Mexicanos en Hollywood, espectáculo de final futbolera

Un insulto, el dinero público a los partidos políticos en 2007

N o es la euforia futbolera. Tampoco la polarización política. No, se trata de un fenómeno social relativamente nuevo; el del clamor por los éxitos alcanzados por un puñado de mexicanos, cineastas todos ellos, que hoy serán vistos desde la hollywoodense premiación de los Oscar, con un reinventado fervor nacional, que lo mismo ha provocado una feroz guerra entre las televisoras, Televisa y Azteca, que desatado una fiebre emparentada con una final de futbol, que promovido un oportunista homenaje del Senado de la República.

Fervor patrio, exaltado por los aciertos cinematográficos de Alfonso Cuarón (Niños del hombre), Alejandro González Iñárritu (Babel), y Guillermo del Toro (El laberinto del fauno) -todas ellas nominadas a distintas categorías del Óscar-, que no sólo emociona a los cinéfilos mexicanos, sino que se convirtió en un momento propicio para echar a caminar la siempre rentable industria del patriotismo ramplón. Y para fortuna de todos ya no se hospeda en Los Pinos el señor Vicente Fox, de lo contrario sería el primero en promover el espectáculo de la premiación y en colgarse de esos mexicanos de éxito.

Pero en realidad ni falta que hace que el señor Fox esté en la casa presidencial. El duopolio de la televisión privada mexicana se ha encargado de hacer suya la renta económica -a través del imperio del rating-, para convertir en guerra del espectáculo la posibilidad de que uno o más mexicanos reciban la codiciada estatuilla. Los derechos de trasmisión del Oscar en televisión abierta pertenecen a Azteca, que preparó un espacial para la ocasión. Pero como Televisa no se podía quedar atrás, en el mismo horario, en competencia con los cineastas mexicanos, ofrecerá al "respetable" el capítulo final de La fea más bella, en otro maratón de tres horas del culebrón televisivo. Talento y habilidad de los mexicanos que hacen cine en el extranjero, reducido a una vulgar pelea doméstica por su majestad, el rating.

Homenaje que insulta

Pero el fenómeno no se queda en eso. En casi todos los informativos -prensa, radio y televisión-, se calculan posibilidades para los mexicanos, se exaltan sus trayectorias, su obra y se compara con la de sus competidores; se consultan los "momios" de casas especializadas de apuestas y no faltan aquellos atrapados por el delirio nacionalista que sin más aventuran: "Es como si México hubiera llegado a la final de futbol, al juego final". Talento y habilidad de esos mexicanos que apostaron por el cine, con financiamiento y promoción extranjeros, reducido al masivo espectáculo de las patadas. La tarde de hoy veremos frente a las pantallas, en tertulias "cheleras", el clásico: "¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡México, México!".

Los menos -de entre los así llamados "críticos de cine"-, intentan desmitificar la rabona concepción de "éxito" que se les quiere colgar a ese puñado de talentosos cineastas, para colocar el fenómeno -con seriedad y autocrítica alejada del rentable nacionalismo-, como lo que en realidad parece; un triunfo personal, pero un fracaso del Estado mexicano. Sin duda se reconoce el talento mexicano en el llamado "séptimo arte", en los otrora inalcanzables círculos internacionales del cine y en la "Meca" de esa industria. Pero al mismo tiempo, esos logros simbolizan el fracaso de las políticas públicas destinadas a la cultura, a la promoción del cine en, de y para mexicanos.

Por eso resulta de risa, si no es que hasta una ofensa para la cultura en general y para quienes en México intentan hacer cine, que una institución del Estado como el Senado de la República proponga, y apruebe por unanimidad, un homenaje a los cineastas nominados al Oscar. ¿Por qué ese pretendido homenaje parece, más que un reconocimiento, una parodia? Porque ese órgano del Poder Legislativo, junto con su contraparte, la Cámara de Diputados, son responsables de legislar en materia de cultura, de asignar el presupuesto para desarrollar con éxito industrias como la del cine y de promover políticas públicas que estimulen que los creadores de éxito, como los nominados, desarrollen aquí sus capacidades.

El mejor homenaje para esos creadores -más que el ridículo y oportunista aplauso de los senadores de todos los partidos, más que la siempre interesada guerra mediática, más el exaltado fervor patriotero por el éxito de mexicanos en el extranjero-, sería que los poderes Ejecutivo y Legislativo; el Presidente y los diputados y senadores, sorprendieran a todos con una política cultural de Estado que realmente estimule y financie a los creadores mexicanos que, como los nominados, debieron buscar allende las fronteras oportunidades y financiamiento para desplegar talento y habilidades.

Sin duda que se trata de mexicanos de éxito pero, en todo caso, su mayor acierto fue entender que en México no habrían logrado ese éxito. Y claro, hoy, muchos en México pretenden una migaja de ese éxito. ¿Por qué hace unos cuantos años, ni televisoras, ni gobierno, ni Congreso abrieron espacios a Cuarón, Inárritu y Del Toro? Por eso, porque a nadie le importa la cultura, el cine, una política de Estado para impulsar esa industria y esa disciplina artística. Las de Cuarón, Iñárritu y Del Toro, son historias personales de éxito, no acreditables a ningún nacionalismo trasnochado y convenenciero.

Dinero que ofende

Y mientras que hoy muchos estarán atentos a la porción de éxito que nos regalarán los cineastas mexicanos, para las grandes mayorías pasó casi de noche que hace unas cuantas horas se hizo público -y oficial-, una de las mayores ofensas a la sociedad mexicana toda, y a los millones de mexicanos pobres, en particular. En apego a sus facultades y obligaciones, el IFE dio a conocer que en 2007, año en el que no habrá elecciones federales, los partidos políticos con registro recibirán la nada despreciable suma de 2 mil 669 millones de pesos de dinero público, para financiar sus actividades partidistas. ¿Alguien se imagina esa cantidad?

En números cerrados, la distribución del dinero público a esas poderosas empresas privadas, en que se han convertido los partidos políticos -muy lejos de las instituciones de interés público que define la Constitución-, es la siguiente. El PAN, partido en el poder, obtiene 29% del reparto, con 742.5 millones de pesos; el PRI alcanza 19% del total, con 518.6 millones de pesos; el PRD logra 17%, 446.7 millones de pesos; los membretes políticos conocidos como PT y PVEM -dos groseras empresas familiares que viven de manera impune del dinero público gracias a la partidocracia-, alcanzan, respectivamente, 8% del dinero repartido legalmente, con cantidades equivalentes a 211 y 223 millones de pesos, respectivamente. Con el 7% de ese total, se quedan Convergencia y Alternativa Socialdemócrata, de la misma manera, partidos empresa, con 200 y 187 millones de pesos cada uno. Y por último, el Partido Nueva Alianza, de la profesora Elba Esther Gordillo, alcanza 140 millones de pesos.

Pero el asunto se vuelve aún más ofensivo para una democracia electoral como la mexicana, cuando se concluye que, en casi todos los casos, al dinero público que dispusieron los partidos políticos en 2006, año del proceso electoral, se debe sumar no sólo de manera aritmética lo que recibieron en 2007, sino el forma retroactiva. Es decir, de manera deliberada, los partidos se endeudaron el año pasado a tal grado, que tienen ya comprometido el dinero que recibieron en este 2007 y una buena parte del que recibirán en 2008. Por ejemplo, en 2006, el PRD alcanzó una deuda de casi 800 millones de pesos, además de lo que gastó con el dinero que recibió en 2006.

¿Qué quiere decir eso? Sí, que en la elección del año pasado comprometió las prerrogativas de 2007 y 2008. Vale recordar que a la señora Rosario Robles la echaron del PRD por una intriga política que involucraba mucho menos que esa cantidad. ¿Quién es responsable de ese gasto descomunal de dinero? Nadie quiere decir nada en el PRD, por lo menos hasta el momento, pero no pasará mucho para que se sepa. Y el resto de partidos están por las mismas.

De las anteriores interrogantes se desprenden dos realidades que, a manera de reclamos colectivos, se han expresado en todos los tonos. Uno, que los partidos políticos se han convertido no sólo en empresas privadas que viven del dinero público, que no rinden cuentas de manera suficiente y clara, y que el dinero público ha pervertido la democracia electoral, al grado de convertir a los partidos en insaciables consumidores del dinero público. Al mismo tiempo ese fenómeno se ha convertido en la más injusta transferencia del dinero de todos, el dinero público, a los centros reales de poder, que son las televisoras. Una buena parte del dinero que la sociedad le entregó a los partidos en 2006, y del dinero que entregará a esos partidos en 2007 y 2008, irá a parar a las arcas de las televisoras.

Y dos, que la democracia electoral, con todas sus imperfecciones, es la más cara del mundo. ¿Quién será capaz de revertir esa situación? Les corresponde, a través de sus grupos parlamentarios, a los partidos políticos, que debieran hacer las reformas necesarias para terminar con ese grosero exceso. Pero al parecer no les interesa hacer ese tipo de cambios, ya que en la realidad se han convertido en juez y parte. En el fondo, el financiamiento público a los partidos es el cemento con el que se construyó la injusta e ineficiente partidocracia. ¿Estarán dispuestos los partidos, beneficiarios directos de esa injusticia, a cambiar ese esquema y a reducir el costo de los procesos electorales? Todos dicen, de manera pública, que están de acuerdo, pero también todos saben que si se cierra la llave del dinero público, se acaba uno de los estímulos fundamentales de ese negocio de unos cuantos, en que se ha convertido la democracia electoral.

Pero existe otra resultante no menos importante. Los poderosos grupos televisivos y de radio, como ya se dijo, son los grandes beneficiarios de los procesos electorales, ya que una buena porción de ese dinero va a parar a sus arcas. ¿Estarán dispuestos los monopolios de la televisión y la radio a renunciar a ese jugoso negocio? Está claro que no. ¿Y entonces quién será capaz de cambiar esa situación? No existe otra salida que el empuje social.

El dinero público pervirtió los procesos electorales y a los partidos políticos, los que, a su vez, han convertido en una insultante pasarela mediática las elecciones, en donde lo importante, más que las ideas, las propuestas y los programas partidistas, es la popularidad. Y para ser popular se requiere dinero público, en mayor medida, y privado, en menor monto. De esa manera, en tanto no se rompa el círculo vicioso del excesivo financiamiento público a los partidos, mientras que no se cambien las reglas para el esclarecimiento y transparencia en el manejo de ese dinero, y en tanto no se regularice el uso de los medios en los procesos electorales -hasta dejar fuera la participación de la televisión en esos procesos-, la democracia electoral será una pesada carga para el dinero público, para los ciudadanos, y una fuente de corrupción, ineficacia y perversión de los partidos.

Censura inaceptable

Y no podemos pasar por alto una noticia que el pasado jueves impactó de manera notable a todos los medios de comunicación en el mundo. Nos referimos a una más de las muchas expresiones de autoritarismo e intolerancia de la dictadura que mantiene el poder en Cuba. Resulta que un puñado de corresponsales de medios extranjeros, acreditados en la isla, fueron impedidos de realizar su trabajo informativo porque al gobierno que encabeza Raúl Castro, hermano del dictador Fidel Castro -quien convalece de una enfermedad que parece irreversible-, le molesta lo que dicen esos periodistas en el exterior sobre la realidad cubana.

Entre los corresponsales a los que se les retiró el permiso par el ejercicio periodístico, se encuentra el corresponsal de EL UNIVERSAL, César González-Calero, cuya información, según el gobierno de Castro, "no es la que más le conviene al gobierno cubano". En el fondo se trata de una expulsión técnica, ya que si bien no se le impide al periodista permanecer en la isla, sí se le prohíbe ejercer su profesión y mandar información a los medios con los que se había contratado.

Por más explicación que pretenda el gobierno cubano, asistimos a un ataque a la libertad de expresión, condenable por donde se le quiera ver y que, en el fondo, muestra que el proceso de transición en Cuba está en marcha. ¿Qué es lo primero que hace toda dictadura, sea para alcanzar el poder, sea para fortalecerlo o para realizar alguna transformación en sus estructuras? Lo primero es cerrar la llave de la información al mundo. En el fondo asistimos a los primeros pasos de un evento irreversible en Cuba, que de manera inevitable llevará al proceso de transición que ya está en marcha. El gobierno cubano no quiere testigos incómodos, sen latinoamericanos, europeos o estadounidenses.

aleman2@prodigy.net.mx