El nuevo gobierno tiene claro que no puede cometer los mismos errores que su antecesor, el señor Vicente Fox

U na vez que el propio presidente Felipe Calderón puso en la mesa de las discusiones la renovación de la Constitución, la pregunta que se impone no es menor. ¿Quiénes serán los aliados del nuevo gobierno en esa colosal empresa? O mejor aún; ¿Será posible establecer alianza alguna? ¿Serán capaces los dos grandes partidos políticos opositores, PRD y PRI, de la grandeza necesaria para alcanzar los acuerdos y llegar a las reformas?

Por lo pronto, todo indica que el nuevo gobierno, el de Felipe Calderón, tiene claro que no puede cometer los mismos errores que su antecesor, el señor Vicente Fox, que en el discurso se comprometió a que el Ejecutivo propondría y el Legislativo dispondría. En esa lógica lo más fácil sería que el gobierno de Calderón enviara al Congreso tantas iniciativas de reforma como cambios constitucionales propone su administración. De esa manera metería al Congreso en una dinámica de discusión y análisis de dichas iniciativas, con el consiguiente riesgo del rechazo casi automático.

Pero a primera vista existe un cambio conceptual, de fondo, en el gobierno de Calderón. En los días previos a la celebración de los aniversarios 150 y 90 de las constituciones de 1857 y 1917, eran muchas las voces que aseguraban que el nuevo gobierno daría a conocer en esa fecha un importante paquete de reformas constitucionales. Sin embargo, lo que vimos no fue más que el primer llamado formal del presidente Calderón a la renovación constitucional. ¿Por qué un llamado y no una propuesta concreta?

Porque salvo en casos excepcionales, el gobierno de Calderón no recurrirá a su facultad de promotor de leyes, en tanto esas iniciativas no hayan sido acordadas y consensuadas con uno o mas aliados fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que primero se buscará al o los aliados estratégicos, luego se intentará el consenso sobre tal o cual reforma y, al final, se dejará en libertad a los mismos aliados para que presenten en el terreno natural, el del propio Congreso, las reformas para su aprobación. En términos estrictos, el Ejecutivo no aparecerá como operador político de las reformas.

Un cambio sustancial en la práctica, seguida por el gobierno foxista -a quien en el Congreso le reventaban las reformas porque llegaban sin los consensos mínimos-, y una ruta crítica que pretende aprovechar el rejuego propio de los partidos -en cuanto a la paternidad de las reformas y como instrumentos para equilibrar los pesos y contrapesos internos de los propios partidos-, que convertirán al Congreso en el gran actor de los cambios. En pocas palabras, que en tanto político y parlamentario experimentado, Calderón no pretende reclamar para sí o para su gobierno el mérito de las reformas, a cambio de que avancen los preceptos -eso sí-, que su gobierno establecerá como ruta de cambio.

Esa estrategia sacará del círculo del Poder Ejecutivo la dinámica de la renovación constitucional -con lo que se pretende romper la inercia de choques entre Ejecutivo y Legislativo-, a la vez que creará un círculo virtuoso de competencia entre los grupos parlamentarios. Frente a esa nueva dinámica, ¿qué grupo parlamentario, por más rencillas que existan, se quedará fuera de las reformas? Los cálculos teóricos señalan que ninguno.

Por lo pronto, un sector del PRI parece haber entendido el mensaje -o acaso debamos entender que se trata del promotor de la dinámica seguida por el gobierno federal-, y voces como la de Manlio Fabio Beltrones, el jefe de los senadores del PRI, se expresan con claridad en ese sentido. Resulta que el ex gobernador de Sonora y operador experimentado del PRI propuso, hace no muchos meses, una fórmula nada despreciable para la reforma del Estado, una variante de la renovación constitucional a la que convocó Calderón. Se trata de una fórmula ingeniosa para que todos los partidos en el Congreso se comprometan con una ley para la reforma del Estado.

¿Qué quiere decir eso? Que si todos los partidos deciden aprobar esa ley, se comprometerán a aprobar, en un tiempo determinado, las reformas que prácticamente todos quieren y en las que existe consenso. Y más allá de que el PRI elegirá el próximo 18 de febrero a su nuevo presidente nacional -cargo que seguramente recaerá en Beatriz Paredes-, está claro que en ese partido entienden que la lucha política fundamental se dará en el Congreso, y que el priísmo se alzará como el gran reformador. Por eso el mensaje de Manlio Fabio Beltrones, en la celebración del aniversario de la promulgación de la Constitución el pasado lunes, en donde propuso pasar de un gobierno dividido a un gobierno compartido.

¿Cómo será el gobierno compartido? No a través de puestos en el gabinete, y menos de amoríos públicos. El gobierno compartido que propone ese sector del PRI es a través del Congreso, de las reformas constitucionales. Es decir, que el PRI será el impulsor de los arreglos que requiere la casa donde gobierna el PAN. Ese es el gran aliado del gobierno de Calderón, y esa será la gran alianza. Falta preguntar si el PRD se quedará fuera de ese trabajo fundamental de renovación, que mañana puede ser la casa del PRI o, si no se duermen, del PRD. Al tiempo.

aleman2@prodigy.net.mx