A unas horas de regresar al ojo del huracán, paros, movilizaciones y denuncias al calce, en la furia por la trágica explosión de hace un año en la mina Pasta de Conchos, el grupo Industrial Minera México enfrenta otro jaque, éste de proporciones internacionales

Los accionistas minoritarios de Asarco Mexicana —filial de Industrial Minera Mexicana— en Estados Unidos, demandada por provocar daños ambientales, la acusan de fraude en el traspaso de 54.2% del capital de ésta de su matriz Southern Perú Copper a otra subsidiaria de la firma encabezada por Germán Larrea.

La querella se presentó los primeros días de febrero en un tribunal de quiebras de Corpus Christi, Texas. En la transacción, según ello, se subvaluaron los activos de la firma acogida al capítulo XI de la Ley de Quiebras del país vecino, por 500 millones de dólares.

Más aún, a contrapelo de las facilidades que ofrecen las leyes de allende el Bravo a las firmas acusadas de provocar desastres ecológicos para vender los activos de la discordia, el grupo Industrial Minera México no hizo esfuerzo alguno por ubicar compradores.

De acuerdo con el diario especializado The Wal Street Journal, la compañía no se tomó la molestia de contratar a un banco de inversión ni de buscar compradores externos.

Lo peor del caso es que el traspaso de las unidades más rentables de Asarco llegó justo al inicio de un boom en el precio internacional del cobre, lo que bajó de la coyuntura a la firma que enfrenta demandas multimillonarias por daños ambientales y uso de asbesto. La operación se realizó hace cuatro años.

De acuerdo con la publicación, aparentemente la que califica de “inusual” querella se planteó bajo la directriz de los dos integrantes del Consejo de Administración de Asarco Mexicana de nacionalidad estadounidense, dejando de lado al que representa los intereses del grupo Industrial Minera México.

Estamos hablando, ¡sorpresa!, del ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán.

La posibilidad de plantear querellas sin consenso está prevista en las leyes de bancarrota de Estados Unidos.

Lo cierto es que el pleito llegó a las cortes tras una serie de negociaciones infructuosas para que la firma mexicana anulara la operación, lo que le habría devuelto a Asarco una cantidad importante de dividendos por sus propiedades en Perú.

Alguno de los acreedores de la compañía habían interpuesto desde hace cuatro años querellas similares, que aparentemente podrían integrarse en un solo expediente.

Ahora que la reacción tardía de los querellantes se explica por el crecimiento inusitado en los precios del cobre durante los dos últimos años, a cuya vera el precio de capitalización de la totalidad de Asarco Mexicana alcanza 18 mil 520 millones de dólares. La parte que escindió el grupo Industrial Minera México, bajo ese prisma, se cotizaría en 10 mil millones.

Más aún, se estima que la compañía con sede en Estados Unidos habría obtenido el año pasado ingresos antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización por un monto de entre 400 y 450 millones de dólares, es decir, la cifra más alta en décadas.

Ahora que mientras se dirime el pleito, Asarco enfrenta decenas de querellas por parte de los gobiernos locales en una franja que se extiende desde Arizona hasta Montana, con la novedad de que el gobierno federal reclama un fondo de mil 300 millones de dólares para realizar tareas de limpieza ambiental.

Lo curioso del caso es que tras la polémica operación de traspaso de acciones que se interpretó como una maniobra para eludir responsabilidades, el grupo Industrial Minera México había cedido a regañadientes a la presión de grupos ambientalistas, para constituir un fondo de 100 millones de dólares que cubriría daños durante dos años. Los recursos, naturalmente, resultaron insuficientes.

Por lo pronto, en la certeza de que sus problemas con la justicia que lo mantienen escondido en la ciudad de Vancouver, Canadá, provienen de la presión que el grupo Industrial Minera México ejerció en la Secretaría del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia y mineros que lo acompañan lanzarán su resto para poner de espaldas a la pared a la firma, a un año de la muerte de 65 mineros en la trágica mina de carbón de Coahuila.

La movilización, naturalmente, apuntará a la exigencia de un castigo frente a la negligencia de la firma, que dos años después de colocadas en la mesa una serie de observaciones en materia de higiene y seguridad, no había movido un dedo para subsanarlas.

Y por si le faltara fragor al fuego cruzado, la firma de Germán Larrea no ha logrado aún obtener un amparo del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa frente a la resolución de la Comisión Federal de Competencia en rechazo a la fusión de sus filiales de carga ferroviaria, Ferromex y Ferrosur.

Jaque al rey… del cobre.

Balance general

Aunque la cautela de la Comisión Federal de Competencia (CFC) la obligó a no dar nombres, la indagación abierta por supuestas prácticas monopólicas relativas en el servicio de traslado de valores en el país apunta al Servicio Panamericano de Protección.

El meollo del asunto es colocar a sus dueños, es decir los 13 bancos comerciales y de desarrollo más importantes del país, de espaldas a la pared para obligarlos a vender.

Estamos hablando, pues, de la gota que derramaría el vaso tras los conflictos con el accionista principal de la empresa, la estadounidense Brink’s propiedad de Ian Muir; los reclamos legales por la mayoría de capital extranjero a contrapelo de la ley, y los adeudos fiscales que se arrastran.

La investigación de la CFC habla de actos, contratos, convenios, procedimientos o combinaciones cuyo objetivo sea desplazar indebidamente a otros agentes del mercado o impedirles sustancialmente su acceso.

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El eje del embrollo en que se ubica el pleito frontal entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones apunta a la negligencia del gobierno foxista por detener a tiempo el alud.

Dicho con todas las letras, si al Ejecutivo no le gustó que el Senado tuviera facultades para vetar los nombramientos de los comisionados de la Cofetel, tras otorgarle autonomía jurídica, debió objetar las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión que abrían la puerta.

El problema, lo adivinó usted, es que pesaba más la “revancha” del 2 de julio contra Andrés Manuel López Obrador, y no era oportuno enemistarse con las televisoras que cabildearon el nuevo escenario jurídico.

Más aún, hete aquí que el Presidente de la República consintió el acto al reponer con nuevas propuestas a los tres que había nombrado como comisionados y que objetó el Senado. Peor aún, tampoco recurrió a la posibilidad de una Controversia Constitucional en su momento.

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De acuerdo con el cálculo de los analistas, de aceptarse la exigencia de portabilidad de los números telefónicos, es decir que los usuarios mantengan éstos sea cual sea la empresa que les ofrezca el servicio, Teléfonos de México perdería hasta 30% de su clientela actual.

De hecho, implantada la modalidad en otros países, las empresas hegemónicas han reducido su plantilla entre 20% y 30%.

De afinarse los últimos detalles, el esquema operaría a partir de junio de este año, con la novedad de que será Telmex el primero en la lista, en tanto el resto de las empresas llegarán hasta noviembre.

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