre la actividad legislativa y la profesional.

La duda es sobre los límites del desempeño de senadores y diputados. Hasta ahora se avanza en el sentido de prohibirles toda acción que vaya contra los intereses del Estado, para que no se repitan episodios de la 59 Legislatura. Usted recuerda a uno de sus principales protagonistas, el señor abogado Diego Fernández de Cevallos, que ganó algunos litigios millonarios para sus clientes a costa del erario público.

Por el movimiento que tienen las aguas en el Senado, hay legisladores que dan por un hecho que ni Carlos Hurtado López ni Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo podrán atravesar el río. El primero no es aceptado para integrarse a la Junta de Gobierno del Banco de México y el segundo para ser ratificado por cuatro años más como vocal en el IPAB. El Ejecutivo tendrá que mandar nuevas designaciones a Xicoténcatl.

Usted sabe que Carlos arremetió contra los diputados, muchos de los cuales ahora son senadores, por interponer una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos, y don Héctor tuvo complicaciones para llegar la primera vez al IPAB, por un supuesto conflicto de intereses relacionado con el Fobaproa.

El Congreso de la Unión recién aprobó una reforma al Código Penal para endurecer las penas contra la explotación sexual de menores. “Teníamos que hacer algo. Nuestro país es el principal proveedor de pornografía infantil en el mundo”, exclamó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el priísta Manlio Fabio Beltrones.

No muy lejos de la zona del Senado y donde la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal realizó un megaoperativo contra las bandas delictivas que operan en Tepito, se anuncian y ofrecen películas de pornografía infantil.

El gancho son letreros con imágenes de niñas desnudas y decenas de videos con portadillas hechas a mano, con plumón, que indican contenidos sexuales con menores de 10 años y estudiantes de secundarias de las colonias Guerrero y Pantitlán. Por supuesto que los comerciantes se sacuden la aplicación de la ley, pues en realidad las cintas de 25 pesos contienen películas infantiles o videos musicales. De todas formas, ninguna autoridad hace nada.